Publicaron una carta para respaldar al docente que, según un grupo de alumnos, sufrió censura en su taller. Apuntaron contra la Decana
Polémica en la Facultad de Derecho. Imagen ilustrativa
Los docentes acusaron a través de una carta al lector publicada ayer en el diario La Gaceta que la decana Adela Seguí atentó contra el Convenio Colectivo de Trabajo y que sometió a violencia laboral al profesor Juan M. Rougés.
“Nuestro Convenio Colectivo de Trabajo prohíbe expresamente todo tipo de intervención a la libertad académica en el aula de clase y sin previo aviso al docente. Por lo tanto, el solo hecho de intervención ordenado por la Decana a la Secretaria Académica configura un hecho de violencia laboral y censura a la libertad académica del docente mencionado”, dice un pasaje de la misiva firmada por Daniel Moeremas, Felipe Mariano Rougés y Rodolfo Tercero Burgos.
Lo que pasó, las dos campanas
Según los alumnos que denunciaron la presunta censura, el miércoles 26 de abril, la Secretaria Académica interrumpió una clase del profesor Juan Manuel Rougés. Desde el punto de vista de los alumnos, se vulneró la libertad de cátedra "y hasta la libertad de expresión de nuestros compañeros".
"Fue ella misma quien dijo que las opiniones debemos dejarlas para el café y que corregiría ella los trabajos de los estudiantes sobre recortes periodísticos de La Gaceta y Contexto que trataban el tema de gastos sociales", denunciaron en la misiva firmada por Enzo Yuse Slavik, Rocío Moya, Nadie Rodríguez y Diego Della Torre.
Por su parte, Adela Seguí publicó un descargo con una carta a los lectores que fue publicada en La Gaceta. En su misiva, la decana de la Facultad de Derecho argumentó que se enteró que un estudiante de 19 años de Taller II había desistido de ir a clases porque el docente había entregado para trabajar material periodístico y textos de su autoría con nombres y apellidos de los presuntos responsables de delitos vinculados a los gastos sociales de la Legislatura provincial. Uno de los funcionarios en cuestión es familiar directo del estudiante, según Seguí.
En ese sentido, la misma decana reconoció que dio la orden de intervenir en el asunto. "Le pedí a la encargada del Taller, doctora Cristina Grunauer, que interviniera para evitar que un joven quedara sin cursar una materia por esta circunstancia y que buscaran una alternativa de cursado y que le dijera al jefe de Trabajos Prácticos, Juan M. Rougès, que yo quería tener una reunión con él para informarle personalmente lo que estaba ocurriendo, lo cual me parecía correcto. Pensé que le interesaría no causar un daño inmerecido a un estudiante y que colaboraría con ese propósito", expresó la letrada en un pasaje de la carta.
Además, acusó al docentede causar un daño personal al joven. "Ha salido a aportar nombres y a dañar intencionalmente a un estudiante sin considerar sus deberes ni el rol que ocupa. La denuncia de Rougès, así como el descargo que se pedirá a la encargada de la cátedra, que en ese carácter participó de la clase, será analizada en su oportunidad por el Consejo Directivo de la Facultad", advirtió la decana.
El hijo del profesor Rougés también escribió un descargo en relación con el tema, que fue publicado en las redes sociales. Ahora, es un grupo de tres docentes el que cargó contra seguí.
A continuación, el descargo completo:
"Los profesores y docentes firmantes repudiamos la violencia laboral sufrida por el docente Juan M. Rougés en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por parte de la funcionaria que intervino en el claustro universitario por indicación de la señora decana (tal como lo reconoció expresamente), configurando una violación expresa de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo vigente (arts. 22, 23, y 30 inc.a), de nuestro Estatuto y del principio de libertad de cátedra. En efecto, nuestro Convenio Colectivo de Trabajo prohíbe expresamente todo tipo de intervención a la libertad académica en el aula de clase y sin previo aviso al docente. Por lo tanto, el solo hecho de intervención ordenado por la Decana a la Secretaria Académica configura un hecho de violencia laboral y censura a la libertad académica del docente mencionado. El Taller II estaba siendo dictado por un docente regular por concurso, es decir la idoneidad del docente está garantizada por el concurso público de antecedentes; y fue intervenido sin previo aviso en el aula por la encargada de Cátedra, quien ostenta el cargo en forma interina. Es por ello que además del cese de este tipo de conductas de censura (de la cual ya hay un antecedente), reconocida expresamente también por la señora decana, requerimos a las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que el cargo de Titular del Taller II, al igual que las demás designaciones efectuadas por la actual gestión, sean cubiertas por concurso público de oposición conforme lo ordena nuestro Estatuto Universitario (art. 61, inc. 8); como también todos los nuevos cargos vacantes y el de la comisión de reforma política mencionada por la decana, que hasta el momento, dicho sea de paso, no emitió dictamen alguno, ni sobre los gastos sociales de la Legislatura ni sobre la reforma política. Sobre la carta (“Denuncia en Derecho”, 2/4) de la decana de la Facultad, la misma no resulta verídica y es además inconsistente. En efecto, habla de supuesta “censura” y después dice: “Le pedí a la encargada que interviniera”; es decir censuró. 2. Dice que practican el pluralismo, y sin embargo, en este caso una vez más no lo hicieron. Aprueba que se critique al Gobierno por medio de la prensa. Censura en cambio que esa crítica sea realizada por un profesor designado por concurso en un claustro universitario, que no es afín a la gestión. 3. Afirma que ha participado incluso en eventos en los cuales se ha criticado el manejo de los fondos sociales, pero al mismo tiempo sostiene que por el principio de prevención se decidió intervenir en la cátedra. O sea que estaría ajustado a derecho que ante una cantidad importante de público se critique en la facultad al pariente directo de la alumna involucrada e incluso que la señora decana participe del evento. Sería contrario en cambio, al principio de prevención, que se entreguen artículos periodísticos que critiquen el manejo de los fondos sociales a un grupo de alumnos, porque ello ya podría producir un daño, el cual de paso no se menciona, ya que el que se hace referencia (honor) no sería propio del alumno sino de su pariente. No existe proporcionalidad entre el método usado para prevenir y el daño que se pretendía evitar. Si para evitar un daño no se debe hablar sobre el tema ni indicar nombres, habría que prohibirse la lectura de diarios en la facultad y la organización de eventos dedicados al tema, pues si se prohíbe lo menos (hablar en el taller sobre la cuestión, con nombres) debería hacerse lo propio con lo más (debate ante una importante cantidad de público incluso ajeno a la facultad). Se habla de ponderación entre el derecho al honor y la libertad de cátedra. Pero resulta que el titular del derecho al honor en el caso no es el alumno, siendo sí en cambio titular al derecho a la libre enseñanza el profesor afectado. En concreto, las cartas y nota mencionadas por la decana en su explicación, oscurecieron el panorama, pues aquellas no hablan de responsables de delitos sino de funcionarios responsables del manejo de los fondos; por lo tanto, no hay ningún daño al honor de nadie, sino únicamente el reclamo de la libertad académica; el cual ratificamos y exigimos. Por lo expuesto, solicitamos el cese de toda violencia laboral en nuestros claustros universitarios y el fiel cumplimiento de nuestro Estatuto y Convenio Colectivo de Trabajo y el resguardo a la libertad de cátedra, como así también el llamado a concursos para ocupar los cargos vacantes. Sólo de esa manera tendremos una Facultad de excelencia.
Daniel Moeremas, Felipe Mariano Rougés y Rodolfo Tercero Burgos"