Desarrollarán estrategias de fortalecimiento familiar y comunitario, que incluye a niños, niñas y adolescentes de toda la provincia.
Para brindar respuesta rápida a los sectores más vulnerables, el Ministerio de Desarrollo Social junto al Poder Judicial de la provincia firmaron un acuerdo de colaboración reciproca. Tras la firma, también se llevó a cabo la presentación del Protocolo Interinstitucional de aplicación del sistema de Protección Integral de Niños y Adolescentes.
El convenio entre ambas partes, tiene como objetivo reforzar el rol que tiene el Estado como protector de los derechos de las personas y de brindar asistencia a los grupos que más lo necesiten. Se busca la cooperación y el compromiso de todos los gobiernos provinciales para poder velar por la seguridad e integración de ciudadanos en situaciones precarias.
Del encuentro participaron el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, acompañado por la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Sandra Tirado y el presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur. A su vez, se contó con la presencia de la jueza de Familia de la VI Nominación, Claudia López, el representante de Unicef, Hernán Monath, el subsecretario de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales, Francisco Navarro y la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Myriam Martini, entre otras autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y del Poder Judicial.
“El Estado, ante cierta situación de vulnerabilidad, debe intervenir y hacerse cargo, por ejemplo, del pago de acompañantes terapéuticos para quienes no tengan obra social", expresó Yedlin y luego agregó que, "se prevé el acortamiento de los procesos de vínculos entre el Ministerio y la Justicia en los pedidos de adopción, como así también la inversión para el mantenimiento de los institutos. Así, se generan responsabilidades hacia el futuro", concluyó.
Por su parte, Monath consideró que “el armado de un Protocolo de estas características tiene una importancia fundamental para ponerle forma a la articulación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, para llevar adelante las acciones que permitan cubrir las garantías de los derechos de niñas, niños y adolescentes y abrir así un camino de coordinación de acciones”.