El Gobernador se refirió al mandato de la Justicia para mejorar la situación de los reclusos.
La imagen pertenece al fot\u00f3grafo Pablo Toranzo.
Luego de que la Procuración Penitenciaria de la Nación advierta a las autoridades provinciales de la grave situación de los presos en las unidades penitenciarias de Villa Urquiza, Concepción y Santa Ester, el gobernador Juan Manzur se refirió a la problemática por la que algunos reclusos iniciaron una huelga de hambre esta semana para exigir mejores condiciones durante el cumplimiento de las penas.
"Hay cuestiones que tienen que ver con el tema judicial, que es otro poder del Estado, y en cuanto lo que nos incumbe a nosotros a la sugerencia para otorgarles (a los presos) cada vez mayor seguridad con cámaras, yo he dado las instrucciones de que se pongan en marcha todos los procesos administrativos para dar cumplimiento a lo que ordena la Justicia", expresó el mandatario.
En relación a la protesta que realizan los presidiarios, Manzur instó a "resolverla a través del diálogo" y luego hizo hincapié en cumplir con el mandato de la Justicia: "hay que respetarla, esto es asi, es un poder del Estado y si manda a hacer determinadas cuestiones nosotros lo que tenemos que hacer".
Cabe destacar que agentes de la Procuración Penitenciaria constataron "serias violaciones a los derechos fundamentales de las personas detenidas" durante la visita a las tres cárceles. "Se advirtió la falta de acceso a la salud, trabajo, educación, alimentación, así como también pésimas condiciones materiales de alojamiento", según se detalla en la web del organismo.
"Las instalaciones se encontraban totalmente deterioradas, incumpliendo las normas mínimas de habitabilidad. Asimismo, se observaron serios problemas de hacinamiento y la utilización de espacios no habilitados para el alojamiento permanente de personas bajo regímenes de aislamiento y sectorización.", describieron luego de la visita que realizaron entre el 9 y 11 de agosto.
A raíz de esta situación, el organismo nacional trabaja en un informe y recomendaciones que serán presentadas en conjunto con la Oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Tucumán, la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación y la Fiscalía Federal Nro. 2 de Tucumán ante autoridades de la provincia.