"Queremos que se derogue el decreto (que es del año 1991) y se elabore una ley seria y acorde a los tiempos que vivimos", pidió el Ombudsman Fernando Juri Debo.
Foto de archivo.
La Justicia Federal falló la semana pasada a favor de dos fundaciones tucumanas, quienes junto a la Defensoría del Pueblo tucumana presentaron un "amparo colectivo" contra el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por la eliminación del pago de las pensiones a discapacitados.
“Si bien (desde la Nación) dieron marcha atrás, el decreto que data del añ 1991 quedó vivo y nada nos garantiza que se pueda aplicar en cualquier momento”, se quejó el Ombudsman local, Fernando SaidJuri Debo.
A mediados de junio pasado se conoció que el ministerio social de la Nación había dado de baja miles de pensiones y que en Tucumán superaron los 400 beneficiarios. Días después dieron "marcha atrás" y volvieron a pagar el subsidio.
Decisión ejemplar
“Desarrollo Social objetaba mi representación pero al estar acompañado por dos organizaciones el juez me hizo lugar al planteo”, explicó el funcionario y lamentó que esto no hubiera pasado si a nivel nacional “estaría nombrado el Defensor del Pueblo”, rescató Juri Debo en una entrevista televisiva.
“La decisión de la Justicia fue ejemplar, pero vamos a seguir colaborando con las fundaciones para que no sólo le paguen las pensiones a las personas discapacitadas sino que se elabore una norma o un decreto más sencillo y práctico, acorde a los tiempos que vivimos”, finalizó.