Manuel Liquitay es uno de los estafados por los falsos gestores del Instituto Provincial de la Vivienda y el referente de un grupo de personas que llevó el reclamo a la Justicia. “Estimamos que la defraudación supera los $10 millones de pesos”, dijo.
El escándalo por los falsos gestores del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) llevó esta mañana a Manuel Liquitay a la Plaza Independencia. Allí denunció, frente a Casa de Gobierno, que unas 1.500 personas que buscaban acceder a una casa construida con fondos de programas gubernamentales fueron estafadas en cifras que van de los $4 mil a los $100 mil pesos. Su cálculo a grosso modo indica que la defraudación supera los $10 millones de pesos.
“Nos organizamos en un grupo de seis personas en donde está representados los emprendimientos habitacionales de Lomas de Tafí, Manantial Sur y Yerba Buena”, indicó. Actualmente, el caso está en manos de la Fiscalía IV, a cargo de Diego López Ávila, quien ordenó en los últimos días allanamientos y la detención de tres personas.
“Nosotros ahora somos considerados cómplices de la defraudación pero lo cierto es que estas irregularidades tuvieron lugar porque observamos que a través del IPV se otorgaban viviendas a personas que tenían $250 o $300 mil pesos porque iban a hablar directamente con [el fallecido interventor Gustavo] Durán; con [el coordinador de Políticas Habitacionales Miguel] Jiménez Augier; o con Hernández y en 24 o 48 horas tenían su propia casa”, sostuvo el hombre frente a Casa de Gobierno.
El gran esquema del ilícito tenía a Elizabeth Rosa Alzogaray a la cabeza, según denunciaron los estafados. La acompañaban con diferentes tareas Marta Campos, Isabel Alzogaray y Luis Ramallo, entre otros incluidos en la cooperativa “Nuevo Amanecer”. Si bien el gobierno negó todo tipo de vínculo con los falsos gestores, Liquitay apuntó que el IPACYM (Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual) regulaba su actividad. Sin embargo, las investigaciones arrojaron que ese organismo no presenta su balance y memoria desde hace dos años.
“Desde ‘Nuevo Amanecer’ ofrecían la gestoría a quienes carecen de sueldos fijos porque están trabajando en negro, son empleados domésticos o jornaleros. También hay casos de personas que no podían acceder porque están separados o solteros, que pagan alquileres de entre $5 mil a $10 mil pesos y comprar una casa con planes de vivienda les resultaba más accesible”, analizó. “Esto fue lo que hicieron muchas personas en Tucumán, con nombre y apellido, que hoy tienen su casa en distintos barrios que fueron entregados por el IPV al contar con un capital de $250 o $300 mil pesos”, puntualizó.
A modo de reflexión añadió que “lamentablemente la gente de escasos recursos, la que realmente necesita en Tucumán, no tiene posibilidades porque únicamente los amigos y familiares de quienes están vinculados al poder pueden tener un techo digno”.
Las mil caras de la estafa
La estafa comenzó a salir a la luz luego de que se venzan los plazos de “entrega” de viviendas primero en septiembre, luego en noviembre y finalmente para el 22 de enero. “La última fecha que estaba prevista era el lunes próximo pasado en la zona de Lomas de Tafí y de El Manantial. Cuando fue nuevamente postergada tomamos conocimiento de que habíamos sido víctimas de una defraudación”, contó Liquitay, quien expresó angustiado que “ninguno de los que ahora estamos manifestando sabíamos qué había pasado con nuestro dinero, solamente teníamos el sueño del techo propio”.
Hasta el momento fueron presentadas 250 denuncias en la fiscalía de turno a cargo de López Ávila, fiscal que ordenó los allanamientos en los domicilios de los falsos gestores. Mientras la Justicia avanza en la investigación, los damnificados exigen al Gobierno provincial la entrega de viviendas sociales, a la que proponen gestionar ante la Nación, mientras realizan un censo entre los afectados para detectar los casos que precisan con mayor urgencia una casa.
En orden de prioridad se encuentran las personas con discapacidad, las familias múltiples o con un sólo plan social y las madres solteras. “Después quedaremos el grueso del grupo que tenemos un sueldo menor al que pide el IPV pero que cumplimos con otros requisitos”, especificó el denunciante a eltucumano.com.
Sobre las posibles vinculaciones de los falsos gestores con encumbrados funcionarios del Ejecutivo provincial, Liquitay sostuvo que “el Gobierno niega rotundamente que hayan formado parte de la estructura pero la Fundación que integraban los gestores tiene que estar registrada en IPACYM. Además, se la pudo ver a esta señorita [Elizabeth Rosa Alzogaray] en distintos actos de entrega de viviendas con el vicegobernador [Osvaldo Jaldo], con [el diputado] Pablo Yedlin y el senador José Alperovich”.
El hombre que coordina al grupo de personas estafadas pidió que toda aquella persona que se encuentre en la misma situación, haga la denuncia policial con todo detalle para que la Justicia pueda actuar para desenredar un enorme ovillo de corrupción. “Hacen faltan hechos y referencias concretas para saber quiénes están agazapados detrás de la imagen de Elizabeth Alzogaray para cometer una gran estafa”, cerró.