Un año después de la expropiación de la emblemática casona por parte de la municipalidad capitalina, los concejales del bloque Tucumán Crece-PJ se niegan a tratar la iniciativa para proteger al bulevar Salta de la piqueta. Una amenaza de 18 pisos.
La Casa Sucar, símbolo de la disputa entre los intereses públicos y privados.
Referentes del colectivo “Tucumanos por la Casa Sucar” se niegan a quedar entrampados en la disputa política que tiene lugar por estos días en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. Con cierto cansancio afirman que las chicanas que van y vienen entre los ediles nublan la vista y empañan lo verdaderamente importante. “Aquí lo que se están discutiendo es si la ciudad tiene dueño o de verdad pertenece a los vecinos”, aseguran para dar cuenta que la disputa entre el interés público y el privado es la cuestión de fondo.
El año pasado la expropiación de la emblemática casona por parte del municipio se vivió como un triunfo de los ciudadanos que la custodian desde el 2012. Sin embargo, pese a que en febrero se aprobó la compra del inmueble a la firma Citrusvil S.A, quedó pendiente de tratamiento la modificación al artículo 41 del Código de Planeamiento Urbano (CPU) para proteger el entorno del inmueble. Ahora, cuando el municipio se encuentra realizando las tareas de revalorización de la que será una casa para la cultura, la compra de dos terrenos linderos que realizó la constructora Avanco –propiedad de Rubén Rojkés y del senador José Alperovich- genera preocupación porque nada impide, desde la legalidad, construir una torre de enormes proporciones al lado.
La ordenanza que busca aprobar el oficialismo municipal tiene como objetivo declarar de interés municipal el bulevar Salta, desde avenida Sarmiento hasta la calle Santiago, en el límite de Barrio Norte. Además, prevé que las construcciones en ese sector no superen los nueve metros de altura, lo que se traduce en edificios de hasta tres pisos. Como broche final se incorpora la “Transferencia de Potencial Constructivo”, figura legal que contempla los casos de los propietarios que quieren edificar en su terreno por encima de lo permitido por esta norma.
Si bien la ordenanza cuenta con dictámenes positivos de las comisiones de Peticiones y Poderes, Obras Públicas y Planeamiento Urbano, el PJ anticipó que no la tratará en el recinto alegando la “inconstitucionalidad” de la medida. El jefe del boque, Dante Loza, llevó la voz cantante de la oposición al señalar que “tenemos que partir de la base de que es totalmente inconstitucional avanzar sobre la propiedad privada de la forma que se pretende. Los dueños de todas las propiedades del bulevar Salta, entre Sarmiento y Santiago, deberán conformarse con una expropiación y que les den un inmueble de valor inferior y en una ubicación sin valor inmobiliario. No me parece tratable”, expresó el edil.
Mientras van y vienen las declaraciones en los medios –mas no en el recinto-, la constructora Avanco S.A cuenta con la autorización de un pedido demolición de dos propiedades vecinas a la Casa Sucar, en avenida Salta 564, en donde se prevé construir un edificio de 18 pisos. En su defensa, los vecinos comprometidos con la defensa del espacio público se vuelcan a las redes sociales para solicitar una vez más que el Código de Planeamiento Urbano los tenga en cuenta. “No pudieron demolerla. Luchamos y luchamos para que no lo lograran. Entonces ahora van por su entorno, ¿habrá que salir a la calle de nuevo?, se preguntó Claudia Nicolini.
Por otra parte, la arquitecta Silvia Rossi, investigadora del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán (FAU-UNT), recordó que la lucha por la Casa Sucar tiene como fin último “defender un modelo de ciudad sustentable”. En este sentido, descartó que la medida que se busca aprobar sea inconstitucional como sostiene Loza, sino todo lo contrario.
“La Constitución Nacional de 1994 contempla los derechos de tercera generación, que son los referidos a la herencia que dejaremos a las generación futuras, sobre todo en lo referido al cuidado del medio ambiente”, apuntó la especialista y alegó que, lejos de generar pérdidas a los propietarios, la ordenanza los beneficia en un sentido amplio.
“Justamente lo que hace valiosa a la avenida Salta es lo que se quiere destruir: conserva conjuntos arquitectónicos que forman parte del patrimonio y, al mismo tiempo, es uno de los últimos pulmones verdes de la ciudad. Construir enorme edificios que dejen a sus habitantes sin luz ni ventilación no hará más que depreciar la zona”, opinó al tiempo que dejó algunas preguntas: "¿en qué perfil de usuario piensan los proyectistas? ¿las obras infraestructura acompañan los desarrollos inmobiliarios? ¿hacen falta más edificios en el centro de la ciudad? y, esencialmente, ¿a quienes benefician estas construcciones?".