El tribunal no hizo lugar a ocho pedidos de la defensa para declarar, entre otras cosas, la nulidad del requerimiento de elevación a juicio.
Abogados defensores. (FOTO: Mariana Romero)
Luego de poco más de seis horas, se dio por finalizada la etapa preliminar, lo que dio lugar al comienzo de la lectura del requerimiento de elevación a juicio. En total, el tribunal de la Sala 3 de la Cámara Penal, compuesto por los jueces Carlos Caramuti, Rafael Macoritto y Dante Ibáñez, rechazó nueve planteos realizados por los abogados defensores.
Gustavo Morales, abogado defensor del ex secretario de Seguridad de la Provincia, Eduardo Di Lella, lideró el ranking con cinco pedidos:
- Apartamiento del proceso judicial del secretario, Marco López Frías, y del prosecretario, Jorge Baaclini, al considerar que su presencia compromete la transparencia del proceso. Morales acusa a López Frías de haber estado en la escena del crimen y, por ende, ser testigo presencial de la alteración del terreno. Los jueces rechazaron por unanimidad el pedido.
- Incorporación de nueva prueba instrumental, consistente en mensajes de correo electrónico entre Beatriz Alperovich y su hijo menor, Daniel, y con Luis Núñez, ex jefe de la Brigada de investigaciones que forma parte de la plantilla de testigos del juicio. La solicitud no obtuvo el apoyo de los demás defensores y fue rechazada de forma unánime por los jueces.
- Suspensión de la ejecutoriedad de la declaración por escrito de los testigos beneficiados por fueros ─José Alperovich, Edmundo Jiménez, Alejandro Noguera y Adriana Reynoso Cuello─ hasta tanto se resuelva el recurso de casación interpuesto contra la sentencia parcial al pedido de inconvencionalidad del artículo 230 del CPPT realizado en noviembre del año pasado. El tribunal rechazó el planteo al considerarlo abstracto y prematuro.
- Nulidad del requerimiento de elevación a juicio por la incorporación de nuevas pruebas sin notificar a las partes. Morales acusa a la Fiscalía de IV Nominación, a cargo de Diego López Ávila, de generar desventaja procesal. El trío de magistrados rechazó por unanimidad el planteo al considerarlo extemporáneo.
Gustavo Carlino, abogado defensor del subjefe de la Policía de Tucumán, Nicolás Barrera, también padeció la negativa de los jueces. Al igual que su par Morales, solicitó la nulidad del requerimiento de elevación a juicio al considerar que a su cliente se le endilgan hechos no circunstanciales y detallados, como presionar a subordinados para falsificar actas. Tampoco prosperó su pedido para excluir las declaraciones testimoniales del testigo Enrique Antonio García, ex policía condenado en 2016 a cinco años de prisión por supresión de documento público.
El primero en formular un planteo había sido Macario Santamarina, quien representa al imputado Roberto Gómez, electricista acusado de secuestrar y asesinar a Paulina Lebbos. El letrado solicitó la incompetencia del tribunal aduciendo que el delito de privación ilegítima de la libertad era una cuestión tendiente a la Justicia Federal, y utilizó como precedente la causa de Axel Blumberg. Sin embargo, Carlos Sale, representante del Ministerio Público, recusó el pedido con otra serie de antecedentes en los que el delito fue tratado por la Justicia Provincial (el caso Cabezas).
Todos los pedidos ya habían sido planteados y rechazados en etapas procesales previas a la elevación a juicio, por lo que la insistencia de los abogados generó algunos cortocircuitos con los integrantes del tribunal y los abogados de la querella. Emilio Mrad, representante de Alberto Lebbos, quiso calificar el accionar de Gustavo Morales, provocando la intervención del presidente de Cámara, que los instó a cumplir con lo pactado en audiencia preparatoria. Las partes acordaron no personalizar ningún tipo de planteo para evitar debates innecesarios y ajenos a la búsqueda de la verdad mediante pruebas generadas durante el proceso.
El episodio continuó con un tenso cruce entre Morales y Caramuti. El defensor de Di Lella interpeló al juez por no brindarle la palabra para contestar a las acusaciones formuladas por Mrad, discusión que duró menos de un minuto y que finalmente pudo ser sorteada sin mayores contratiempos.
La primera jornada del juicio por el encubrimiento del crimen de Paulina fue especial. Figuras nacionales de la lucha contra la impunidad llegaron desde Buenos Aires para presenciar el inicio del histórico proceso judicial. Vivian Perrone e Isabel Brito, de la asociación Madres del dolor; y María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, víctima de la Tragedia de Once, acompañaron a Alberto Lebbos en la audiencia de cuestiones preliminares, que se extendió desde las 9 hasta las 14 del martes. En representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, asistieron Ana Colombres Garmendia y Juan Roberto Robles.
Pese a la normalidad con que se desarrolló el primer día de audiencias, un incidente en la puerta de la sala ─durante un cuarto intermedio─ interrumpió el buen clima. Lebbos y un familiar de Di Lella tuvieron una acalorada discusión, en la que hubo amenazas e insultos de por medio. El tribunal repudió el hecho y advirtió que no tolerará situaciones similares.
Este miércoles finalizará la lectura del requerimiento de elevación a juicio y se procederá con el ejercicio de la defensa o “descargo material”.
Más comodidades
El pedido más curioso de la jornada ─y uno de los pocos a los que se hizo lugar─ fue el del abogado Gustavo Carlino. El defensor de Nicolás Barrera planteó que los escritorios de la querella son mejores que los de la defensa, y solicitó "igualdad de condiciones". El presidente de la Cámara, Carlos Caramuti, no pudo evitar esbozar una sonrisa antes de aclarar al letrado que el Poder Judicial hizo un gran esfuerzo para poner en condiciones la sala. El magistrado se comprometió a resolver la inquietud en un corto plazo.
Horas antes, durante un cuarto intermedio, el mismo Carlino había solicitado un ventilador para el sector de la defensa, ya que el aire acondicionado salteaba la zona e impactaba mayormente en la parte posterior de la sala de audiencias. El planteo no fue hecho formalmente al tribunal, sino a través de uno de los secretarios de Cámara.