Se presentó en la Legislatura la segunda edición de la iniciativa impulsada por grupos que se oponen al proyecto de Interrupción Legal del Embarazo. Desde distintos sectores denuncian la intromisión de la Iglesia en cuestiones que atañen al Estado.
El vicegobernador Jaldo y los radicales Albarracín y García encabezaron el encuentro en la Legislatura.
Con la presencia de grupos que se oponen al Proyecto de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), se presentó en la Legislatura de Tucumán la segunda edición de la “Semana de los Derechos del Niño por Nacer”. La iniciativa fue acompañada por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y por un importante número de legisladores tanto del oficialismo como de la oposición que reafirmaron la postura en contra de la despenalización del aborto.
El radical Raúl Albarracín fue el encargado de encabezar el encuentro que se realizó el lunes en la sede del Poder Legislativo. “Ante los avances de la denominada cultura de la muerte, que entre otras cosas amenaza y vulnera la vida humana en su etapa más incipiente, es necesario generar y articular mecanismos operativos para lograr la protección de la mujer en estado de gravidez ante distintas dificultades que pueda atravesar en el período de gestación y de esa modo arbitrar los medios a favor de la civilización de la vida”, planteó el legislador.
Cabe destacar que el año pasado Albarracín presentó el proyecto que proponía la creación del “Sistema Integral de Protección del niño por nacer y de la mujer embarazada”. El documento fue suscrito por representantes de las distintas vertientes políticas que conviven en el recinto: Sandra Mendoza (PJ), Reneé Ramírez (PJ), Alberto Colombres Garmendia (PRO), Silvio Bellomío (Peronismo del Bicentenario), Joseph Saleme (PJ) y Claudio Viña (Nueva Fuerza).
Los nuevos bríos que tomó este año el reclamo por el aborto seguro, legal y gratuito, llevó al presidente Mauricio Macri a dar luz verde al tratamiento del proyecto que fue presentado en siete oportunidades sin éxito. El cambio del eje de la discusión –que ahora se focalizó como un problema de salud pública que afecta a medio millón de mujeres al año y no como una cuestión moral – produjo notables avances en la percepción social del reclamo. Sin embargo, a nivel de la dirigencia local fueron más las voces que se pronunciaron en contra que a favor de la despenalización.
En el primer grupo se ubicaron el gobernador Juan Manzur, el vicegobernador Jaldo y la ministra de Salud, Rossana Chahla. En la Legislatura, en tanto, el presidente del bloque oficialista Tucumán Crece, Ramón Santiago Cano, el titular subrogante de la Cámara, Fernando Juri, y el peronista
Ramón Roque Cativa promovieron la idea de que los diputados y senadores por Tucumán se pronuncien en bloque contra la despenalización del aborto cuando el proyecto llegue al recinto.
En una postura más permeable al reclamo, las legisladoras Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular), Mendoza y Nancy Bulacio (PJ) consideraron oportuno abrir el debate y considerar todos los argumentos. “Más allá de las especulaciones sobre las razones de fondo que llevaron al Gobierno nacional a abrir el debate sobre la despenalización, es innegable que se puso en agenda una problemática que afecta a la mujer. Es hora que la discusión se dé”, apuntaron.
Voces disidentes
La dirigente del Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), Alejandra Arreguez, analizó críticamente la reunión que tuvo lugar el lunes en la Legislatura. “Se reafirmó que los distintos representantes parlamentarios, tanto del PJ como del Acuerdo para el Bicentenario, con su posición contraria al aborto, le están dando la espalda a las mujeres”, afirmó en diálogo con eltucumano. Por otro lado destacó que “Tucumán es la única provincia que no adhirió a la Ley de Educación Sexual Integral y tiene una de las tasas de embarazo adolescente más altas del país. Los bloques políticos siempre consultan con la Iglesia antes de tomar una decisión que vaya en este sentido. Por eso, creemos que hay que seguir en la organización, denunciando que esto de trata de una cuestión que atañe al Estado”, denunció la ex candidata a diputada por el Frente de Izquierda (FIT).
Desde la Fundación Mujeres x Mujeres, en tanto, manifestaron preocupación por "este tipo de eventos institucionales que se muestran afines a posiciones religiosas y científicas que no se condicen con las propuestas en debate y confunden en la opinión pública. Autoproclamarse defensores de la vida -en relación exclusiva a la vida fetal e ignorando los estándares legislativos vigentes para definir el concepto de “vida intrauterina"- para cuestionar un proyecto legislativo que busca proteger la vida de las mujeres, aporta un mensaje sesgado. Quienes promovemos el debate por la legalización y despenalización del aborto estamos defendiendo la vida de cada una de las 1.300 mujeres que expone su vida a diario en abortos clandestinos, según datos del Ministerio de Salud de la Nación".
Por otro lado agregaron que "tomar una posición favorable a la legalización del aborto, no supone acordar moralmente con el acto de abortar, sino decidir cómo sociedad democrática que estas 500.000 mujeres que abortan al año, no merecen estar presas. Un debate verdaderamente robusto sobre los Derechos Humanos de las mujeres debe darse en el marco de un Estado laico, plural y democrático donde nuestros representantes sean capaces de deponer las propias creencias religiosas en orden a la construcción de consensos sociales inclusivos donde la vida de todas las personas sea valorada, la salud de todas las mujeres asegurada y la libertad reproductiva de cada persona con capacidad biológica de gestar sea respetada".