La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural emitió un comunicado para reafirmar la posición del Estado argentino frente a la Educación Sexual Integral y la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
La campaña #ConMisHijosNoTeMetas coemnzó luego de que se rechazara la legalización del aborto en el Congreso.
La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación emitió un comunicado para reafirmar la posición del Estado argentino frente a cuestiones que cobraron fuerza en el debate público: la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y el respeto, promoción y protección de los derechos humanos de la Población LGBTIQ+. En este sentido, denunciaron 'acciones de boicot' por parte de grupos religiosos y organizaciones civiles en actividades propuestas por el organismo.
"Ante manifestaciones en medios periodísticos y acciones de boicot contra actividades de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación en todo el país, por parte de grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil, sobre lo que ellos denominan “ideología de Género”, desde la Secretaría queremos reafirmar la posición del Estado Argentino en relación con el respeto, promoción y protección de los derechos humanos de la Población LGBTIQ+", sostiene el comunicado.
Agrega que "nuestra Legislación, los Tratados Internacionales y el Sistema Internacional de Derechos Humanos son la base y el marco en el que se desarrollan las políticas públicas en materia de Diversidad Sexual. Asimismo, el diseño e implementación de políticas públicas para el acceso pleno al ejercicio de los derechos de la población LGBTIQ+ forma parte de los compromisos asumidos por el Estado a través del Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos".
En este sentido, desde la Secretaría de DDHH recordaron que "la libertad de expresión tiene su límite en aquello que fuera discriminatorio, genere odio o violencia, por lo que bajo el argumento de la libertad de opinión no se puede manifestar, negar y/o impedir el ejercicio de los derechos humanos de las personas, y en particular ante estos mensajes de intolerancia, los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes".
Sobre el final, hace referencia a la necesidad de la implementación de la ESI tanto en las escuelas públicas como en los colegios privados de todo el país. "La educación sexual integral es un derecho de les educandos y una obligación de les educadores. Educar con perspectiva de Diversidad Sexual es educar en Derechos Humanos".
Hasta el momento, el comunicado fue compartido fue compartido más de diez mil veces sólo en Facebook y suma más de cinco mil comentarios a favor y en contra de la medida.
La situación en Tucumán
El jueves 18 de octubre, el proyecto para que la Provincia adhiera al
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable sancionado en 2003 perderá estado parlamentario en la Legislatura. Si el debate no se realiza, el proyecto no se podrá tratar hasta marzo del año que viene.
Se trata de la
Ley Nacional 25.673, que tiene como objetivo reducir la mortalidad materno-infantil y promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.
Tucumán es la única provincia que aún no adhirió a la normativa.
Por otra parte, en octubre de 2006, se sancionó y promulgó la
Ley 26.150, que establece la puesta en marcha del
Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI). La normativa establece que todos los alumnos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos del país.
Tucumán tampoco se adhirió a esta normativa.
El legislador Christian Rodríguez señaló que el proyecto de adhesión a la Ley 25.673 fue tratado en reiteradas oportunidades en Labor Parlamentaria, pero que nunca llegó al recinto. "Yo venía advirtiendo que la Legislatura, como agenda legislativa, le da más importancia a las cuestiones electorales y no a estos temas que son realmente importantes para un sector de la población de Tucumán", lamentó.
"Llegamos a esta situación donde estamos con la posibilidad de que la semana que viene no ingrese al recinto, porque no tenemos sesión. Y, entonces, quede fuera de estado parlamentario la adhesión a la ley", advirtió.
Números que alarman
En Tucumán, de 30.000 nacimientos, 5.000 corresponden a embarazos adolescentes. En ese sentido, Rodríguez recordó en una entrevista con Radio Nacional Tucumán que votó la resolución para que la provincia fuera declarada "provida" durante el debate en el Congreso por el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Sin embargo, consideró que esa postura debe ser acompañada de acciones que tiendan a prevenir embarazos no deseados y a educar.
"Hay embarazos en niñas de entre 11 y 14 años, los números son reales, necesitamos una política de Estado que la provincia implemente para prevenir esto, porque uno ve una niña de 11, 14 años, que ya es mamá porque no tiene información ni acceso a derechos básicos", describió el parlamentario, que consideró que entran en juego diversos factores. "Esta adhesión a la ley le da recursos a la Provincia para que implemente una política de Estado y podamos prevenir esto", explicó el legislador.
"Me parece que con haber declarado de manera simbólica la provincia provida no completa y no soluciona un problema que es real y de fondo. Yo estoy en contra del aborto, siempre he estado a favor de la vida, pero también entiendo que tenemos que evitar que las chicas lleguen a esa situación y se terminen muriendo o terminen haciendo las cosas como no corresponde", consideró.
Asimismo, Rodríguez señaló que desde la presidencia de la Legislatura se debería habilitar el debate entre todos los bloques, ya que tiene incidencia dentro del bloque mayoritario. "Al no tener la mayoría para llevarlo al recinto se nos hace muy difícil", justificó y descartó que sea por presión de la Iglesia que no se trate el proyecto. "Los párrocos conocen esta realidad el embarazo en niñas de entre 11 y 14 años que obviamente genera muchos más problemas en los cordones de la periferia de la ciudad", expresó.
Además aseguró que, de adherirse a la Ley ESI, Tucumán tendría derecho a recibir recursos de la Nación para su implementación. "Tampoco estoy diciendo que esta adhesión a la ley va a solucionar el problema que tenemos con nuestros jóvenes en los barrios, es una herramienta más", analizó.