Advierten que las modificaciones aprobadas por la Legislatura implican un engaño a la sociedad tucumana ya que, argumentan, los tres magistrados que la conformarán fueron designados por el Ejecutivo y por lo tanto, podrían no ser independientes.
Urnas de la JEP. Foto: Minuto Neuquén
En la sesión de la semana pasada, la Legislatura aprobó una modificación en la conformación de la Junta Electoral Provincial (JEP) y desde el Colegio de Abogados cuestionaron la decisión, ya que alegan que los magistrados no son independientes del Poder Ejecutivo.
El Colegio de Abogados se manifestó en contra de la reciente sanción de la reforma a la Ley Provincial 5.454 por la que se establece que la JEP estará compuesta por el presidente de la Corte Supresa, Daniel Posse; el Ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez y el Ministro Público Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila.
La semana pasada en la Legislatura -con apoyo de un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) y del peronismo afín a Cambiemos-, el oficialismo logró que se aprobara la conformación de una nueva Junta Electoral Provincial . Desde el Colegio de Abogados calificaron de "engaño a la sociedad tucumana" la modificación, ya que alegan que el Poder Ejecutivo fue el encargado de designar en sus cargos a los magistrados. "Su propuesta obedece exclusivamente a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y el voto complaciente de la gran mayoría de nuestros legisladores", señalaron desde la institución.
Desde el organismo presidido por Marcelo Billone expresaron además que se pretende que la JEP funcione con gente cercana al poder y, por ende, influenciable. Por lo tanto, señalan que no hay garantía de que los magistrados actúen con independencia.
En ese sentido, emitieron un comunicado y señalaron: "Podemos concluir en que esta nueva Junta Electora es pasible de más amplio reproche en cuanto a su conformación y genera severas dudas sobre cómo cumplirá sus funciones y a qué intereses obedecerá. Nuevamente la sociedad tucumana ha sido estafada en sus expectativas de contar con un órgano de control de los procesos electorales locales que pueda otorgar garantías de imparcialidad probidad en su actuación".