Los legisladores aprobaron el aporte de $1.500 millones para evitar que el boleto aumente a 40 pesos.
La Legislatura de Tucumán debatió 16 proyectos de ley, entre los que se destacan el Presupuesto 2019 y el subsidio al transporte público del que se hará cargo la Provincia desde enero del próximo año.
Desde la administración que conduce Juan Manzur calcularon que el gasto de la Administración Pública de Tucumán (es decir, de todo el Estado) para el año que viene asciende a $ 96.300 millones. Esa suma incluye al Poder Legislativo, que estimó erogaciones por $4.100 millones, de los cuales $3.950 millones están contemplados para sueldos y honorarios del personal.
En cuanto al transporte Público, los parlamentarios aprobaron el subsidio de $1.500 millones para evitar que el boleto suba un 250%, debido al recorte en estas partidas aplicadas por el Gobierno Nacional. Osvaldo Jaldo señaló en los últimos días que a través de un convenio con el Gobierno nacional, la Nación otorgaría 700 millones para cubrir el monto con el que actualmente subsidian al transporte en Tucumán.
También se aprobó la Reforma Electoral, donde se propone que los docentes, tantos públicos como privados, sean autoridades de mesa a partir de los próximos comicios. La intención es crear un registro optativo en el Ministerio de Educación de la Provincia, y en caso de que queden vacantes en las más de 3.600 mesas de votación, se las cubrirá mediante la vía tradicional, a través de la Junta Electoral Provincial (JEP).
Malestar de la oposición
El legislador José María Canelada, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, cuestionó el Presupuesto 2019. “Más que estar pensado para las necesidades de los tucumanos, está pensado como una herramienta electoral para 2019”, criticó.
“Vemos un presupuesto, en un año electoral, que tiene un gasto que por el aumento que tienen la administración gubernamental ha puesto el acento en la política; el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de acceso al crédito por montos que son muy elevados sin cumplir en lo que dispone la Constitución provincial, que dice que debe tener determinado su objeto; tiene un aumento descomunal para el gasto de publicidad y propaganda; tiene una herramienta de sujeción de los delegados comunales que van a tener que ponerse de rodillas en una oficina para tener lo que por ley no se les asigna de presupuesto, en un año electoral”, agregó. "Por cada peso que se destine a prevenir las adicciones, se van a gastar $ 10 en propaganda y publicidad. Vaya si este número no habla a las claras de cuales son las prioridades y de por qué no puedo acompañar este presupuesto”, comentó.