El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) de Tucumán, encabezado por su presidente Antonio Estofán, presentó el balance del trabajo realizado en el organismo en 2018.
El pasado jueves el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) de Tucumán realizó un balance su trabajo en este 2018, donde además se trazó el objetivo de remitir 12 ternas al Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en marzo.
El ambicioso plan es una cifra importante, ya que el año pasado el órgano de preselección de jueces, fiscales y defensores oficiales del Poder Judicial, propuso 15 ternas a Casa de Gobierno, que surgieron de concursos públicos de antecedentes y de oposición. Los tres mejores de cada proceso son remitidos al Ejecutivo para que el gobernador Juan Manzur elija a uno de ellos y envía su pliego a la Legislatura.
Antonio Estofán, presidente del CAM y vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, fue el encargado de explicar los puntos más importantes del balance anual, en el que también destacó la modificación del Reglamento Interno. Esta se basa en que cuando el organismo recibe del Poder Judicial el aviso de que necesita cubrir una vacante, tiene 72 horas para realizar la convocatoria pública al concurso. Y al día siguiente día hábil debe habilitar la inscripción. Los interesados sólo cuentan con siete días para anotarse.
Junto a Estofán (segundo desde la izquierda) estuvieron Elena Grellet, representante de los magistrados del Centro Judicial Concepción; Diego Vals, representante de los abogados del sur; y Luis José Cossio, representante de los jueces de la Capital.-
Proyecto de ley
Hace una semana un proyecto de ley presentado por el legislador Marcelo Caponio generó polémica en el ámbito judicial de la provincia. La inciativa del parlamentario justicialista se basa en la inclusión al CAM de dos representantes de los tribunales como son los titulares del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez, y del Ministerio Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila.
Luego de que el
Colegio de Abogados de Tucumán rechazará esta norma tildándola de estafa por generar “severas dudas sobre cómo cumplirá sus funciones y a qué intereses obedecerá” el órgano, Estofán fue consultado sobre este proyecto pero prefirió no dar opinión por su cargo en el máximo tribunal de la provincia.
“Me excuso de opinar porque cualquier ley de este tipo puede ser cuestionada judicialmente y llegar a la Corte. Soy uno de los jueces que va a tener que votar”, explicó.