En el marco de la celebración del
Día del Abogado, el presidente del Colegio de profesionales de Tucumán,
Marcelo Billone, manifestó la su preocupación “por una situación objetiva de crisis que atraviesa el país todo, y que influye también en el ejercicio de la profesión”.
En este sentido, recalcó que “pese a haber crecido sensiblemente el índice de litigiosidad, algo que en principio se traduciría en mayores alternativas de trabajo, lo cierto es que ha crecido también el número de matriculados y eso ha llevado a
una situación de precarización”.
Al respecto, señaló que “a la UNT se ha sumado la UNSTA, la Universidad de San Pablo – T y la Universidad Siglo XXI, aportando un importante número de abogados que se van graduando año a año, y eso incide en las alternativas laborales de los colegas y en la posibilidad legítima de poder vivir del ejercicio de la profesión”.
Y esta realidad, “comparada con lo que sucede en Tribunales, donde las retribuciones son muy importantes no sólo para los funcionarios sino también para los abogados que realizan tareas menores, hace que para muchos abogados la máxima aspiración sea sumarse a la fila del Poder Judicial”.
Por todo lo anterior, Billone opinó que “el abogado que ejerce en su estudio propio y atiende casos que se le van presentando y no depende del Estado es un abogado que
quizás está en vías de extinción”, y recalcó que “es una situación que nos preocupa, y no es demasiado lo que podemos hacer nosotros desde el Colegio, aunque siempre aportamos desde el lado de la capacitación permanente, para estar actualizados”.
Consultado por
la designación de Eleonora Rodríguez Campos como
vocal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, aclaró que “el Colegio de Abogados institucionalmente ha decidido no emitir opinión sobre esa cuestión". "Sin perjuicio de esto, a título personal he lamentado que no se aproveche la oportunidad para modificar un criterio que ya se viene observando desde el poder político desde hace muchos años, el de facilitar el pase de quienes se encuentran ejerciendo cargos en el gabinete a la justicia”. Según su mirada, “eso potencia la desconfianza que ya tiene la sociedad sobre el Poder Judicial, afecta la independencia y lesiona uno de los pilares de los sistemas republicanos de gobierno”.
Por ese motivo, sostuvo que desde el Colegio “vamos a hacer una propuesta al Poder Ejecutivo, valorando esta coyuntura de desconfianza de la sociedad con la justicia. El Gobernador bien podría tener un gesto de grandeza y dictar un decreto de autolimitación en el que se comprometiese a observar ciertas pautas de las futuras coberturas que se produjeran a nivel de la corte justicia. Una de esas pautas sería comprometerse a no proponer a funcionarios que hayan sido parte del gobierno sino transcurrido 24 meses de vencido el mandato respectivo”.