Luego de que la titular de Salud de la Provincia asegurara que en Tucumán hubo 18 casos como el de "Lucía", la niña abusada que fue sometida a una cesárea en febrero, Andhes y Cladem salieron a cuestionar a la funcionaria.
"En 2018 tuvimos 18 casos ‘Lucía’ y pudimos resolver todos los temas. El problema es cuando se mediatiza. Porque cuando se hace muy público algo, es muy difícil intervenir".
Esta declaración fue realizada ayer jueves por la ministra de Salud de la Provincia,
Rossana Chahla, consultada en
La Gaceta Play sobre el caso de la nena de 11 años que en marzo de este año fue sometida a la interrupción legal de su embarazo en el Hospital del Este.
“Es necesario recordar que Lucía tenía 11 años cuando quedó embarazada producto de una violación. Lucía solicitó la interrupción legal del embarazo (ILE) pero durante un mes el Estado se la negó. Para practicarle la ILE, el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) tuvo que contratar a médicos del sector privado. Todos los del Hospital del Este se declararon objetores de conciencia”, comienza el comunicado de las Andhes y Cladem, organizaciones que acompañaron a la niña durante el proceso. Y agregaron: “José Gijena y Cecilia Ousset, convocados por el gobierno provincial, luego fueron denunciados por sectores antiderecho, perseguidos por la justicia provincial y abandonados por el Siprosa”.
Luego las organizaciones exigieron respuesta a su pedido de saber cuántas niñas accedieron a la ILE: “¿Qué significa para la funcionaria que 18 casos se resolvieron? ¿Que se les permitió acceder a la Interrupción Legal del Embarazo? ¿Se siguieron los lineamientos del protocolo ILE? No hay cifras oficiales de cuántas niñas pudieronacceder a la interrupción legal del embarazo ni de cuántas niñas son obligadas a parir en Tucumán. Aún esperamos que el Ministerio de Salud responda nuestro pedido de acceso a esa información que debería ser pública pero que se la oculta”, acusaron.
Por último apuntar los cuestionamientos hacía el ex Secretario Ejecutivo del SIPROSA, Gustavo Vigliocco. “Para la ministra su ministerio ha ‘hecho lo que ella (Lucía) quería y cuando la mamá pidió’. ¿Sabía que su ahora ex Secretario Ejecutivo, Gustavo Vigliocco, le dijo a la mamá de Lucía que la niña se moriría si le practicaban una ILE? ¿Sabía que Vigliocco le regaló una Tablet a la nena para convencerla de que continúe con su embarazo y que le preguntó más de una vez ‘estás segura que querés matar a tu bebé?’ mientras le tocaba la panza?”, afirmaron en la misiva que finaliza con un anhelo de que no haya más niñas “obligadas a maternar” en la provincia.
El comunicado de organizaciones de DDHH
En 2018 tuvimos 18 casos “Lucía” y pudimos resolver todos los temas. El problema es cuando se mediatiza. Porque cuando se hace muy público algo, es muy difícil intervenir”, declaró la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, en una entrevista en La Gaceta Central.
Desde Andhes y Cladem, organizaciones que acompañamos a Lucía y su familia, queremos responderle con más preguntas que afirmaciones.
Es necesario recordar que Lucía tenía 11 años cuando quedó embarazada producto de una violación. Lucía solicitó la interrupción legal del embarazo (ILE) pero durante un mes el Estado se la negó. Para practicarle la ILE, el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) tuvo que contratar a médicxs del sector privado. Todxs los del Hospital del Este se declararon objetores de conciencia. José Gijena y Cecilia Ousset, convocados por el gobierno provincial, luego fueron denunciados por sectores antiderecho, perseguidos por la justicia provincial y abandonados por el Siprosa.
El 27 de septiembre pasado, el Estado reconoció en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los derechos de Lucía fueron vulnerados.
Entonces, ante sus declaraciones, nos preguntamos: ¿A qué se refiere la ministra cuando habla de 18 niñas como Lucía? ¿18 niñas fueron impedidas de acceder a sus derechos? ¿18 niñas fueron torturadas y obligadas a seguir con un embarazo? ¿Cuántas niñas menores de 14 años, en este último año, parieron en Tucumán?.
¿Qué significa para la funcionaria que 18 casos se resolvieron? ¿Que se les permitió acceder a la Interrupción Legal del Embarazo? ¿Se siguieron los lineamientos del protocolo ILE? No hay cifras oficiales de cuántas niñas pudieron acceder a la interrupción legal del embarazo ni de cuántas niñas son obligadas a parir en Tucuman. Aún esperamos que el Ministerio de Salud responda nuestro pedido de acceso a esa información que debería ser pública pero que se la oculta.
La ministra dice que el Caso Lucía se mediatizó. Por suerte sí. Porque a partir de su visibilización y las presiones nacionales e internacionales, el Estado debió acceder a practicar la ILE que había solicitado. ¿Y todos los otros casos no salieron a la luz?.
“Creo que se hizo público lo de “Lucía” y no los otros casos por los diferentes grupos que estuvieron en ese momento”, declaró. ¿Sabía la ministra que la familia de Lucía acudió a las organizaciones desesperadas porque no lograban que le garanticen la interrupción del embarazo a la niña? ¿Sabía que Lucía pidió que ‘llamen a las del pañuelo verde’ porque quienes deben actuar conforme a la ley actúan según sus creencias religiosas personales?.
Para la ministra su ministerio ha “hecho lo que ella (Lucía) quería y cuando la mamá pidió”. ¿Sabía que su ahora ex Secretario Ejecutivo, Gustavo Vigliocco, le dijo a la mamá de Lucía que la niña se moriría si le practicaban una ILE? ¿Sabía que Vigliocco le regaló una Tablet a la nena para convencerla de que continúe con su embarazo y que le preguntó más de una vez “estás segura que querés matar a tu bebé?” mientras le tocaba la panza?.
Pero no importan nuestras preguntas, ministra. Importa que se cumplan los derechos de niñas, adolescentes y mujeres. Y a esta altura, tenemos más dudas que certezas de que su ministerio esté orientado a garantizar que casos como el de Lucía no se repitan nunca más. Por eso le pedimos respuestas claras, que no se excuse de sus obligaciones y tire la responsabilidad de garantizar derechos a las organizaciones. No queremos que haya más niñas obligadas a maternar en Tucumán. ¿Compartimos ese anhelo?
Palabras de una protagonista
Cecilia Ousset fue una de las médicas que realizó la microcesárea a ‘Lucía’, y que fue imputada por su accionar por la fiscal Adriana Gianonni quien había sido separada de la causa.
En una entrevista con eltucumano.com, la galena se refirió a los dichos de la ministra Chahla, y consideró que las mujeres no acceden con la tranquilidad que debieran a la Interrupción Legal del Embarazo. Por ejemplo, señaló la falta de equipos de consejería -que cuenten con psicólogas, médicas, trabajadoras sociales- en donde explique las opciones a la niña y al familiar continente.
"No hay un equipo claro donde las mujeres sepan dónde recurrir, porque tampoco estamos adheridos a los protocolos de Interrupción Legal del Embarazo. En el momento en el que vos te adherís a los protocolos tenés que hacer los equipos de consejería. Al no estar adheridos no te obligan", observó.
La especialista también advirtió que los embarazos infantiles y adolescentes están mezclados a nivel estadístico. "Generalmente no son las mismas las causas de embarazo y tampoco son las mismas las consecuencias de los embarazos infantiles, que son en menores de 15 años, que los adolescentes, que son hasta los 19 años", explicó. "El embarazo infantil forzado es cuando hay una niña menor de 15 años que queda embarazada en contra de su voluntad, con relaciones consentidas o no, pero que no buscaba un embarazo y cuando su interrupción legal le es negada o dilatada por el sistema de salud: eso es un embarazo infantil forzado", continuó.
En cuanto a las estadísticas, Ousset dijo que la clandestinidad no está contemplada. "Justamente por eso se necesita que sea legal para que se termine con la clandestinidad, se puedan hacer estadísticas serias, detectar cuáles son los lugares donde mayor riesgo hay, es imposible saber si no tenés estadísticas fiables", agregó.
En el mismo sentido, enfatizó: "Es fundamental que las niñas y adolescentes conozcan cuáles son sus derechos: nadie puede defender derechos que no conoce". Ousset también advirtió que ser una niña norteña, pobre y sin acceso al sistema de salud son factores de riesgo en relación con el embarazo infantil forzado.
Sobre las consecuencias de estos embarazos infantiles, la médica argumentó que, entre otros puntos, disminuye la escolaridad y el acceso a trabajos dignos. "Perpetúa la pobreza por tres generaciones", advirtió.
Por último consideró que lo "lo mejor sería que las niñas y las madres puedan acceder con toda tranquilidad al sistema público sabiendo que no van a ser juzgadas que sus casos no se van a judicializar y que sus casos van a ser tratados con la celeridad que la ley exige. Eso tendríamos que lograr como sociedad civilizada".