El ex legislador macrista despotricó contra los tucumanos que colmaron supermercados por temor al desabastecimiento por la expansión del virus COVID-19.
“Pelotudos y egoístas”. Así definió el ex legislador del PRO, partido del ex presidente
Mauricio Macri, a los miles de tucumanos y tucumanas que, con alguna cuota de temor por la propagación del Coronavirus por el país y la amenaza latente de su llegada a la provincia,
colmaron supermercados de toda la provincia ante un eventual anuncio de cuarentena generalizada que finalmente no llegó.
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Este domingo los principales centros de compra locales se vieron colapsados, en especial en horas de la tarde. En algunos casos, las góndolas quedaron completamente desiertas. Alimentos básicos, leche, pañales, elementos de higiene y papel higiénico fueron algunos de los productos más demandados por la multitud de consumidores que prefirió adelantarse a los anuncios realizados por el presidente Alberto Fernández entrada la tarde-noche.
En este sentido, el gobernador Juan Manzur garantizó la provisión de mercadería en los supermercados. “Los referentes de las empresas supermercadistas nos transmitieron la seguridad sobre la provisión de alimentos, lo que sí hemos hablado de limitar el acceso de gente a los locales para evitar aglomeramiento”, señaló.
Hasta las últimas horas del domingo se contabilizaban 56 casos en toda la Argentina. En Tucumán no se registró ningún infectado aún, aunque se esperan los resultados de una docena de pacientes sospechados de portar el virus COVID-19. En palabras del primero mandatario provincial y de la ministra de Salud Rossana Chahla, el Coronavirus “va a llegar a Tucumán” en cualquier momento.
Colombres Garmendia es conocido en el ámbito judicial y entre sus pares opositores como uno de los responsables de una deuda de más de $3.000 millones que Tucumán paga a Nación. El dinero es descontado de fondos coparticipables por medio de retenciones realizadas por el gobierno nacional.
Vivendi, compañía francesa dueña de Compañía Aguas del Aconquija (CAA), que administró el agua tucumana entre 1995 y 1998, demandó a la Argentina ante la Corte Internacional de Arreglos por Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi) por la interrupción de un contrato de explotación de servicio a 30 años. Durante dos meses, la concesionaria no pudo evitar que por las canillas de los tucumanos escurriera agua negra, lo cual terminó en una decisión unánime de la Legislatura para dar por finalizado el acuerdo. En 2007 ganó el laudo arbitral en un sospechado tribunal de la banca internacional.
"Para nosotros es una sorpresa, y no porque los argumentos son arbitrarios, sino porque directamente no hay argumentos. Es un laudo en el que no se da ningún tipo de argumento contra la Argentina", dijo Osvaldo Gluglielmino en 2007, por entonces titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, cuando fue emitido el fallo. Destacó que los montos de las indemnizaciones que se concedieron a la compañía "no están basados en ningún informe técnico, sino en dos testimonios que constan en el expediente".
El legislador PRO era el representante legal de la firma gala que, junto al estudio de abogados Ignacio Colombres y Asociados, de la que también es socio Jorge Malmierca, ministro de Gobierno de Antonio Domingo Bussi cuando empezó el conflicto judicial, argumentaron contra los poderes del Estado tucumano y los acusaron de conspirar contra la compañía francesa que había aumentado la tarifa un 140% y provocado la resistencia civil de los tucumanos. Según los letrados, no había pruebas de las quejas de los usuarios, aunque sí existían evidencias de una obstaculización por parte de funcionarios de gobierno para evitar el normal funcionamiento de la empresa. En su presentación ante la corte internacional, presentaron como única prueba recortes de diario La Gaceta.