La coordinadora de CLADEM Argentina, detalló la importancia de que Tucumán adhiera a la normativa vigente en el resto del país. Organizaciones feministas se reunieron en una mesa de diálogo con algunos legisladores y debatieron sobre el ingreso de proyectos alternativos de carácter provincial.
El debate entre adherir a la Ley Micaela o dar lugar a proyectos alternativos de caracter provincial, puso a Tucumán una vez más en la agenda nacional. No es la primera vez que la priovincia es noticia en medios de todo el país por la resistencia en implementar leyes que significan la ampliación de derechos para mujeres y para el colectivo LGBTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero).
Al respecto, Celia Debono, Coordinadora de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Argentina, expuso en diálogo con eltucumano.com. que la obstaculización y la demora en adherir a la Ley 27.499 en Tucumán, no es un hecho aislado. “Es también, la única provincia que no se adhirió a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que previene de situaciones de violencia a niñas y niños, es instrumento importante para denunciar abusos prevenirlos en la infancia”, expuso. Además, se refirió a que no es un dato menor que haya sido una de las provincias declaró provida en el año 2018, cuando se llevó a cabo el histórico debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso.
En referencia al proyecto alterativo que presentaron algunos legisladores del Bussismo, dijo que esta situación debe interpelarnos como ciudadanos. “Quieren quitar la palabra ‘género’ del texto original. Una cosa es el desconocimiento y otra cosa es la obstaculización para el acceso a los derechos que están vigentes y esto es lo que hacen algunos funcionarios. La falta de adhesión a esta ley nos tiene que llevar a pensar ¿qué está pasando en Tucumán con los funcionarios? No será momento que se renueven, que rija la paridad de género donde un 50% de los lugares les corresponden a las mujeres?, se cuestiona.
En este contexto, Debono señaló que el
texto original de la Ley Micaela apunta a la prevención. “No necesitamos penas más duras para los agresores,
se busca que no ocurran los delitos, y se eviten las situaciones de violencia. Para esto hay que generar políticas públicas que cuenten con un presupuesto adecuado. ¿Cómo van a hacerlo si no tienen conocimiento de la leyes y tratados vigentes? Para elaborar políticas públicas, crear nuevas leyes y dictar sentencias, y para eso tienen que conocer. A eso apunta la capacitación y sensibilización en los tres poderes del Estado”.
La referente hizo hincapié en que es indispensable que Tucumán se adhiera a la ley y recrodó que en lo que va del año en la provincia tiene uno de los mayores índices de violencia y femicidios. “La ley tiene que salir como está redactada en el Congreso, sin modificaciones, no tiene por qué hacer nueva ley. No queremos ninguna reforma, creemos que es posible la adhesión al igual que las provincias de todo el país. De no tener eso se profundizan las desigualdades”, concluyó.
Mesa de diálogo
Convocadas por los legisladores Federico Masso, José María Canelada, Sandra Tirado y Marta Najar, presidenta de la Comisión de Protección de los Derecho de la Mujer, organizaciones feministas se reunieron este miércoles por la mañana. Representantes del colectivo Ni Una Menos, Mumalá Tucumán, la Multisectorial de Mujeres, Fundación Mujeres x Mujeres, participaron del encuentro.
Si bien el proyecto de adhesión a la Ley Nacional cuenta con un dictamen favorable de mayoría, hasta la sesión prevista para el jueves 21, en la que se abordará este tema, al menos dos proyectos alterativos que prevén una adecuación provincial de la norma con modificaciones, deben ser tratados en comisión.
Agustina Viltes, miembro del colectivo Ni Una Menos Tucumán, reforzó a eltucumano.com la idea de de adherir a la norma nacional y no acceder a las adecuaciones provinciales con modificaciones presentadas los últimos días en la provincia. “En los proyectos alternativos se pretende aguar la responsabilidad del sistema de salud a capacitarse y también plantean la posibilidad de ‘objetar’ la capacitación. Esto nos preocupa por lo que pasó con el caso de Lucía y el caso de Belén”, señaló en referencia a la niña de 11 años a la que se le obstaculizó el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en 2018 y al caso de la joven tucumana que estuvo presa por un aborto espontáneo, respectivamente. Ambos casos representan las situaciones de violencia obstétrica a las que someten a las mujeres.
En este sentido, subrayó que los proyectos locales no representan el espíritu de la Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. “Si los proyectos alternativos se aprueban, no deberían llevar el nombre de Micaela ni de ninguna víctima de femicidio, porque no las representa es una vergüenza”, dijo.
Además, recalcó que es importante el apoyo que recibieron desde diversas organizaciones de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Santiago del Estero, e inclusive de Salta y Jujuy.
Por último, se refirió a los dichos de Ricardo Bussi este miércoles en una entrevista radial. “Nos tiene acostumbradas a este tipo de declaraciones. Es desconocer una problemática por la que venimos luchando hace mucho tiempo y desmerecer el trabajo del feminismo. Es lo que quieren instalar para negarnos derechos, algunos ya adquiridos. Lo único que hace es dejar a Tucumán con menos derechos del país”, expuso.
"Ya tuvimos en Tucumán casos de femicidios. Podrían haber sido evitables, es importante la capacitación para que quienes ejercen el poder público avancen en prevención. Por eso pedimos la adhesión inmediata y sin modificaciones de la Ley Micaela y pedimos que los diferentes bloques en la Legislatura den a conocer sus posiciones al respecto”, finalizó.
Femicidios en tucumán en 2020
9 de enero
-Luciana Salazar, de 24 años, fue asesinada a puñaladas por su pareja en el barrio Alberdi, en la zona de San Cayetano.
20 de enero
-Alba Silva, fue atacada con una masa por su pareja en el barrio Victoria, el suroeste de la capital. El acusado, ya había sido procesado por haber intentado matar a otra mujer.
15 de febrero
Iris Medina, de 27 años, fue asesinada por su pareja en su vivienda de Villa Carmela.
26 de febrero
-Jessica Ortiz
La mujer, de 44 años, su ex pareja la atacó con un hacha.
29 de Marzo
-Femicidio vinculado. Una niña de 2 años, llamada Salage Almirón fue asesinada por su padre. Su madre ya lo había denunciado.
3 de abril
-María Sarmiento, de 22 años, fue asesinada por su concubino en Villa Mariano Moreno. La víctima lo había denunciado por amenazas en la comisaría de El Colmenar el domingo y en la de Villa Mariano Moreno el lunes y el martes, previo a la agresión mortal
20 de abril
-Natalia Coronel, de 36 años, recibió un golpe en la cabeza por parte de su pareja en la localidad de La Madrid.
30 de Abril
-Rosa Guaraz, de 56 años asesinada por su pareja, un hombre de 80 años, quien después suicidó.