Laura Casas, abogada y docente de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Tucumán, recordó que el federalismo establece que las provincias son autónomas, pero no soberanas. “Esto no es la República de Tucumán”, resaltó en relación a la falta de adhesión de la Provincia a normativas sancionadas en el Congreso de la Nación en cuestiones vinculadas a la protección de las mujeres y a los colectivos de la diversidad.
El jueves se debatirá la Ley Micaela en el recinto.
El próximo jueves, a partir de las 08.30, la Legislatura de Tucumán tratará en el recinto la adhesión de la Provincia a la Ley Micaela (N° 27.499), una normativa que prevé la capacitación de los agentes de los tres poderes del Estado en temas de género y violencia contra las mujeres. La polémica que tuvo lugar la semana pasada, a raíz del proyecto alternativo que presentó un grupo de legisladores, abrió nuevamente el debate sobre la potestad que tiene la Provincia para hacer caso omiso a normativas aprobadas en el Congreso de la Nación –algunas hace más de una década- pero que a nivel local permanecen archivadas o sufren numerosos obstáculos para su debate, tratamiento, sanción y posterior reglamentación. En una entrevista con eltucumano.com, Laura Casas -abogada y docente en la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT)- resaltó que “el sistema federal en la Argentina establece que las provincias son autónomas mas no soberanas, por lo que la Legislatura de Tucumán debe respetar lo que establece la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con rango constitucional en materia de Derechos Humanos”.
ET.- En los próximos días se debatirá en el recinto la adhesión a la Ley Micaela, una normativa resistida por algunos legisladores tucumanos, que presentaron proyectos alternativos al que fue aprobado por el Congreso de la Nación. ¿Hasta qué punto la Provincia puede negarse a la aprobación de una normativa a la que ya adhirieron todos los distritos del país?
LC.- Tucumán siempre ha tenido una particularidad: es una Provincia con muchas contradicciones y contrastes. Tiene un movimiento de mujeres que es muy fuerte y con mucha imaginación para llevar a cabo las luchas, pero también existe una veta conservadora que es muy resistente a los cambios que necesariamente tienen que existir. Hablamos de cambios que tienen que ver con el acceso a la ciudadanía por parte de las mujeres y de las personas que integran el colectivo de la diversidad y que, desde lo jurídico, no pueden ser negociables porque el Estado Argentino ha asumido una serie de compromisos en su Constitución Nacional, en donde aparecen también una serie de instrumentos internacionales en el artículo 75 inciso 22. Esto implica que nuestro país hizo una opción por ese paradigma, por el paradigma de los Derechos Humanos, de la inclusión, de ampliación de ciudadanía para aquellos grupos que desde la teoría se dan en llamar ‘desaventajados’ porque históricamente han sido privados de derechos.
ET.- ¿Cómo analiza la resistencia en la Legislatura a aprobar la Ley Micaela para que los agentes de los tres poderes del Estado se capaciten en cuestiones vinculadas a temas de género y violencia contra las mujeres?
LC.- Al igual que el Coronavirus, la violencia contra las mujeres fue considerada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es una preocupación de todos los Estados en Latinoamérica y de todos los países del mundo. Los organismos internacionales y la Argentina a través de su Constitución y de normativas como la ‘Ley Micaela’ establecen que una forma de combatir esta problemática es a través de la educación. En la Legislatura de Tucumán puede haber legisladores que acuerden o no con la normativa, pero es lo que está establecido. En todo caso, es importante recalcar que estamos hablando de evitar la muerte de mujeres a través de personal capacitado que sepa tomar la denuncia, que pueda arbitrar los medios adecuadamente para que puedan salir de situaciones de violencia, para que no convivan con el agresor, para que se tomen las medidas judiciales inmediatas. Y, fundamentalmente, para contar con presupuesto, porque una ley sin presupuesto es como un tigre sin dientes. Sin un presupuesto estipulado, estamos haciendo poesía, no estamos haciendo Derecho.
ET.- ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos para que la Legislatura de Tucumán avance en leyes con perspectiva de género, tales como la Ley Micaela, de Educación Sexual Integral o la que establece el Programa de Salud Sexual y Reproductiva?
LC.- Creo que lo que hay detrás es algún tipo de temor porque venga el feminismo a destruir la familia tradicional o resabios conservadores infundados. Estamos hablando de que todas las personas puedan ser ciudadanas, erradicar la violencia contra las mujeres y contra los colectivos que forman la diversidad. Es un problema gravísimo sobre el cual no estamos haciendo conjeturas: son situaciones que ocurren todos los días y que han recrudecido con esta situación extraordinaria que estamos viviendo de aislamiento obligatorio. Es necesario abordarlo de manera integral y una de esas formas es a través de la capacitación.
ET.- Cada vez que se discuten legislaciones relativas a las mujeres y disidencias, es frecuente que las provincias soliciten adaptaciones basadas en su idiosincrasia. ¿Hasta qué punto el federalismo permite estas digresiones respecto de lo dictado por el Congreso Nacional?
LC.- La Argentina tiene un sistema federal bien complejo. En algún sentido, el federalismo es maravilloso porque las provincias son autónomas y anteriores a la Nación. Pero existen Provincias que todavía mantienen posturas muy conservadoras y de mucha resistencia a cuestiones que el Estado Federal tomó y ya se obligó. En asuntos como los Derechos Humanos, por ejemplo, las Provincias no pueden disponer. En materia de Salud, otro ejemplo, tienen facultades concurrentes, pero siempre respetando los estándares mínimos a los que el Estado Nacional ya está comprometido y de los cuales los diferentes distritos no se pueden apartar. Esto no es la República de Tucumán, somos una provincia autónoma, pero no soberana.
Laura Casas, en la redacción de eltucumano.com
ET.- Teniendo en cuenta que la Provincia tiene un marcado retraso en la adhesión a normativas nacionales en cuestiones de género, se podría pensar que una mujer que vive en el centro del país tiene más derechos que una que vive en Tucumán, ¿cómo se piensan estas desigualdades desde el Derecho?.
LC.- El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) dio cuenta de la situación de los estados federales y las desigualdades que pueden sufrir aun dentro de un mismo país las mujeres: no solo por su condición social y por la falta de recursos económicos, sino también porque viven en algunas zonas en donde esos derechos no se reconocen. Es decir que a la asimetría social y económica se suma esta asimetría territorial, en donde una mujer que vive en el centro del país tiene mayor acceso que una mujer que vive en la periferia. Esto, que efectivamente sucede, es inadmisible en un estado de derecho.
ET.- ¿Considera que la Legislatura de Tucumán en términos generales presenta demoras u obstáculos en el tratamiento de todas las leyes o que las demoras se registran particularmente en temas vinculados a las mujeres y minorías?.
LC.- No estoy en condiciones de decir que el legislativo sea un poder que no funciona bien y consideraría injusto afirmar que todos los legisladores y legisladoras obstaculizan procesos. Pero sí puedo decir que hay ciertas leyes, ciertos temas, que están vinculados a las mujeres o a los colectivos que forman la diversidad que son muy álgidos y que se traban en la Legislatura. Esto se vincula a que el órgano legislativo tiene todos los colores, se caracteriza por contener a las voces que existen en la sociedad y su composición es un producto de lo que la gente votó. Siempre hay una puja y es parte de la contienda política, sin embargo, el límite son los mandatos constitucionales y convencionales que hay que cumplir, aunque haya gente a la que no le guste, le parezca incómodo o no quiera conversar de esto en sus ámbitos familiares.
ET.- Sucede en numerosas oportunidades que los proyectos sufren tantas modificaciones que se termina desvirtuando el denominado ‘espíritu de la ley’. ¿Considera que el bussismo tuvo esa intención al momento de presentar un proyecto alternativo al original? ¿Cuáles son los límites para estas propuestas respecto de la normativa nacional?.
LC.- La adecuación tendría que ajustarse a ver de qué manera se va a implementar la ley en la Provincia. En el caso de la Ley Micaela, habría que contemplar cuántos agentes se capacitarán, con qué frecuencia, cuál será la autoridad de aplicación, cómo van a ser los enlaces entre los distintos poderes, pero no adecuar el contenido y el objetivo último de la ley. Una de las objeciones esgrimidas por los legisladores de Fuerza Republicana es el uso de la palabra ‘género’, justamente el corazón de la Ley Micaela, que busca capacitar con perspectiva de género. Si no se capacita con perspectiva de género, no vemos el problema ni que aquí hay un problema de violación de Derechos Humanos que sufren mujeres e integrantes de los colectivos de la diversidad por su condición de género o por su orientación sexual.
ET.- Insisto sobre la resistencia a abordar estos temas, ¿por qué incomodan tanto?
LC.- El movimiento feminista significa una ruptura, es una contracultura y es incómodo para el status quo, pero es profundamente libertario e igualitario. La teoría feminista y el movimiento quieren la igualdad de todas las personas, que no maten más a las mujeres, plantea otro mundo posible y eso es incómodo para el orden establecido porque implica cuestionar privilegios. El feminismo cuestiona constantemente, eso es parte de evolucionar y de crecer.
ET.- ¿Qué resultado espera de la sesión del próximo jueves?
LC.- Hay buena perspectiva de que pueda salir la adhesión y es interesante ver el proceso, más allá de que sea desgastante para el movimiento de mujeres pelear y hacer un trabajo de hormiga. Sin embargo, es satisfactorio cuando los legisladores se dan cuenta y empiezan a ver lo que significa la ley. Quizá es una posición muy optimista pero pienso que no hay nada como saber, como estudiar, como capacitarse, como sacarse el velo de la ignorancia y perder el miedo. La capacitación no va resolver el problema de fondo, pero es una gran herramienta para sacarnos los prejuicios: cuando una persona se educa, es una persona más libre; también con más criterio, con más apertura. Me voy a permitir ser optimista y creer que nuestra Legislatura va estar a la altura de la Constitución Nacional.