El pasado jueves la
Legislatura de la provincia, por cerca de cinco horas,
debatió y aprobó la adhesión de Tucumán a la Ley Micaela, que establece que prevé la sensibilización y capacitación en los tres poderes del Estado en temas de género.
El largo debate sobre la norma, obligó a los legisladores a aprobar la moción para que la sesión pase a cuarto intermedio para este miércoles, con el resto de los temas que figuraban en el Orden del Día.
Entre los pendientes que pasaron para hoy figura la polémica Ley antimotoarrebato, que implica restringir el uso de las motocicletas para bajar los índices delictivos de la provincia.
La norma impulsada por el Ejecutivo, tendrá muchos planteos ya que hay puntos que generaron polémica, como el pedido de ordenar a las estaciones de servicio de no cargar combustibles a las personas que circulen en motos sin cascos y sin chapa patente. Esto fue rechazado por
Daniel Gargiulo, presidente de la cámara que nuclea a los empresarios del sector, ya que afirman que obliga a los playeros hacer el trabajo que deben cumpli el estado.
Si las modificaciones que se planteen al proyecto son numerosas, este regresará a la comisión de Seguridad para que se elabore uno nuevo. Esto provocaría una demora de varias semanas para que vuelva a ser tratado.
Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad afirmó hace unas semanas que la ley para prevenir motoarrebatos “va a ser vanguardia a nivel nacional, ya que cuenta con la participación activa de los tres Poderes del Estado. Entendemos que el vector del delito es la moto, debido a que más del 70% de los actos delictivos se cometen en dicho vehículo. Vamos dando herramientas al Poder Ejecutivo para ganarle al delito”.
La iniciativa recibió el beneplácito del ministro Maley:“Fortaleceremos los controles y seremos más exigentes para bajar todos los índices de delitos vinculados a los motoarrebatos. Tenemos que marcar con una norma para ir neutralizando toda esta acción delictiva”, enfatizó.