El presidente de la Nación decidió no incluir en el temario de sesiones extraordinarias la prórroga de los beneficios fiscales para los productores de biodiesel.
Foto Secretaría de Comunicación.
Los productores de biodiesel de Tucumán amanecieron con la noticia de que el Gobierno Nacional dejó de lado en el temario de ampliación de sesiones extraordinarias la ley que prorroga hasta 2024 los beneficios fiscales que tienen los biocombustibles.
La iniciativa, que quedó afuera de las prioridades de Alberto Fernández para ser tratadas en enero, incluye ventajas impositivas implementadas con una ley de 2006 que tenía como objetivo promover el reemplazo de combustibles fósiles por biodiesel, bioetanol y biogás, producidos con materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos.
"La utilización de biocombustibles reduce entre un 70% y un 80% los gases de efecto invernadero, comparados con los combustibles fósiles. Avanzar en la ratificación del régimen al que hacemos referencia, también contribuirá a cimentar confianza y construir las certezas imprescindibles para atraer inversiones productivas", señalaron desde el sector.
Sin embargo, el mandatario nacional desició no oir el reclamo y este viernes firmó un decreto para sumar proyectos de ley que puedan tratarse antes del 1 de marzo.
La producción de azúcar y alcohol es la principal actividad económica de Tucumán y las restantes provincias del noroeste argentino, materializada a través de un complejo sucro alcoholero integrado por 20 fábricas, 16 destilerías de alcohol, 13 deshidratadoras, 8.100 productores cañeros independientes y 60.900 trabajadores empleados en forma directa.
Además del Jardín de la República, los biocombustibles tienen peso en la economía de Santa Fe, la principal productora de biodiesel; y Córdoba, una provincia agrícola que en noviembre aprobó una ley para promover cualquier producción de biocombustible y bioenergía.
La última prórroga vence en mayo, pero en octubre los senadores del Frente de Todos se apuraron a extenderla hasta 2024 y lograron unanimidad. Fue en simultáneo a que aprobaran la ley de etiquetado frontal de alimentos con la información de sus ingredientes rechazada por la industria azucarera de Tucumán, que además es la principal productora de bioetanol.
El proyecto de etiquetado frontal se frenó después de un accidentado debate en comisiones, cuando el secretario de relaciones económicas internacionales, Jorge Neme, sostuvo que podría ocasionar un conflicto en el Mercosur y desautorizó a funcionarios de los ministerios de Salud, Desarrollo Productivo y Agroindustria.