El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF-Tucumán) fijó fecha para el juicio por presunta administración irregular de fondos públicos en la que se investiga al exrector y otros funcionarios.
Cerisola ingresando a los Tribunales Federales en 2016. Foto: Twitter @spisarello
Este lunes, el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF-Tucumán) confirmó que en junio se realizará el
juicio oral y público por presunta administración irregular de fondos públicos en la
causa YMAD (Yacimiento Minero Aguas de Dionisio) - Universidad Nacional de Tucumán (UNT) contra el exrector
Juan Alberto Cerisola y otros funcionarios universitarios.
En 2010, la Justicia comenzó a investigar los fondos provenientes de YMAD entre 2006 y 2009 a la UNT. El fiscal federal Pablo Camuña anunció esta mañana a través de las redes sociales que "el TOF Tucumán confirmó que el juicio contra el ex rector Cerisola y otros funcionarios por administración fraudulenta en perjuicio de la Universidad Nacional de Tucumán comenzará en junio de 2021".
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La Fiscalía Federal considera que la UNT fue perjudicada en la realización y refacción de obras públicas, en las colocaciones y en la disminución del porcentaje que debía recibir la facultad. Ramón Eudal planteó la acusación inicial, a la que se sumaron otras presentados por el abogado Oscar López, quien denunció presuntos sobreprecios en la ejecución de las obras.
Se estima que ingresaron $340 millones de pesos o U$S 85,5 millones, contemplando la cotización en aquel momento de la divisa norteamericana. La causa YMAD UNT constituye el primer juicio por posibles delitos de corrupción a las máximas autoridades de la Casa de Altos Estudios en sus más de 100 años de historia.
En diciembre de 2018, el juez federal N°2 de Tucumán, Fernando Luis Poviña, remarcó que "del análisis de todos los elementos de prueba incorporados a la investigación (del uso de los fondos mineros) resulta prima facie que los imputados en los respectivos ámbitos de su competencia -con capacidad de decisión- infringieron dolosamente sus deberes de garantes de la preservación del patrimonio de la Universidad Nacional de Tucumán e irrogaron un perjuicio millonario al erario" al requerir el elevamiento a juicio de la misma.