El intendente de Tafí Viejo salió al cruce de las declaraciones del vicegobernador, quien condenó la citación a indagatoria de concejales de Banda del Río Salí que firmaron un decreto autorizando a comercios "no esenciales" a abrir. El presidente de la Legislatura acusó a Leguizamón de “actuar como en la época del proceso”.
Noguera y Jaldo. (Foto: Facebook Javier Noguera)
La
Unidad Fiscal de Decisión Temprana (UFDT) del Ministerio Público Fiscal citó a indagatoria a los concejales de Banda del Río Salí que firmaron un decreto el pasado jueves 27 de mayo en el que autorizaban a los comercios a trabajar, pese a las disposiciones del
Comité Operativo de Emergencia (COE). El vicegobernador,
Osvaldo Jaldo, aseguró que el fiscal
Marcelo Leguizamón, "incurrió en un gravísimo exceso de atribuciones", y el intendente de Tafí Viejo,
Javier Noguera, lo cruzó en las redes sociales.
El Ministerio Público Fiscal solicitó al intendente interino, Ramón Antonio Radin, que se informe sobre el decreto municipal que firmó en reemplazo del jefe municipal Darío Monteros, de licencia tras dar positivo para Coronavirus. Además citó para el lunes a los concejales Miguel Ángel Diosquez Dupuy, Julio Ernesto Rocha, Miryam Elizabeth Soraire, Mario Ángel Aguirre, Jorge Antonio Flores y Radin ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Ministerio Público Fiscal.
"Las Municipalidades son un eslabón sustancial en la adopción y ejecución de medidas en cada una de las jurisdicciones para asegurar la eficacia de las medidas de prevención y difusión del contagio de la Covid-19. Pero sobre todo son las que conocen las necesidades de sus vecinos y deben compatibilizar la salud y la economía de sus jurisdicciones", opinó Jaldo,
en declaraciones a La Gaceta.
El vicegobernador consideró que corresponde al Concejo Deliberante “reglamentar el funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales y adoptar las medidas que garanticen la salud de la población”, según lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades.
"Sus decisiones, de manera alguna, pueden ser objeto de intervención del fiscal, cuya función es la investigación de los delitos y la promoción de la acción penal pública contra los autores o partícipes. Como dice la Constitución Provincial (Artículo 138), el Intendente municipal, cuando sea sujeto de actuaciones en sede judicial, tendrá prerrogativas procesales equivalentes a la del titular del Poder Ejecutivo. Los concejales no podrán ser molestados por los dichos emitidos en el seno del recinto", apuntó.
En ese sentido, Jaldo sostuvo que "el fiscal Marcelo Leguizamón ha incurrido en gravísimo exceso de atribuciones pretendiendo ejercer contralor sobre decisiones políticas tomadas por un Cuerpo Legislativo Municipal", y expresó su solidaridad "con el intendente Darío Monteros, los concejales que -atendiendo las necesidades de sus vecinos- fijaron una modalidad de trabajo que cuidando la salud preserve asimismo sus fuentes de trabajo. Y también con los vecinos de ese municipio".
"El fiscal actuó como en la época del proceso, de un gobierno de facto, atropellando a las instituciones de la democracia, y a quienes fueron elegidos por la voluntad popular y no fueron puestos a dedo ni sugeridos por padrino alguno", fustigó el presidente de la Legislatura.
A través de las redes sociales, el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, replicó la entrevista de Jaldo a La Gaceta y arremetió: "Celebramos que@OsvaldoJaldo descubra (aunque tardía y selectivamente) el valor de las instituciones democráticas, especialmente de los concejos deliberantes, donde esperamos deje de operar políticamente en contra de su propio partido".
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