La fiscalía y la querella rechazaron la posibilidad de una “legítima defensa” y solicitaron la inmediata detención de los imputados.
Foto de Revista Anfibia.-
El juicio por el crimen de Facundo Ferreira entra en su última etapa. Este jueves, el Tribunal de la Sala I, Cámara Conclusional de Tucumán, escucharon los alegatos de ambas partes, donde se pidió prisión perpetua y la inmediata detención de los dos policías acusados del crimen del menor de 12 años.
Los imputados son Mauro Díaz Cáceres y Nicolás González Montes de Oca, exagentes de la División Motoristas del Servicio 911, señalados de haber asesinado al niño de un disparo en la cabeza el 8 de marzo de 2018.
Marta Jerez de Rivadeneira, fiscal de Cámara, repasó la prueba expuesta durante el juicio y rechazó la posibilidad de que haya habido "legítima defensa", tal como quisieron excusarse los efectivos policiales. "Los niños estaban escapando, no había peligro para los policías", argumentó.
Por esta razón solicitó "prisión perpetua, accesorias legales" y "atentos a la gravedad de la pena, "la inmediata detención" de los imputados. Durante el juicio quedó probado que Díaz Cáceres fue quien gatilló, mientras que González Montes de Oca conducía la moto policial.
Carlos Garmendia, abogado de la querella también hizo el cierre en sus alegatos y también pidió la pena de prisión perpetua para los dos acusados, además que de que abra una nueva investigación contra Diego Darío Lezcano, otro policía involucrado en el hecho, pero por encubrimiento.
"Ningún Policía escuchó el pedido de ayuda o de refuerzos. Ellos habían decidido perseguir esa moto y que ningún otro efectivo supiera lo que estaban haciendo. Recién pidieron apoyo cuando habían cometido el crimen y solicitaron la ambulancia", señaló entre sus argumentos.
Para los acusados pidió "la pena de prisión perpetua en calidad de coautores de homicidio agravado por alevosía y por tratarse de un menor de 12 años y por sus funciones como Policías". Y autores del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Igual que la fiscalía, solicitó la inhibición de bienes, la inmediata detención y el pago de accesorias legales y costas.
Por su parte, la defensa intentó alegar la legítima defensa para justificar la balacera y el abogado argumentó que "era imposible identificar que se trataba de niños" al momento de la presunta persecución.
La decisión final estará en manos de las juezas Wendy Adela Kassar y María Fernanda Bahler y el juez Emilio Páez de la Torre, integrantes del Tribunal.