Desde la organización solicitaron la investigación de los hechos, la sanción de los responsables, la reparación integral a familiares de las víctimas.
A días de cumplirse un mes del incendio en el que murieron cuatro mujeres que estaban detenidas en la Brigada Femenina de Concepción, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) realizó una presentación ante organismos internacionales para esclarecer el hecho.
La organización denunció ante el Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI), la exclusiva responsabilidad del Estado argentino, en particular de la provincia de Tucumán.
En un comunicado detallan que las muertes de María José Saravia, Macarena Maylen Salinas, Micaela Mendoza y Yanet Santillán ocurridas el pasado 2 de septiembre ,"fueron muertes en custodia, ya que estaban estaban bajo el cuidado exclusivo del Estado argentino, y de acuerdo a la normativa nacional e internacional, toda muerte bajo custodia es potencialmente ilícita y permite presuponer la responsabilidad estatal".
En esta dirección consideran que lo ocurrido es "un claro acto de violencia institucional, atravesado particularmente por el género de sus víctimas, todas ellas mujeres, en marcado en el art. 6.b de la ley Nº 26.485., art. 1 y 2 de la CEDAW, art.1, 2 y 7 de la Convención de Belém do Pará".
Además, consideraron que las circunstancias que rodearon estas muertes, constituyen un caso de violencia de género, producida por el propio Estado (violencia institucional). "Por ello, resulta necesario incorporar a la causa judicial que investiga los hechos, una perspectiva de género, asociando el hecho de muerte, sus causas, con la historia de agresiones por las que atravesaron las mismas antes del incendio en el ámbito del encarcelamiento. Son hechos gravísimos que no pueden quedar impunes", manifestaron.
CLADEM solicitó al Comité de Expertas que intervenga, manifestándose en relación con estos hechos y, de ser su competencia, formule recomendaciones al Estado argentino, en particular a la provincia de Tucumán, sobre la investigación de los hechos, la sanción de les responsables, la reparación integral a familiares de las víctimas y la adopción de políticas públicas carcelarias garantizadoras de los derechos humanos fundamentales.