Proponen expropiar los terrenos del Pozo de Vargas, erigir un museo y declararlo Sitio de la Memoria

Ingresó en la Legislatura de Tucumán un proyecto del legislador Julio Silman un proyecto para la expropiación del predio de 14 hectáreas donde se encuentra el Pozo de Vargas, fosa clandestina donde hasta el momento se han identificado los restos de 116 detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. Allí, se propone erigir un museo y declarar ese espacio como Sitio de la Memoria.

Tras conocerse a partir de una investigación del periodista tucumano David Correa las demoras en el pago de los honorarios de los peritos que trabajan en el pozo, surgió la propuesta de Silman que apunta a "consolidar en el país las políticas de Derechos Humanos y contribuir así a los procesos de Memoria, Verdad y Justicia". La iniciativa destaca la labor de las áreas de excavación y peritaje que desarrollaron y desarrollan el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT).

Hasta el momento, allí se recuperaron 38.000 segmentos óseos, enteros y fragmentados, que corresponden a 148 personas, que serían 120 hombres y 28 mujeres.

Silman explicó en diálogo con eldiarioar que "por el estado público de la situación y debido a que el senador Pablo Yedlin se había puesto en contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para interceder para que se pague la deuda con los profesionales, lo llamé para felicitarlo y ofrecer mi apoyo: de esa charla surgió la iniciativa y al senador le pareció razonable avanzar, le compartí un borrador y estuvo de acuerdo".

La iniciativa para expropiar los terrenos donde se sitúa el Pozo de Vargas recuerda que allí fueron identificados los restos del exsenador provincial Guillermo Vargas Aignasse, quien fue visto por última vez el 24 de marzo de 1976, el día el golpe. El proyecto lleva también la firma de su hijo, el legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse.

"En diciembre de 2011 la familia Vargas Aignasse recibió la notificación de parte del Juzgado Federal que encabeza Fernando Poviña, de que el análisis de ADN realizado al segundo metatarsiano de un pie derecho completo del senador secuestrado, encontrado en una media, adentro del pozo, coincidió en un 99,9 % con el perfil genético de la sangre extraída a los hermanos Guillermo, María Marta y Mariana, sus hijos. Así lo estableció en un informe el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)", recuerda el citado medio.

En caso de aprobarse el proyecto impulsado por el exlegislador de Alderetes, se proyectará la construcción de un museo y que el Estado nacional destaque al lugar como Sitio de la Memoria. Hoy, allí se sitúa un memorial con los nombres de los 107 desaparecidos identificados hasta el año 2018 en que fue inaugurado.

El predio tiene 14 hectáreas y allí en una superficie de 6.000 metros se ubican la fosa y el laboratorio para la clasificación del material que se extrae del mismo. Los hermanos Alfredo Vargas (68 años) y Rodolfo Vargas (59) son los hijos de Antonio Manuel Vargas, cuya declaración indagatoria como partícipe necesario de las desapariciones forzadas en la década del '70 solicitó en 2004 el fiscal federal Emilio Ferrer. Sin embargo, falleció en marzo de 2005, antes de la acción judicial. Hoy, sus hijos rechazan la posible expropiación.

"Nos oponemos a que se nos expropie el terreno, somos conscientes que eso podía pasar con el espacio en donde están el pozo y el laboratorio, pero no con el resto de las 14 hectáreas. Haremos todo lo que sea necesario para que eso no suceda si avanza el proyecto sobre todo el terreno", afirmó Alfredo.

Rodolfo planteó que "por una causa judicial no podemos hacer uso desde hace cuatro años de 10 hectáreas, esto nos provoca un enorme daño moral y económico porque ahí sembrábamos soja y eso se perdió".   

En 2017 un testigo de identidad reservada aseguró que junto al Pozo existía otro con restos de detenidos desaparecidos: la causa se denominó Pozo de Vargas II y el Equipo Argentino de Antropología Forense ya elevó su informe al fiscal federal Agustín Chit para su evaluación y la del juez federal Fernando Poviña, quiénes determinarán si se avanza con la causa Pozo de Vargas II o se la cierra por falta de pruebas.

Historia del Pozo de Vargas*

Ubicado a unos 5 kilómetros al oeste desde la plaza Independencia de la capital tucumana, el pozo de agua que formaba parte del sistema ferroviario fue dispuesto por las fuerzas armadas y de seguridad para la inhumación clandestina. El Pozo fue parte de un sistema concentracionario y de exterminio entre mediados de 1975 y principios de 1976, en el marco del Operativo Independencia, y durante la dictadura (marzo de 1976-1983).

El Pozo de Vargas, que lleva su nombre por la familia propietaria del predio, fue construido a fines del siglo XIX para abastecer de agua a las máquinas ferroviarias de vapor; los pozos estaban distribuidos a lo largo de la traza ferroviaria para tener disponibilidad de los recursos hídricos. Para 1975 el Pozo de Vargas ya no cumplía con su función original, pero estaba ubicado estratégicamente por ser nodo conector de tres departamentos densamente poblados: Tafí Viejo, Yerba Buena y San Miguel de Tucumán.

A partir de la denuncia de vecinos, familiares y organismos de derechos humanos, que aseveraban la existencia de un pozo empleado para el ocultamiento de cuerpos, hacia fines del año 2001 se visita la finca de Vargas con la intervención del Grupo interdisciplinario de arqueología y antropología de Tucumán (GIAAT). Luego, el 8 de mayo de 2002, se localizó la construcción subterránea de 3 metros de diámetro y aproximadamente 40 metros de profundidad, que había sido ocultada para borrar evidencia.

En el 2004 se produce el primer hallazgo de segmentos óseos humanos. Desde 2009 y hasta el presente, algunos peritos del GIAAT conforman el Colectivo de arqueología, memoria e identidad de Tucumán (CAMIT) retomando los trabajos de arqueología forense y recuperando más de 38.000 segmentos óseos humanos (enteros o fragmentados) que conforman un universo de 148 personas, dato arrojado por los perfiles genéticos, de las cuales 120 serían hombres y 28 mujeres. También recuperaron ropa, calzados y objetos personales de las víctimas, como también proyectiles, tabiques y mordazas y demás materiales culturales asociados a múltiples escenas del crimen. En el 2011, desde Buenos Aires, la Iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas (ILID) del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) analizó las muestras genéticas e identificó a 113 personas.

Las pericias de arqueología forense y el análisis de muestras genéticas se desarrollan en el marco de la causa judicial “Romero Enrique s/su denuncia”, expediente 400140/2002, a cargo del Juzgado Federal 2 de Tucumán.

*fragmento tomado de comisionporlamemoria.org.