Ediles cuestionan al intendente por vetar parcialmente un aumento de las partidas para el funcionamiento del cuerpo deliberante. Lo acusan de estar “enojado” luego de que rechazaran la construcción en altura en la tradicional zona. “Varios empresarios se embalaron y se han puesto a comprar propiedades”, señaló Alejandro Sangenis (h).
El intendente de Yerba Buena Mariano Campero, mantiene desde mediados de marzo una disputa política, económica y financiera con el Concejo Deliberante de la Ciudad, luego de que se vetara un incremento del 5% en la partida asignada a ese cuerpo en el marco del Pacto Social.
A comienzos de esta semana, el jefe municipal vetó de manera parcial la ordenanza aprobada, que tenía como objetivo garantizar el funcionamiento de la institución legislativa municipal. Para esto "el departamento ejecutivo municipal, deberá transferir a la cuenta única del Honorable Concejo Deliberante, de manera automática el 5% de lo percibido por el Superior Gobierno de la Provincia en cumplimiento del acuerdo de financiamiento reintegrable”, rezaba la norma tratada el pasado viernes.
Alejandro Sangenis (h), edil peronista de la Ciudad Jardín, afirmó que "con la ordenanza sancionada pretendíamos cubrir los gastos que demanda el funcionamiento del Concejo Deliberante, que gasta una fortuna en oficinas porque no tiene un edificio propio. Y no puede ser que cada mes tengamos que ir a mendigar a la Intendencia por los recursos que se necesitan", explicó en Los Primeros.
El Ejecutivo municipal decidió promulgar la ordenanza una vez vetada parcialmente lo que impidió su regreso al recinto para ser debatida nuevamente por los concejales, algo que molestó también a los oficiales como Rodolfo Aranda, presidente del Concejo e integrante del mismo espacio político de Campero.
En ese sentido señaló que este veto, es una especie de revancha luego de que el Concejo rechazará un decreto que afectaba parcialmente el Código de Planeamiento Urbano (CPU) de Yerba Buena; en particular, a la zona del “casco viejo”.
"El intendente está enojado porque sacamos a la luz un decreto sacado entre gallos y medianoche, para construir departamentos en el casco viejo. Y se enojó, porque llegó por izquierda a nuestras manos. No lo hizo por ordenanza”, afirmó Sangenis, uno de los principales opositores a esta decisión.
“El Casco Viejo es un APP (área de preservación patrimonial) y solo puede ser modificado por una ordenanza que permita construir edificios en altura, complejos comerciales más departamentos. Lo quiso hacer por decreto y varios empresarios que tuvieron conocimiento de ese decreto se embalaron y se han puesto a comprar propiedades para construir”, señaló el concejal.
En febrero, Manuel Courel, explicó en La Gaceta que no se trataba de una modificación al CPU. Por un lado, explicaba que al CPU, de 1994, le había seguido una ordenanza que de alguna manera contradecía la norma original, y que con decreto buscaban zanjar esa contradicción normativa. Por otro lado, querían preservar la identidad de la zona, con una actualización a la realidad de crecimiento que viene mostrando Yerba Buena.
El decreto original, N° 776, fue fechado el 25 de noviembre del año pasado. El 18 del mes pasado se redactó nuevamente, con el mismo texto, pero con el agregado de que el documento se emitía ad referendum del Concejo Deliberante.
“Defínase en las 25 manzanas que conforman la antigua Villa Marcos Paz, delimitada por avenida Aconquija hacia el norte, Boulevard 9 de Julio hacia el sur, calle Anzorena al este y calle Belgrano al oeste (...) un nuevo valor a los coeficientes FOS y FOT para emprendimientos en propiedad horizontal, tanto en obras nuevas como en ampliaciones y/o remodelaciones", rezaba el artículo 1. Los coeficientes mencionados mediante sus siglas significan Factor de Ocupación del Suelo (FOS) y Factor de Ocupación Total (FOT). Ambos determinan el porcentaje máximo del terreno a ocupar con una edificación en planta baja. El artículo 5 daba bandera verde a la posibilidad de que se construya hasta una altura de seis metros".
"Lejos de ser meramente reglamentario, como sostenía el departamento Ejecutivo, el decreto modificaba sustancialmente el CPU, porque cambiaba el uso de una zona determinada, tan importante como lo es el 'casco viejo'", manifestó el concejal Lisandro Argiró.
El rechazo al decreto fue unánime ya que tuvo nueve votos de los 10 posibles, porque Aranda estaba a cargo del departamento Ejecutivo debido a que Campero se encontraba en Santiago del Estero, junto al ex funcionario macrista Alfonso Prat-Gay.
Ante este panorama, Sangenis adelantó que el cuerpo reunirá los votos necesarios para lograr su insistencia y con ello, lograr su sanción. El próximo martes estaría listo el dictamen a través del cual se rechazará el veto y la promulgación del Ejecutivo.