“Necesitamos lograr un consenso que nos deje tranquilos a todos, que respete el espíritu y el texto constitucional”

En medio del grave conflicto institucional que atraviesa el Poder Judicial a nivel nacional, luego de la toma de posesión de Horacio Rosatti como presidente del Consejo de la Magistratura (CM) siendo también presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el senador Pablo Yedlin dio su punto de vista respecto al tema que hoy ocupa tapas y pantallas de medios a lo largo y ancho de la Argentina.

Para el parlamentario tucumano hizo hincapié en la necesidad de que ambos órganos judiciales sean independientes el uno del otro, justificando, en ese sentido, la maniobra adoptada por el oficialismo de dividir en dos el bloque Frente de Todos (FdT) y transformarlo en un interbloque que les brinde mayor representación en el Consejo de la Magistratura. “El punto es que la CSJN nos obliga a tomar esta decisión. Nos parece lógico que pretendamos tener, con esta composición que nos obligan a tener al presidente de la Corte como presidente del Consejo, cosa que no dice la Constitución, que no dice el fallo, que no estaba en el espíritu de los constituyentes del 94”, señaló.

"El parlamentarismo y las reglas son así. Somos en realidad un frente, constituido parlamentariamente como un solo bloque, hemos tenido votaciones donde no estamos todos juntos. En este caso particular, desde el punto de vista nuestro, perdíamos un consejero al sostener la idea de trabajar en bloque y no como un interbloque, cosa que ellos (Juntos por el Cambio) están haciendo permanentemente. Porque ellos son un interbloque, tienen al radicalismo y al PRO, y usan ese sistema para tener más exposición, para poder hablar más veces", añadió respecto a la decisión de fragmentar la bancada en la Cámara Alta.

Yedlin reparó en la función del CM que, además de administrar la Justicia Federal, tiene a su cargo el control del funcionamiento del Poder Judicial. “El Consejo de la Magistratura es un órgano que, además de manejar la administración de toda la Justicia Federal argentina, también tiene el objetivo de controlar al Poder Judicial. Y si lo va a dirigir el presidente de la Corte, obviamente que hay una puja de intereses que no queda del todo clara”, explicó.

En diciembre de 2021, la Corte declaró inconstitucional la ley que en 2006 –durante la Presidencia de Néstor Kirchner- redujo de 20 a 13 la cantidad de integrantes del Consejo de la Magistratura. Dieciséis años después, al declarar la inconstitucionalidad de esa norma, el máximo tribunal presidido por el propio Rosatti dispuso el retorno a la vieja estructura, devolviéndole vigencia a una ley derogada por el Congreso de la Nación. Otorgó, entonces, un plazo de 120 días al Parlamento para que emita una nueva ley. El Senado aprobó un proyecto del Ejecutivo nacional con el aval del Frente de Todos y aliados provinciales y los votos en contra de Juntos por el Cambio, el cual no contempla la participación de la CSJN en el CM y que establece una integración con 17 representantes.

Otra de las razones de la CSJN para volver al pasado es el desequilibrio que los magistrados temen ante lo que denominan el “estamento político”, compuesto por tres senadores, tres diputados y un representante del Poder Ejecutivo nacional. Todos juntos, alegan, podrían tener quórum propio. Sin embargo, Yedlin sostiene que esto nunca sucedió.

“Dividir el consejo en estamento político y no político, no tiene lógica en el punto de vista en las votaciones. Las divisiones son políticas, pero no responden a los estamentos, sino a las procedencias y militancias de cada uno de los consejeros. Con este tema de que posiblemente el senador termine representando a alguno de los bloques, estaremos 10 a 10 hasta que tengamos una nueva ley. Vamos a tener un consejo bastante equilibrado y me parece que nadie puede enojarse por eso”, consideró Yedlin.

La Presidencia de Rosatti en el Consejo de la magistratura también preocupa al parlamentario tucumano por la contradicción que implica esta nueva doble funcionalidad, que lo posicionan como contralor y decisor, simultáneamente. “Desde nuestra mirada, el presidente de la Corte tiene que atender los fallos que lleguen a su ultima instancia. Si además de eso administra la Justicia Federal, con esa doble función, de controlador y decisor, muchas decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, como el freno a las tarifas, quizás la gente lo ve en abstracto, pero muchas de las decisiones de la Justicia tienen que ver con la vida cotidiana”, analizó y se refirió, además, al millonario presupuesto entre ambos órganos que tendrá a cargo el doblemente presidente. “El Consejo es responsable de la administración de la Justicia Federal. Los $130.000 millones de la Justicia Federal, sin incluir los $30.000 millones de la Corte, sino del resto, dependen de la administración de quien sea presidente del Consejo; también hay un interés en esto”, deslizó el tucumano.

“Esta idea que dice que de un lado está la República, la independencia de poderes y del otro lado la necesidad de impunidad, no es verdad. No tiene que ver ni con la función del CM ni con lo que se está intentando hacer. Hay que entender que necesitamos lograr un consenso que nos deje tranquilos a todos, que respete el espíritu y el texto constitucional, que hoy claramente no incluye al presidente de la Corte como presidente del Consejo”, culminó Yedlin.