Abogados de familiares de las víctimas buscan que el juicio arranque antes de la feria judicial.
Armando "El Gato" Zarlenga. (Foto: PGA Tour)
Este último viernes se confirmó la elevación a juicio de Armando El Gato Zarlenga por atropellar y matar a los rondines Maximiliano Joaquín Saldaño (24) y Joaquín Morales Frank Colombres (22), el pasado 25 de abril. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se solicitó una pena de cinco años de prisión efectiva, menor a la de la querella, que en la última audiencia preparatoria pidieron de 9 a 12 años.
Federico Iramain, por un lado, y Jorge Lobo Aragón, del otro, son los abogados que representan a las familias de las víctimas. Van con causa penal unificada, aunque diferenciada de la acusación de la Fiscalía de Pedro Gallo.
“Fue una audiencia maratónica, sin precedentes; más de 12 horas. Se resolvió que se vaya con las dos acusaciones en donde el tribunal decidirá cuál de las dos configuran el delito”, señaló a eltucumano el letrado Lobo Aragón.
La querella había solicitado que sea un tribunal colegiado el que entienda la causa, pedido que fue descartado por el juez de Garantías, Gonzalo Ortega.
“Son muy pocos los casos que llegaron con dos acusaciones a un debate oral; entendemos que es un caso que dejará asentado un precedente”, indicó Lobo Aragón.
Sin embargo, y a pesar del optimismo por el inicio del debate oral, a los abogados de la querella les preocupa un factor fundamental que podría poner en riesgo el resultado final de la condena: el tiempo. Buscan que el inicio del juicio sea antes de la llegada de la feria judicial. De lo contrario, se presentan dos escenarios: el primero, el de una libertad temprana del acusado; y el segundo, que los meses de prisión preventiva afecten el cumplimiento efectivo del eventual condenado tras las rejas.
“Vamos a pedir la prórroga de la prisión domiciliaria hasta que se concrete el debate oral. Con esto vamos a apurar los tiempos, porque si pasa la feria judicial no sabemos qué puede resolver el juez respecto a esos meses”, explicó Lobo Aragón y advirtió: “Podría salir en libertad con tobillera”.
“Él está en una jaula de oro desde hace cinco meses, depende del juez de ejecución si los van a tener en cuenta para la hipotética pena. Si el tribunal pide la pena máxima del MPF, puede ir preso a la unidad penitenciaria”, insistió el letrado querellante.
Según lo establece el nuevo código procesal, hay tiempo de hasta dos meses para iniciar un debate oral. Y aún después de iniciado el juicio, ambas partes podrían llegar a un arreglo e interrumpir el proceso, lo que significaría una eximición de prisión para el golfista Zarlenga y una reparación económica para los familiares de las víctimas.
“Todavía después de la etapa que hemos pasado, a pesar de no estar previsto en el código hay una costumbre que pueden pedir juicio abreviado y reparación, y si hay unanimidad en las víctimas directas se llega a un arreglo. Depende de los criterios de cada uno; a veces es difícil entender. Yo quiero el debate oral y quiero que siga la causa por el precedente”, concluye Lobo Aragón.
Luego de las pruebas aportadas al tribunal, la causa fue caratulada como homicidio culposo. Para la querella, sin embargo, había pruebas suficientes para calificar el delito como homicidio con dolo eventual, que tiene penas mayores.
“En la investigación preparatoria con los elementos reunidos, una vez que el fiscal tenia todos los elementos, estimamos que eran más que suficientes para caratular el hecho como homicidio con dolo eventual”, señaló el letrado consultado, al tiempo que describió: “Venía a más de 120 kilómetros por hora. Había presencia de metabolitos de cocaína, la rinoscopia no dio un resultado positivo pero eso no significa que no haya transitado con ese producto; ellos pueden decir que era hoja de coca, pero eso se resolverá en el debate oral. Venía hablando por celular”.
Más allá del proceso judicial, Jorge Lobo Aragón entiende que el caso Zarlenga provocó un quiebre en la sociedad. Considera que no fueron pocos los que abogaron la teoría de que los acusados de mayores recursos tienen más posibilidades de evitar la cárcel que aquel que pertenece a sectores más vulnerables.
“Hay un quiebre, muchos entienden que los que tienen dinero no van presos y los que roban celulares sí”, aseguró el abogado, que fue uno de los más críticos de la decisión de dictar la prisión preventiva al golfista por falta de cupo en el penal de Villa Urquiza, en mayo pasado.