La Justicia resolvió la elevación a juicio de la causa en la que el todavía presidente de Canal 10, Rodolfo Burgos, está imputado por abuso sexual en contra de su hijastra menor de edad. Una decisión con sabor agridulce para la madre de la víctima.
La abogada Daniela Moris, madre de la víctima de abuso sexual infantil en la causa que investiga a Rodolfo tercero Burgos como autor material.
“Es una buena noticia en el contexto en que estamos, bastante malo y de injusticia”, reconoce Daniela Moris a eltucumano, madre de la víctima de abuso sexual en la causa que investiga al todavía presidente de Canal 10, Rodolfo Tercero Burgos, como autor del delito.
Son sensaciones encontradas para Moris sobre la decisión de la Justicia de elevar a juicio oral y público el caso de su hija. Para ella, más allá de todo, hay un factor que se vuelve determinante y que se convierte en una batalla más: el tiempo. Mientras más transcurre, mayor es el sufrimiento para su pequeña hija, que el año que viene comenzará a cursar el Nivel Primario. Un pequeña que desde hace más de un año crece y se desarrolla judicializada.
“La audiencia se realizó en febrero, estamos en la nada misma todavía porque la jueza Isabel Méndez, del Colegio de Jueces, ha decidido llevar el caso mediante el sistema conclusional, un sistema más largo, escriturista, mucho menos dinámico que el nuevo adversarial”, se lamenta Moris, quien también es abogada y, como tal, también denuncia haber sido víctima de algunas arbitrariedades por parte de una de las juezas que entendió en la causa en su etapa inicial.
“Burgos está logrando con esto lo que quiere: desvanecer los derechos de una menor en el tiempo. Por más que hoy haya habido una resolución justa de continuar el trámite, el tiempo que pasa ya no respeta los derechos del niño”, señala la madre de la víctima.
Un factor que perjudica el proceso y búsqueda de Justicia de una niña víctima de abuso y que, además, se configura dentro de una serie de irregularidades que no solo denuncia Daniela Moris, sino que también fueron analizadas y verificadas por órganos como el Observatorio de Niños Niñas y Adolescentes (ONNyA) del Colegio de Abogados de Tucumán.
“El informe habla de los procesos de familia la jueza Valeria Judith Brand del Juzgado de Familia de la quinta nominación transgrede la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana contra la Corrupción y las 100 reglas de Brasilia y la Ley 26485, que es la Ley de Protección Integral de las Mujeres”, señala Moris sobre el documento presentado por el ONNA del Colegio el pasado 14 de noviembre.
El documento, además, se refiere a irregularidades detectadas durante la Cámara Gesell realizada a la menor como así también de los derechos de la pequeña vulnerados por la jueza Isabel Méndez, el fiscal Fernando Blanno y el auxiliar de fiscal Leonel Sosa al solicitar el tratamiento de la causa con el sistema conclusional que, consideran, no respeta los derechos de una víctima de abuso sexual infantil por el tiempo que propio sistema ofrece para la resolución de conflictos.
“Este lapso provoca una vulneración de los derechos, hay una real dificultad de derecho a una información segura. Hay leyes que están por encima y más si tenemos en cuenta que el derecho no es una ciencia rígida, admite contemplar situaciones diferentes que no han sido contempladas”, explica Moris al tiempo que se lamenta: “Hay como una suerte de anestesia moral, en todos los planos y sobretodo en el Poder Judicial. Hablan de ‘la menor’ y es una menor que tiene una vida y la transita como puede. Yo la llamo ‘menor’ porque no la puedo individualizar; la tratan como objeto de derecho y no como un sujeto de derecho”.
Moris también aprovecha la oportunidad para hablar sobre el rol de algunos medios de comunicación y reniega por algunas de las pruebas que curiosamente no han sido tenidas en cuenta en la causa. “Hay como una suerte de nube en la parte de la información. Hay una suerte de protección que se va a ir diluyendo porque hay pruebas y hay muchas más que no han sido tomadas en cuenta por la fiscalía. Hubo pruebas que demostraban la corrupción de menores que no fueron aceptadas por el tribunal”, describe.
“Es una buena noticia (la elevación a juicio), pero si la pienso, mi hija es una personita que continua creciendo judicializada; el tiempo que pasa son los derechos de mi hija desvaneciéndose”, celebra la madre de la víctima esta pequeña victoria con sabor que parece más bien agridulce. “Esto es un pequeño paso que dimos y que no está firme”, agrega.
Daniela Moris hace un recuento de la obstrucción detectada en el ejercicio de los derechos de su hija. Lo atribuye a algo que llama un “exceso de ritualismo formal” que también tuvo un impacto negativo en el derecho de defensa y que se prolongó en el tiempo en perjuicio de la menor. “La jueza Brand ha mostrado una actitud preferencial hacia Burgos, cualquier planteo que se haya hecho por nuestra parte ha sido rechazado.
“Brand tenía más de tres informes respecto a la situación emocional de mi hija y los invisibilizó. Mandó a psicoanalizar a la madre y a la menor, pero no a Burgos como presunto abusador y con informes psicológicos que demostraban que mi hija había sido abusada. Esta jueza habilitó un régimen comunicacional a favor de Burgos sin ninguna prueba. Solicité una escucha de la niña, que está avalada en uno de los artículos de la Convención de los Derechos del Niño y le fue negada; hablo de situaciones gravísimas”, recuerda y describe Moris.
Actos de discutible parcialidad que no solo quedan encuadrados en la causa que investiga el abuso sexual de Rodolfo Burgos a la hija de Daniela Moris, sino que también afectan a la abogada y madre de la víctima en su trabajo como letrada. Moris asegura ser víctima de bloqueos y apercibimientos a la hora de acceder al sistema SAE, plataforma digital que usan los abogados para llevar adelante los procesos judiciales.
“A mí como abogada la jueza Brand me ha faltado el respeto, me ha amenazado, me niega el acceso al sistema, me bloquea los expedientes de la causa y de otros procesos. Esto lleva años, es una locura y es ilegal, es una arbitrariedad. Cuando me abre el sistema (SAE) me apercibe con sanciones económicas a modo de presión”, denuncia.
“Este juicio parece un juego de ajedrez”, analiza Moris por las distintas decisiones tomadas durante el proceso, como el llamativo pedido de la Fiscalía de tratar la causa con el sistema conclusional, sobre lo que la madre de la víctima tiene sus propias opiniones y lógicas dudas. “Esta jueza Brand y Méndez y el fiscal Blanno, que piden que la causa sea tratada con sistema conclusional, no tomaron ninguna medida además de una restricción de acercamiento que el imputado violó”, critica y se anima a pensar en el lamentable desenlace de la causa de no haber tomado la determinación de hacer visible lo que muchos en la provincia se esmeraron en invisibilizar. “En este tipo de delitos no se necesita un abogado particular, pero si no lo hubiera contratado esta causa seguramente estaría archivada en la Justicia y en los medios como pasa hasta ahora”, concluye.
Sobre todos estos hechos irregularidades descriptos por la madre de la víctima, el Observatorio de NNyA del Colegio de Abogados realiza las siguientes conclusiones:
- En los procesos civiles en el fuero de familia hubo obstrucción en el ejercicio de los derechos, ello se vio manifestado en exceso de ritualismo formal que vulnera el derecho de defensa, lo que se prolonga en el tiempo en total perjuicio del sujeto de dercho. - En el proceso penal, si bien la causa se encuentra elevada a juicio, con un recurso de apelación interpuesto, el lapso transcurrido provoca la vulneración de derechos de la parte querellante. Observando así mismo la dificultad de acceso a una información concreta y segura de la causa, lo que también redunda en la afectación del derecho de defensa en juicio y de la igualdad de las partes ante la Ley. - Por último observamos ciertos reparos en acceder a las causas redundando ello en las afectaciones ya referidas. |
“Cuiden a los niños, el Poder Judicial de Tucumán no los protege. Si no hay una protección judicial en el tiempo, si no están garantizados en el tiempo, entonces no existen. Deseo que el nuevo año venga con verdad, justicia, esperanza, con moral, amor; que esto esté arraigado en los corazones, con empatía, que sepamos que hay personas y no objetos en los procesos judiciales”. Palabras de Daniela Moris, abogada, madre de una víctima de abuso sexual infantil que busca Justicia contra viento, marea y el olvido que proponen desde los sectores más poderosos.