El legislador y dirigente bancario, Eduardo Bourlé, denuncia maniobras para perjudicar a la principal aseguradora financiera de los tucumanos. “Una pyme de algunos picaros y parte de la Justicia”, lamentó.
Jueza Sandra Alicia González y legislador Eduardo Bourlé.
El legislador tucumano y dirigente sindical bancario, Eduardo Bourlé, expuso este sábado por la mañana la delicada situación judicial que atraviesa la Caja Popular de Ahorros de Tucumán (CPA). Embargos por millones de pesos a causa de juicios laborales que según el parlamentario provincial son, cuanto menos, sospechosos por los antecedentes del estudio jurídico que llevó adelante las demandas en contra de la institución financiera.
A través de un comunicado, Bourlé señala que el estudio jurídico en cuestión se encuentra denunciado por defraudación agravada y falsificación. “El estudio jurídico denunciado promovió decenas de demandas contra la Caja Popular de Ahorros para cobrar indemnizaciones indebidas de la ART. Para esto adulteraron los hechos y hasta falsificaron test de PCR”, denuncia.
Desde 2020 a la fecha, son 160 las causas consideradas irregulares en contra de la CPA. Y en la mayoría de ellas poseen existe un denominador común: la jueza del Juzgado de Trabajo XI, Sandra Alicia González, a quien Bourlé no teme señalar como parte responsable de la delicada situación judicial de la Caja Popular.
“Esta jueza, con una velocidad inédita, trabó 12 embargos express en contra de la Caja Popular de Ahorros y en muchos casos sin siquiera estar notificada de la demanda la Institución”, denunció el legislador. “Esta jueza desfinancia a la Caja Popular de Ahorros solo para resguardar los bolsillos de particulares que dolosamente manipularon las leyes para quedarse con dinero del Estado”, agregó.
Por otro lado, el dirigente sindical repara en la inacción de la Justicia en casos como el de la empresa de distribución eléctrica EDET, denunciada en varias ocasiones por la calidad del servicio y por el cobro de “tarifas abusivas”.
“Como representante del pueblo exhorto al resto de mis pares a adoptar las medidas constitucionales que correspondan a los efectos de que aquellos miembros del Poder Judicial que miran a un costado, honren el cargo para el que fueron designados y se ocupen de aplicar la ley para solucionar los problemas de los tucumanos y resguardar a sus Instituciones”, concluyó el legislador.
“Juicios contra la Caja Popular de Ahorros: una pyme de algunos picaros y parte de la Justicia”
Mientras algunos jueces protegen los intereses de EDET desoyendo los reclamos de los tucumanos, otros benefician a un estudio jurídico denunciado por DEFRAUDACIÓN AGRAVADA Y FALSIFICACIÓN para perjudicar a la Caja Popular de Ahorros.
El estudio jurídico denunciado promovió decenas de demandas contra la Caja Popular de Ahorros para cobrar indemnizaciones indebidas de la ART.
Para esto ADULTERARON LOS HECHOS Y HASTA FALSIFICARON TEST DE PCR.
Desde el año 2020 hasta la fecha ARMARON 160 DENUNCIAS IRREGULARES.
Llamativamente casi siempre sale “sorteado” para entender en estas causas armadas el Juzgado de Trabajo XI a cargo de la Dra. SANDRA ALICIA GONZALEZ.
Esta jueza, con una velocidad inédita, trabó 12 embargos express en contra de la Caja Popular de Ahorros y en muchos casos sin siquiera estar notificada de la demanda la Institución.
Esta jueza beneficia a un estudio denunciado por defraudación agravada y falsificación solo para perjudicar a la aseguradora de los trabajadores del estado y a los trabajadores con casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales.
Esta jueza prescinde de los hechos y del derecho aplicable, no pondera el interés público ni la sustentabilidad del sistema solo para beneficiar a particulares denunciados por defraudación y falsificación.
Esta jueza desfinancia a la Caja Popular de Ahorros solo para resguardar los bolsillos de particulares que dolosamente manipularon las leyes para quedarse con dinero del Estado.
En otros juzgados no se da esta situación sospechosa e irregular, solo en el juzgado de la Dra. SANDRA ALICIA GONZALEZ.
Los tucumanos y sus Instituciones, en este caso la Caja Popular de Ahorros, se encuentran desamparados ante el proceder de estos jueces que ignoran sus reclamos, bajo la premisa de defender a los poderosos. El caso EDET es otra muestra de esto.
Como representante del pueblo exhorto al resto de mis pares a adoptar las medidas constitucionales que correspondan a los efectos de que aquellos miembros del Poder Judicial que miran a un costado, honren el cargo para el que fueron designados y se ocupen de aplicar la ley para solucionar los problemas de los tucumanos y resguardar a sus Instituciones.