La herencia de un padre a su hija destapó un oscuro entramado que podría obligar a revisar numerosas condenas basadas en supuestas falsas pruebas. Desde privaciones de la libertad hasta el despojamiento de bienes; la investigación ya se encuentra en curso.
La denuncia de un abogado ha generado inquietud en el Poder Judicial de Tucumán. El letrado Juan Sebastián Bauque solicitó que se investigue la habilitación de dos peritos de caligrafía que prestan sus servicios desde hace varios años al sistema local. Un pedido que detonó luego de que su representada heredara una casa y un automóvil antiguo de su padre, bienes que descubrió que ya habían sido vendidos por desconocidos que también están bajo la lupa de la Justicia.
La mujer inició un proceso legal para recuperar sus bienes y durante la investigación se solicitó una pericia caligráfica para determinar si la firma del padre en los documentos de transferencia era auténtica. Sin embargo, el perito que realizó la pericia afirmó que la firma era auténtica. El abogado defensor notó que el perito en cuestión no aparecía en la lista de peritos registrados en la oficina de Superintendencia del Poder Judicial.
“Los mismos no tendrían ningún título que los avale para realizar pericias caligráficas y podrían tener un curso de criminología”, señaló Bauque en un escrito. “Esto no los autoriza bajo ningún punto de vista a realizar pericias caligráficas porque si no estarían ejerciendo ilegalmente una profesión que no están facultados para hacerlo, estando incursos en delitos penales graves”, añadió y dejó abierta la puerta a una grave situación dentro del Poder Judicial al suponer que los supuestos “peritos truchos” podrían haber intervenido en numerosos procesos judiciales en donde personas pudieron ser despojadas de su libertad o de bienes con la venia de falsos peritajes.
“¿Hay personas privadas de la libertad y condenadas en Tucumán por pericias caligráficas realizadas por esos peritos? Lo que denuncio es grave y debe ser investigado ya”, denunció Bauque.
El Poder Judicial dispone de una oficina de Superintendencia en la que los peritos se registran. Cuando los funcionarios necesitan aclarar alguna situación, mediante un oficio enviado a esa oficina, requieren la intervención de los especialistas que aparecen en esa nómina. Ante esta situación, el abogado presentó una solicitud de investigación para esclarecer la habilitación de los peritos de caligrafía. Actualmente, la Corte Suprema de Justicia ha iniciado una indagación sobre el caso.
Al dar con el paradero de los compradores y posteriores vendedores de los bienes que le correspondían por herencia, la víctima representada por Bauque aseguró que los boletos de compra-venta eran “truchos”. Esto porque, según ella, el estado de salud de su difunto padre le habría impedido firmar cualquier tipo de documento.
Dicha afirmación los llevó hasta la Escribanía cuyos sellos y firma figuraban en los documentos. Allí fue el propio titular del Registro quien confirmó la inexistencia de actas de ninguna de las ventas y también desconoció la originalidad de los sellos y firma en cuestión.