Un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales no pudo evaluar el accionar del organismo que conduce Edmundo Pirincho Jiménez y lo acusa de “ocultar deliberadamente información”.
Edmundo Pirincho Jiménez. (Foto: Facebook Ministerio Público Fiscal de Tucumán)
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) publicó recientemente un informe respecto a "La eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales en Argentina", donde se evaluó la "eficacia político-criminal" de los fiscales de cada provincia. El MPF de Tucumán a cargo de Edmundo Pirincho Jiménez quedó al margen del mismo y señalado entre los Ministerios que "no responden ni publican información".
Tucumán fue señalada entre las seis provincias cuyos MPF “no enviaron ni siquiera los 4 indicadores más elementales (ingresos, condenas, SJP y acuerdos reparatorios) que permitirían medir la eficacia básica”.
“Tucumán y (con cierto rezago) Catamarca, son dos provincias con sistemas acusatorios consolidados, cuya falta de datos, a esta altura, sólo puede responder a un desinterés por los datos o, aún peor, a una posible decisión política de ocultar deliberadamente esta información”, arremetió el Instituto.
El fiscal Gustavo Gómez, Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, hizo alusión a esta publicación: "Hablemos de los fiscales. ¿Sabés que el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el INECIP, saca cada una determinada cantidad de meses un ranking de la eficacia política-criminal de los fiscales? Es datos que salen por internet, los puede encontrar cualquiera. Pero le voy a dar una mala noticia: existen seis provincias que no publican ninguna estadística de los fiscales. Catamarca, Misiones, San Juan Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Para el año año 2021, ninguna de estas seis provincias informó públicamente cuáles son sus datos en materia de eficacia de política criminal. Hablemos de los fiscales", remató.
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El Inecip explicó que "la tasa básica de eficacia político-criminal busca identificar cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad", que es "uno de los objetivos principales de los Ministerios Públicos".
Para medir la eficacia político-criminal se consideran los ingresos (cantidad total de casos penales ingresados al MPF durante el 2021 -de acuerdo al criterio de definición de “ingresos” tomado por los propios MPF-) y las salidas con incidencia político-criminal, que pueden ser condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios.
Así las detalle este organismo: “Salidas aprobadas durante el 20212 que tengan alguna capacidad -aunque sea mínima- de impactar sobre el control de la criminalidad. Una condición necesaria, aunque no suficiente, para que las salidas tengan esa capacidad, es que impongan a una persona la realización de algún tipo de acción como consecuencia de su participación en el conflicto primario. Estas salidas implican reconocimiento de responsabilidad (formal o informal) y consecuencias de las acciones. Esto significa que los sectores victimizados han recibido alguna compensación -en sentido amplio- por los daños sufridos, lo cual no necesariamente implica una condena. Estas salidas son: Condenas; Suspensiones de juicio a prueba; Acuerdos reparatorios (en sentido amplio, más allá de su denominación concreta en cada sistema procesal)”.
Este Instituto hace especial hincapié en la importancia de la eficacia de los MPF: "La eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales es un requisito fundamental para la vigencia de la democracia. Las fiscalías tienen a su cargo tareas tan sensibles como representar los intereses de las víctimas y, en general, de la sociedad, en los sistemas de justicia penal. También deben incidir en el control de la criminalidad. Cuando esas tareas no se cumplen, nuestras comunidades acumulan daños que no se reparan, conflictos que no se gestionan, acciones de venganza por mano propia y, en última instancia, un aumento generalizado de los niveles de violencia social", indican.
"Evaluar esa eficacia es una acción esencial para mejorar el desempeño político-criminal de los Ministerios Públicos. Sin embargo, pocos Ministerios Públicos de nuestro país realizan esta tarea. De hecho, muchos ni siquiera producen información sobre su propio funcionamiento, aún la más básica, como la cantidad de casos que ingresan y la forma en que finalizan. Esta carencia de datos no solo impide una evaluación profunda, sino que afecta el más mínimo monitoreo cotidiano propio de cualquier organización. Este “manejar a ciegas” tiene un evidente impacto en los resultados", enfatizan desde el Inecip.
El informe incluye a Tucumán en un capítulo aparte y titulado "el mapa de la desinformación", que transcribimos a continuación:
Los Ministerios Públicos Fiscales de Tucumán, Misiones, San Juan, Catamarca, Santa Cruz y Tierra del Fuego no enviaron ni siquiera los 4 indicadores más elementales (ingresos, condenas, SJP y acuerdos reparatorios) que permitirían medir la eficacia básica, pese al plazo de 4 meses con el que contaron, y a las reiteradas solicitudes enviadas. Estos datos tampoco son publicados en sus sitios web.
En San Juan, el 2021 estuvo atravesado por la implementación de nuevos Códigos Procesales Penales. Santa Cruz, Misiones y Tierra del Fuego, por su parte, son de las pocas provincias del país que siguen regidas por los oscurantistas sistemas inquisitivos, cuya despreocupación por los resultados no es novedosa.
Pero Tucumán y (con cierto rezago) Catamarca, son dos provincias con sistemas acusatorios consolidados, cuya falta de datos, a esta altura, sólo puede responder a un desinterés por los datos o, aún peor, a una posible decisión política de ocultar deliberadamente esta información.
Esta falta de información (no publicar ni tampoco responder pedidos de acceso a la información) es una grave violación al derecho a la información pública reconocido en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Este “apagón informativo” impide el control ciudadano sobre la gestión de los recursos estatales y obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal. Pero, lo que es más grave aún, puede ser un síntoma de una falta de interés de esos organismos provinciales por la calidad de su gestión, lo cual inevitablemente afecta su capacidad de generar un impacto social positivo.
Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal.
Al momento de publicarse esta nota, está caída la página web oficial del MPF de Tucumán:
El informe completo: