El 1° de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel gatilló un arma cargada en la cara de la vicepresidenta. La bala no salió y el joven fue detenido por los simpatizantes kirchneristas.
Se cumple un año del hecho que conmocionó al país: alrededor de las 21, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner saludaba a sus simpatizantes en la puerta de su departamento en el barrio porteño de Recoleta, en el tramo final del juicio "Vialidad" por el que fue condenada dos meses después, cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó a la cabeza con una pistola cargada y gatilló sin que saliera ningún disparo. Fue detenido de inmediato por los propios militantes allí congregados y entregado a las fuerzas de seguridad.
El presidente Alberto Fernández decretó feriado para el viernes 2 de septiembre y hubo algunas movilizaciones en el país. Los repudios se multiplicaron rápidamente y hasta el propio Mauricio Macri le brindó su apoyo a la vicepresidenta. Sin embargo, las movilizaciones fueron rápidamente desactivadas mientras avanzaban las investigaciones.
A las pocas horas fue detenida la novia de Sabag Montiel, Brenda Uliarte, e involucrado el grupo conocido como "Los Copitos", personas que fingían ser vendedores ambulantes para infiltrarse en las movilizaciones de apoyo a la vicepresidenta. Tiempo después se encontró una conexión con el grupo Revolución Federal, cuyo líder recibió dinero del empresario Nicolás Caputo. La causa cayó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti.
La vicepresidenta insistió desde temprano con el vínculo, señalado por testigos, del diputado nacional por el macrismo, Gerardo Milman. Hombre cercano a Patricia Bullrich (de las pocas dirigentes que no repudió el atentado y hasta echó un manto de sospecha sobre la veracidad del hecho), se presume que sabía de antemano que iba a ocurrir el atentado: un testigo declaró haberlo visto un día antes del atentado reunido en el bar Casablanca, frente al Congreso, donde junto a dos de sus asesoras, habría dicho "cuando la maten yo voy a estar camino a la Costa". Además, quince días antes, Milman había publicado un texto donde especulaba con un "falso ataque" a CFK.
Luego de comprobarse que la reunión de Milman en dicho bar existió y que estuvo junto a dos de sus asesoras, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, la primera declaró que fue obligada a borrar el contenido de su celular en una de las oficinas de Patricia Bullrich. Según su testimonio, en aquella ocasión habrían estado presentes Milman y el perito Jorge Adolfo Teodoro, representante tecnológico de Juntos por el Cambio quien se encargó de eliminar toda información de los celulares de Mónaco y Bohdziewicz. A pesar de los indicios, la Justicia no hizo lugar al pedido de la querella para investigar a Milman, cuyo teléfono recién será requisado en las próximas semanas, ya que recientemente la Cámara Federal porteña hizo lugar al secuestro del dispositivo (el dueño lo entregó voluntariamente) y su apertura también fue autorizada por la Cámara de Diputados.
La causa hoy
El tramo central del expediente, ya elevado a juicio, se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 6, que en los próximos días correrá vista a las partes -fiscalía, querella y defensas- para que ofrezcan prueba de cara al debate oral que aún no tiene fecha. El TOF 6 no tiene jueces titulares y está integrado, de momento, por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, mientras que la fiscal del debate oral y público será Gabriela Baigún. En el juicio participará la querella de la exmandataria, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.
En el debate oral, Sabag Montiel, tendrá como abogada a la defensora oficial María Fernanda López Puleio; la supuesta coautora Uliarte cambió la defensa oficial por la del abogado Carlos Telleldín justo cuando la causa estaba por ser elevada a juicio oral; y el presunto partícipe secundario Nicolás Carrizo seguirá defendido por el letrado particular Gastón Marano.
Una reciente declaración periodística de Telleldín, conocido por haber sido investigado en el marco de la causa del atentado a la AMIA, generó expectativas en torno a lo que pueda aportar su defendida en la causa en la que se investiga el atentado, ya sea en el debate oral o en lo tramos que aún permanecen en etapa de instrucción. "Dentro de unos quince días Brenda Uliarte hará una ampliación de su indagatoria para manifestar que una persona allegada a Gerardo Milman pagaba para concentrar gente frente a la casa de Cristina Kirchner. No era para matar a nadie sino para que vayan a provocar", anunció el abogado, según publicó el diario Página/12 en su última edición dominical. Como imputada, Uliarte no está obligada a decir la verdad por lo que habrá que esperar para saber si, en caso de ampliar su indagatoria o declarar en el juicio oral, presenta algún elemento de prueba que pueda respaldar sus dichos.
Cuando solicitó la elevación de la causa a juicio, la fiscalía entendió que la conducta de los tres acusados fue "premeditada", o sea que idearon "un plan para llevar a cabo el asesinato de la Vicepresidenta de la Nación". Pero advirtió que no se hallaron elementos como para afirmar que detrás de los autores materiales existieron distintos autores intelectuales. El fiscal sostuvo que el plan criminal se habría comenzado a pergeñar en abril de 2022 cuando Sabag Montiel consiguió la pistola que había pertenecido a un vecino ya fallecido. De las conversaciones por WhatsApp que lograron reconstruirse a lo largo de la investigación surge que los atacantes pensaron hasta en alquilar un departamento en el barrio porteño de Recoleta para apostar desde allí un francotirador, pero luego optaron por otra mecánica. "De la lectura de la conversación que antecede y del audio enviado por Uliarte surge de forma incontrastable que los imputados tenían intenciones de atentar contra la Vicepresidenta en un contexto de reunión con gente afín a ella", señaló el fiscal tras repasar esas conversaciones.