Se tata de un reclamo de parte de la empresa que emite y administra las tarjetas con las que se paga el boleto. Desde la firma acusaron una “importante insuficiencia de fondos”, que afecta a su cadena de pagos.
Por una deuda millonaria de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, todavía administrada por Germán Alfaro, el servicio de colectivos de Tucumán enfrenta una vez más una situación incierta. La demanda de pago de $60 millones por parte de la empresa encargada de emitir y gestionar las tarjetas de pago para el servicio de transporte público ha surgido apenas unos días antes del cambio de autoridades. Este acontecimiento está generando tensiones en un sector del transporte público de pasajeros que ya atraviesa una etapa de inestabilidad.
La empresa Bizland, representada por Jesús Moya en calidad de apoderado, remitió una comunicación oficial el pasado miércoles a la coordinadora de la Unidad Técnica y de Control Municipal de los Servicios de Transporte Público de Pasajeros, María Elena Gerk. En dicha nota, Bizland expresó su preocupación por lo que describieron como una "importante insuficiencia de fondos" en la cuenta vinculada a los pagos por el servicio de transporte público. Esta falta de liquidez, argumentaron, estaba afectando la cadena de pagos y complicando su relación con las empresas de transporte de pasajeros.
En la comunicación, Bizland señaló que esta insuficiencia de fondos se debe principalmente a la falta de un depósito de 60.3 millones de pesos, correspondiente a abonos comunes, abonos libres y a la Línea 100. Esta situación ha llevado a que no puedan cumplir con varios compromisos financieros con las empresas de autobuses. Además, la empresa expresó que, debido a esta situación, han dejado de recibir su comisión por la prestación de su servicio desde el 18 de octubre de 2023, generando una deuda acumulada de 3.7 millones de pesos.
Bizland hizo un llamado urgente para restablecer el equilibrio económico en la cuenta de transporte y solicitó orientación sobre la mejor manera de afrontar los compromisos mientras se normaliza la situación. Todo este proceso se notificó al presidente de la Tarjeta Metropolitana, Jorge Berretta.
María Elena Gerk, al abordar el tema, explicó que en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán existen procesos administrativos y de control que siempre deben seguirse para los desembolsos relacionados con el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) y el Boleto Universitario Gratuito (BUG). Reconoció que, en esta ocasión, ha habido demoras que exceden lo habitual debido a un intento de hackeo que sufrió Bizland en mayo. Para contextualizar, mencionó que el expediente de la empresa para los fondos correspondientes al mes de mayo se presentó a mediados de agosto, ya que antes no habían recibido ningún expediente debido a la revisión del intento de hackeo.
Gerk enfatizó que la falta de pago no se debe a la falta de fondos o a la falta de voluntad de pago, sino a la necesidad de seguir los procedimientos de control. Aseguró que se están realizando los pagos, pero que deben pasar por varios controles antes de efectuarse. También aclaró que los pagos se realizan a mes vencido, no adelantado. Por ejemplo, el expediente de octubre se presentará en noviembre y, después de los controles, se abonará en diciembre.
En cuanto a la reclamación de Bizland sobre el pago de abonos de la Línea 100, que es un servicio interurbano, Gerk explicó que existe un convenio a largo plazo con esa empresa. Este acuerdo se originó a raíz de las peticiones reiteradas de madres y padres de estudiantes que viven y estudian en San Miguel de Tucumán, ya que el recorrido de la Línea 100 les beneficiaba para ir y volver de la escuela. La funcionaria señaló que, de manera similar a la utilización de la Tarjeta Metropolitana en la Capital, fruto de un acuerdo, se estableció un acuerdo para permitir el uso de los beneficios en líneas interurbanas.
Gerk indicó que este año ha habido un aumento significativo en el número de beneficiarios, que actualmente ascienden a unos 80,000. Además, especificó que la Municipalidad paga 27 pesos por el boleto de estudiantes de primaria, 35 pesos para estudiantes de secundaria y 43 pesos por el beneficio para estudiantes universitarios y terciarios.
A pesar de que este conflicto es de naturaleza administrativa y teóricamente no debería afectar la prestación del servicio, constituye una nueva complicación en el sector del transporte de pasajeros, que ya ha enfrentado numerosos desafíos en los últimos tiempos. Durante varios años, ha habido conflictos frecuentes entre los conductores y los empresarios debido a retrasos en el pago de los salarios de miles de trabajadores. Esto, a su vez, ha tenido un impacto negativo en los servicios urbanos e interurbanos, dejando a más de 500,000 pasajeros varados en diversas ocasiones.
En la última sesión del Concejo Deliberante de la Capital, que tuvo lugar el jueves, quedó sin tratamiento una solicitud de los transportistas para aumentar la tarifa del boleto urbano de 120 pesos a 504 pesos. Los transportistas argumentan que están operando a pérdida y que es necesario actualizar las tarifas para mantener el servicio y cumplir con sus obligaciones financieras.
Aunque esta cuestión involucra a actores privados, el Gobierno de la Provincia a menudo interviene para evitar que las medidas de fuerza se hagan efectivas, ya que su implementación suele causar graves inconvenientes a miles de pasajeros.