Trascendieron algunos de los chats que motivaron la detención de una decena de personas acusadas de instigar un levantamiento de las fuerzas de seguridad provinciales. Nuevas detenciones y un día clave en tribunales.
Imagen tomada durante el levantamiento policial de 2013. (Foto: Télam)
Avanza la causa por el intento de sedición policial desactivada a tiempo por el Gobierno de la Provincia. Mientras este viernes en tribunales será una jornada clave para el futuro de cinco nuevos detenidos, trascendieron algunos de los mensajes que los implicados habrían intercambiado en distintas plataformas virtuales. Chats que encendieron las alarmas e hicieron sospechar sobre un probable acuartelamiento como en diciembre de 2013, cuando la Policía de Tucumán abandonó sus funciones y dejó a toda la provincia a merced de delincuentes por un reclamo salarial.
Este último patrón se repite. Las acciones de los acusados son motivadas por un descontento económico que buscan remendar a través de la fuerza. O al menos esa es la sospecha de la fiscal Mariana Rivadeneira, quien entiende en la causa que ya lleva más de 10 detenidos y más de una decena de allanamientos.
“Hay que pelear de nuevo primo como en el 2013”, “Hay que pararse todos, sino, no sirve como en 2011 y 2013”, “Una semana que la Policía no trabaje sabe que al Gobierno se le quemará la provincia”. Esos apenas algunos de los mensajes que la Justicia tucumana logró interceptar y que sirvieron para contrarrestar lo que parecía inminente.
El último miércoles, la fiscal a cargo de la investigación ordenó cinco nuevas detenciones. Se trata de cinco hombres vinculados a las fuerzas de seguridad. Hoy viernes, a primera hora, sabrán si permanecerán en libertad o si, por el contrario, deberán cumplir una medida de prisión preventiva como los otros imputados en la causa. Los allanamientos para su captura se llevaron a cabo en distintos domicilios de la provincia, tanto de capital como del interior: Tafí Viejo, El Colmenar, Río Chico, Leales, San Andrés, Simoca y Ranchillos, Villa Mariano Moreno, León Rougés y Leales.
“La detención que se solicita a las personas surge de las averiguaciones realizadas, según las cuales los requeridos habrían enviado mensajes instigando a un levantamiento de las fuerzas policiales. Por otra parte, dichos allanamientos también tienen por objeto el secuestro de teléfonos celulares, tablets, computadoras de escritorio y notebooks”, señalaron los investigadores.
Hasta ahora, el abogado Gustavo Morales fue el único de los imputados en obtener su libertad. Esta condición quedó firme este jueves, luego de que la jueza Laura Casas rechazara la apelación de acusadora oficial, Mariana Rivadeneira, para voltear la resolución judicial del juez Alejandro Valeros mediante la que el letrado acusado recuperó su libertad.
Según la teoría del caso, el jueves 22 de febrero del corriente año, cuatro efectivos policiales (con prestación de servicios en Patrulla Motorizada de Las Talitas, en la comisaría de Aguilares y en Relaciones Policiales) y un empleado municipal de Lules, junto a otros efectivos, crearon un grupo de WhatsApp al que denominaron “Sueldo Policial 2024”. Comenzaron a cursar invitaciones para unir a más empleados de la fuerza policial provincial, llegando a superar los mil integrantes, con la finalidad de movilizar a los efectivos (dado su disconformidad con los salarios que perciben).
En dicho grupo se enviaron mensajes donde se instigaba al acuartelamiento. Así también efectuaron diversos cometarios en la red social Tik Tok con la intencionalidad de incitar a otros policías a cometer el delito de sedición, en tanto, invitaban a sus compañeros a hacer huelga y acuartelarse en contra de sus superiores, en perjuicio del orden y de la seguridad pública.
“Está acreditada la existencia de un grupo de WhatsApp con más de mil integrantes y el modo comisivo fue a través de redes sociales, entendiendo que la evidencia resulta compleja por el modo digital y las características particulares”, dijo la fiscal Mariana Rivadeneira cuando se le formularon cargos a los primeros cinco acusados, a los que se sumó Gustavo Morales el 1 de marzo siguiente.
El domingo 8 de diciembre de 2013 comenzaba a escribirse una de las páginas más tristes de la historia de Tucumán: la Policía de la provincia se acuartelaba en reclamo de mejoras salariales y dejaba liberadas las calles de la provincia. En aquel momento, otras provincias estaban con un conflicto similar, pero ninguna llegó al extremo de Tucumán: durante tres días, en nuestra provincia hubo saqueos de bandas organizadas y en los barrios muchos vecinos armados hacían barricadas para evitar el paso de los saqueadores. Hubo tiros entre tucumanos y varios muertos. Lo más trágico es que no hay una información certera sobre la cantidad de fallecidos durante esas jornadas.