El gobernador de Tucumán defendió la designación de José Ricardo Ascárate como interventor del Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de la provincia. Hubo tensión durante la votación.
La Legislatura de Tucumán tuvo su cuarta sesión ordinaria de 2024 ayer jueves, donde los parlamentarios aprobaron la extensión de la intervención del Ente Regulador de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT), bajo la intervención del Ing. José Ricardo Ascarate. Además, se aprobó reestructuración de la jerarquía policial, lo que contempla el ascenso de 3.300 suboficiales de la fuerza.
La Legislatura ratificó el Decreto de Necesidad y Urgencia, enviado por el Poder Ejecutivo que sustituye los artículos 2º y 3º del DNU 3/1-2024, disponiendo la extensión de la intervención del Ente Regulador de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT) hasta el 28 de Octubre de 2027, y que y designa al Ing. José Ricardo Ascárate como autoridad con facultad para realizar la intervención.
Tras la votación, el gobernador Osvaldo Jaldo, en conferencia de prensa, se refirió a la designación del interventor del Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), Ricardo Ascárate.
Desde los valles Calchaquíes, donde inauguró obras juzgados de Paz en Amaicha y el Mollar, explicó que esta decisión se basa en la necesidad de que todos los organismos de control estén en manos de la oposición, especialmente aquellos que supervisan servicios esenciales como la energía eléctrica, el agua potable y el gas.
"Ascárate, se destaca por su independencia y experiencia en el tema, lo que lo convierte en la elección ideal para supervisar los servicios en la provincia de Tucumán, incluyendo la regulación de tarifas". Y aseguró: "La designación del interventor ha sido sometida a la Legislatura, donde ha recibido un amplio respaldo y ha sido aprobada mayoritariamente".
En votación nominal, se opusieron Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra (FR); Silvia Elías de Pérez, Manuel Courel y José Seleme (Valores para Tucumán); Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán); y Claudio Viña (Compromiso Tucumán). El bloque Justicialista brindó su apoyo unánime y contó con el respaldo de los opositores Alfredo Toscano, Rodolfo Ocaranza, José Cano, Agustín Romano Norri y Ernesto Gómez Gómez Rossi. . El vicegobernador Miguel Acevedo celebró tras la sesión el "debate prolongado y plural" en el recinto.
Las tensiones durante la votación se dieron en el bloque oficialista, cuando Gerónimo Vargas Aignasse, planteó que el nuevo DNU para extender los plazos y nombrar un nuevo interventor podría habilitar la invalidez de los actos. Señaló que Ley de Intervención de Entes Autárquicos (7.878) establece que estas operaciones se deben hacer por decreto, no por DNU; que no es responsabilidad de la Legislatura convalidar nombres. Calificó a Ascárate como “un caballero de la política”, pero no pasó por alto que pertenece a otro espacio político y que, en su paso como legislador, lanzó abundantes críticas contra los entes intervenidos.
El discurso del ex diputado motivó la interrupción del presidente del bloque Justicialista, Roque Tobías Álvarez, quien no se expresó de acuerdo con las apreciaciones de su par y solicitó que se priorice la información sobre el tema. “No sabía que el presidente de bloque no nos iba a permitir expresarnos libremente”, marcó Vargas Aignasse, quien venía de no estar de acuerdo con la decisión del gobernador de vetar parcialmente la ley de auxiliares fiscales.
Los radicales que votaron en contra cuestionaron la decisión política de intervenir el Ersept. Destacaron la idoneidad de Ascárate, al que definieron como una persona estimada y respetada. Pero remarcaron que el modo en que actuó el Gobierno les impedía acompañar. Distinta fue la postura de Cano, quien expresó que votaría “con las dos manos”, porque consideró acertada la acción de Jaldo. “Fue la mejor decisión que tomó desde que asumió”, dijo. Según trascendió, estas expresiones habrían ofuscado a algunos correligionarios.
Álvarez, en tanto, argumentó por qué el gobernador no está inhibido legalmente de hacer intervenciones por DNU, y que el aval legislativo ahuyentaba cualquier posibilidad de nulidad. “Estamos de acuerdo con la intervención y con las personas que han elegido”, dijo y anheló que el Ente se normalice antes que en 2027.
Fuerza Republicana, por su parte, reclamó la regularización de todos los entes. Además, apuntó contra Ascárate. “Tiene doble vara; está haciendo uso de la falta de institucionalidad”, criticó Bussi.