El gobierno de Javier Milei había apelado la medida cautelar firmada por el juez Casanello e incumplido la orden de entregar un plan de distribución de los alimentos retenidos en los galpones.
Foto: Franco Fafasuli para Anred
La Cámara Federal porteña ratificó este miércoles la medida cautelar del juez Sebastián Casanello que ordena al gobierno elaborar un plan para la distribución inmediata de los alimentos destinados a comedores populares y merenderos que se encuentran en los galpones de Tafí Viejo y Villa Martelli. Evalúan sanciones para Leila Gianni y Juan Grabois tras la agitada audiencia de ayer.
De esta manera, el tribunal de alzada respaldó la decisión de Casanello de "encomendar al Ministerio de Capital Humano la elaboración de un plan de distribución de dichos alimentos, considerando su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, y asegurando su ejecución inmediata". El juez había otorgado un plazo de 72 horas para la elaboración de este plan, plazo que el Gobierno nacional incumplió.
El tribunal subrayó que en el expediente "se intenta determinar si los funcionarios públicos incurrieron en hechos delictivos al haber suspendido la entrega de alimentos a los comedores comunitarios" y agrega: “La normativa penal proporciona las herramientas preventivas que el juez utilizó para intentar detener la comisión del presunto delito que se investiga o para evitar que sus efectos se agraven”.
Además, la Cámara Federal de Comodoro Py ordenó hoy que el ministerio de Capital Humano evalúe la conducta de su subsecretaria de Legal, Leila Gianni, y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) la de Juan Grabois por su participación en la escandalosa audiencia que tuvieron ayer en el tribunal.
“Libramiento de oficios con copia del presente pronunciamiento al Colegio Público de Abogados de esta ciudad y al Ministerio de Capital Humano de la Nación a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas desplegadas por Juan Grabois y Leila Gianni en la audiencia celebrada ante esta Sala”, resolvió el tribunal.
Ante esto, ahora será por un lado el Poder Ejecutivo el que analice la conducta de Gianni y el CPACF, bajo la presidencia de Ricardo Gil Lavedra, el que haga lo propio con Grabois, ya que el dirigente social es abogado.
En el caso de Gianni, por tener el rango de subsecretaria y por ser de carrera en la administración pública el caso se entiende que pasará a la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo hoy a cargo de Rodolfo Barra y que tiene una dirección de sumarios. Pero esa decisión puede ser discutida y que el caso se tramite en el ministerio de Sandra Pettovello.
Lo que se inicia es un sumario administrativo para evaluar la conducta de la persona denunciada. Ese sumario tiene distintos pasos que incluye la defensa de la persona acusada. Y las posibles sanciones van desde las más leves como un apercibimiento o un llamado de atención por su actuación hasta el descuento de sus haberes o la suspensión por un plazo determinado, entre las intermedias. Las sanciones más graves son la cesantía o la exoneración en el cargo.
En el caso de Grabois, la denuncia llega a la Presidencia del Tribunal de Disciplina del CPACF. Allí se da el primer paso que es el análisis de que la denuncia cumpla con los requisitos formales que establece la ley. Es un mecanismo de aceptación o no de la denuncia. Si las cumple lo que se hace es sortear una de las tres salas del Tribunal donde el caso quedará radicado. Cada sala está integrada por cinco abogados.