"Voy a denunciar a Patricia Bullrich": Eduardo Belliboni habló tras ser procesado por administración fraudulenta

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, fue procesado días atrás por el juez federal Sebastián Casanello al imputarle el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco del Plan Potenciar Trabajo. 

Al respecto, Belliboni sostuvo en FM latucumana 95.9 que la causa en la cual se lo imputa “es una de las varias causas que hay en contra de las organizaciones sociales de distintos jueces federales, no es una causa aislada, sino que es toda una ofensiva judicial”. Y agregó: “Hay tres jueces cercanos al gobierno que han impulsado más de 100 allanamientos a comedores populares de casi todas las organizaciones sociales conocidas, desde las oficialistas o ex oficialistas al peronismo, a las que no tienen ninguna ideología y que son solamente organizaciones sociales”.

Además, el dirigente aseguró que rindió “la totalidad de los fondos que el estado nos dio”. Y sostuvo que lo que hicieron con las facturas que se acusan de apócrifas se pueden comprobar ya que son “físicamente visitables”, y están registradas ante escribano público: en total, son 43 construcciones que, algunas, se usan como salones múltiples en los barrios para hacer actividades sociales, capacitaciones, comedores populares. Estas obras se realizaron en todo el país, incluido Tucumán: “Eso significa desarrollar actividades productivas, actividades sociales, culturales y están rendida las cosas que fueron compradas, desde imprentas hasta máquinas de coser para emprendimientos productivos”.

Según su palabra, todas estas pruebas fueron presentadas al juez, quien las desestimo y lo procesó. Además, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sacó un comunicado público adjudicándose el procesamiento por lavado de dinero: “Algo que por supuesto no figura en la causa contra nosotros, y yo digo que la ministra se jacta de lo que adolece porque no hay ninguna campaña contra los narcotraficantes, ni contra la trata de personas, estamos hablando de una política de criminalización de las organizaciones populares, eso es lo que está ocurriendo con 100 allanamientos a comedores populares como si fueran los delincuentes de este país, no hay 100 allanamientos a búnker de narcotraficantes o a lugares donde se conoce que hay tratas de personas”, manifestó.

“El estado tiene una ausencia total en muchos barrios, apenas hay una escuela que es la única presencia del estado y después está la policía que suele arreglar con los narcotraficantes del barrio como todo el mundo sabe, entonces el estado en sus distintas administraciones ha ido avalando la idea de poner comedores populares de las organizaciones sociales para los cuales lo asistía con comida y, durante el gobierno de Alberto Fernández, con proyectos de capacitación y de formación para la juventud, de contención para los pibes más chiquitos que puedan tener un lugar donde hacer apoyo escolar, donde hay docentes que dan sus horas gratuitamente para que los pibes puedan mejorar en el colegio, es decir toda una labor social que hacen todas las organizaciones sociales que yo conozco, desde el comedor popular, hasta bachilleratos de secundarios que organizaciones se han especializado en hacer bachillerato reconocidos oficialmente porque la gente no tiene plata para ir a un secundario”, dijo.

“La ayuda que había implementado el gobierno nacional se vehiculizaba a través de las organizaciones sociales para construir, por ejemplo, los salones de usos múltiples el estado daba plata, con proyectos que se presentaban al estado para construir en los barrios y hacer capacitaciones de formación, para vender en ferias, etc. Todo debía ser aprobado por el gobierno, no es que uno pedía plata y se la daban”, explicó.

Y explicó que los proyectos debían ser aprobados por ocho secretarías y todas las empresas que contrataban debían estar registradas y pasar por Afip y emitir facturas legales: “Todas las facturas que emitimos eran legales, no fuimos a comprar a ninguna empresa trucha, nos dieron la factura, las presentamos, fueron aprobadas, se reembolsó el dinero y se presentaron las facturas correspondientes, fin de la discusión”.

Por otro lado, Belliboni dijo que va a iniciarle acciones legales a Patricia Bullrich por haberlo difamado de un delito que nunca se lo acuso: “Yo no estoy condenado por nada, es un proceso el que se abrió y vamos a seguir peleando en el terreno judicial, vamos a apelar porque además hubo un montón de irregularidades, desde los allanamientos hasta la imposibilidad de presentar estas pruebas”.

Una de las irregularidades que Belliboni denuncia es que los allanamientos se realizaron en horas de la madrugada, sin testigos y con las cámaras apagadas: “Ahí tiene tres razones de nulidad, sin testigos, a las 5 de la mañana y apagando las cámaras, por qué apagaron las cámaras”. Por último, brindó su opinión al aire sobre las razones del gobierno de Javier Milei para criminalizar las organizaciones sociales en los barrios.

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