La intendenta, Rossana Chahla, se refirió al pedido que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán hizo ante el Concejo Deliberante, que habilitaría hacerse cargo del servicio por un año. “Necesitamos sentarnos a conversar”, afirmó.
Foto Municipalidad de San Miguel de Tucumán.-
A fines de la semana pasada, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, envió un proyecto de ordenanza para que el Concejo Deliberante declare la emergencia del transporte público en la Capital.
La finalidad de esta iniciativa, que se da en el marco de un pedido de aumento del boleto y tensas negociaciones salariales entre empresarios y choferes, es que el Departamento Ejecutivo Municipal disponga de las herramientas necesarias para optimizar la calidad del servicio y garantizar a la población el acceso a un transporte público adecuado, seguro y sustentable; en beneficio de los usuarios de las 14 líneas urbanas de colectivos que circulan en el ejido de la Capital.
Ayer lunes, en una exclusiva con eltucumano.com, Chahla se refirió a la situación del sector y los trabajos que lleva adelante el municipio para facilitar el correcto servicio. “Yo le pido al transporte que esté limpio, que tenga la regularidad, que los asientos no estén rotos, que podamos ofrecerle un buen servicio al vecino”, comenzó exigiendo la intendenta.
“¿Qué hicimos nosotros? Paradas nuevas, los ingresos a los barrios, les pedimos que tengan GPS para poder nosotros controlar la frecuencia. Le ofrecemos poner cámaras dentro de los colectivos, ofrecemos aumentar el boleto estudiantil que lo pagamos nosotros y que este aumento no llegue al vecino”, detalló.
Sobre el pedido de emergencia al Transporte Público, Chahla señaló que “necesitamos de una vez por todas sentarnos a conversar para mejorar el trasporte”. “Queremos que los vecinos tengan un servicio digno. Debemos buscar aristas y trabajar en ellas. No va a ser fácil, pero hay que tener voluntad de todas las partes”, aseguró.
Por su parte, el gobernador Jaldo, durante la jornada de ayer, fue consultado sobre este proyecto de ordenanza capitalino y si bien dijo que “está dentro de sus facultades”, no conoce en profundidad la iniciativa: “Yo entiendo que hay que trabajar mucho en el servicio público de transporte de pasajeros porque la verdad que es una cuestión que involucra a muchas personas tanto en capital como en el interior. Más de 700 mil personas se mueven en colectivo. Más de 3 mil familias trabajan en esta actividad”.
“Todo lo que podamos hacer, no solo desde la provincia, desde el municipio de la Capital, como también desde otros municipios será de utilidad, porque la verdad que el servicio público de transporte pasa por todas las ciudades de la provincia de Tucumán. Hay ciudades grandes en el interior que también deberían participar porque cuando hay un paro de colectivos, evidentemente se paran las unidades en toda la provincia y se perjudica a la gente en toda la provincia”, agregó el mandatario, enviando un mensaje a todos los municipios.
Y cerró: “Todos tenemos que trabajar y poner un granito de arena para que mejorar definitivamente el servicio público de transporte de pasajeros, no solo en la prestación, no solo en la frecuencia, sino también en la calidad del servicio. Eso significa ir pensando en renovar unidades para dar un mejor servicio”.
Andrea Courtade, vocal de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) y propietaria de la línea 9, habló en FM latucumana 95.9 sobre la situación que atraviesa el sector en relación con el pedido de la Municipalidad capitalina.
En primer lugar, Courtade opinó que la solución real de esta problemática que parece no tener fin es “tener una política del transporte que no existe”. “Los estados han hecho responsables a los concesionarios del transporte, pero esto es un trabajo en conjunto porque nosotros no podemos disponer del transporte como nosotros queramos o como si fuéramos privados, somos privados para el tema de nuestros empleados, pero somos públicos para los problemas que tienen que resolver los estados, ya sean provinciales municipales o nacionales. Esto es un servicio público, estamos reglados con respecto a nuestros ingresos, nosotros no podemos disponer de cuánto va a salir un boleto, sino que tiene que surgir de las autoridades concedentes para que pueda ser sustentable el transporte”, manifestó.
“Entendemos la situación económica del país, pero dentro de la situación económica del país estamos también los empresarios”, dijo y sostuvo que “nunca se estudió el costo real del transporte”. Además, se refirió específicamente a la ordenanza municipal y dijo que los empresarios son “prestadores precarios”. “Tenemos que cumplir con lo que nos están obligando porque es un servicio público y, al mismo tiempo, los estados nos tienen que garantizar la sostenibilidad del transporte y de las empresas”, agregó.
En esa misma línea, cuestionó el boleto gratuito para los estudiantes de primaria y secundaria ya que “la diferencia la soportan las empresas”: “No me cierran los números, seguimos porque tenemos una responsabilidad como empresarios y como gente que hemos invertido. Hay una responsabilidad que hemos asumido y que hace 60 años que estamos acá, 60 años trabajando en las épocas buenas han sido reinvertidas en las empresas”.