El ente de control revisará los períodos contables 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 de la SAPEM, ya que aduce que la televisora es una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal y que recibe fondos públicos.
Imagen de archivo. eltucumano.com.-
El pasado viernes, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, le requirió formalmente al Tribunal de Cuentas (TC) que analice los últimos ocho balances de Canal 10, correspondientes a los años 2014-2021, para poder evaluar si corresponde que los mismos sean o no aprobados por la Dirección de Personas Jurídicas. El mandatario provincial recordó que la aprobación de los mismos "está objetada" por haberse realizado en una asamblea irregular: "Debo resguardar el patrimonio de la provincia, que tiene el 30% de las acciones de Canal 10", remarcó el tranqueño en su pedido enviado al ente de control.
Ayer lunes, a través de la acordada N° 4295, que lleva la firma de Miguel Chaibén Terraf (presidente), Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal (vocales), el Tribunal de Cuentas aceptó la solicitud del mandatario y realizará una auditoria a los ejercicios contables de los períodos 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
“La solitud de colaboración del Poder Ejecutivo debe entenderse como un pedido de asesoramiento específico, dirigido por una parte para conocer la situación de una empresa en la que tiene participación y evaluar su situación en resguardo del patrimonio público provincial; y por otra, para asistir, con información adecuada, a la intervención de la Dirección de Personas Jurídicas, en relación a la aprobación de la Asamblea Ordinaria y los Estados Contables, Memorias e Informes de Directorio de los años 2014 a 2022”, señalaron desde el ente controlador.
En ese sentido, justificaron la intervención del TC en Canal 10, cuya figura jurídica es una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem), en la que son propietarios la Universidad Nacional de Tucumán en un 70% y la Provincia, en un 30%. “Entendemos que, la legitimación competencial a este Tribunal en el control externo de la Sapem en cuestión, deriva de la propia habilitación formal que el Poder Ejecutivo, en orden a las atribuciones constitucionales y legales transcriptas, por las que autoriza al controlador a su ejercicio puesto que le corresponde ‘asesorar a los poderes públicos en materia de su competencia’“, adujeron. Y agregaron: “la solicitud del Poder Ejecutivo apunta a proporcionar información a los poderes del Estado y a la propia opinión pública respecto de la gestión de la Sapem, contribuyendo al establecimiento de una organización adecuada y la optimización de los recursos necesarios para cumplir con sus objetivos y metas. No debemos dejar de tener presente que los aportes estatales para el funcionamiento de la sociedad son fondos públicos, y que los representantes de la Provincia en la Sapem son funcionarios del sector público provincial”.
Por último, el TC designó para la auditoría a los contadores fiscales Patricia Fernández, Horacio Heredia, Ezequiel Pérez Barot, Santiago Hourcade, Pablo Jorrat y Pablo Castro. También, a los abogados fiscales Rodrigo Terrera y Patricio Balardini.
Irregularidades en la asamblea de accionistas de Canal 10
En octubre de 2023, el presidente de Canal 10 Leandro Díaz convocó al por entonces gobernador Juan Manzur a una Asamblea de Accionistas Clase A de Canal 10, donde la Universidad Nacional de Tucumán (UNT, accionista mayoritario del canal) promovía la aprobación de los balances 2014-2022 como el aval a las actuaciones de los síndicos y directores que se desempeñaron allí durante esos años.
La convocatoria a la Asamblea proponía el siguiente orden del día:
1. Elección del Presidente de la Asamblea
2. Elección de dos accionistas para firmar el acta
3. Tratamiento y consideración de: el balance general, el estado de los resultados, la memoria, el informe y la actuación del directorio y síndicos correspondiente a los ejercicios finalizados en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
4. Copias de los estados contables y demás documentación está disponible en la sede social, Se acompañan copias de las presentaciones oportunamente realizadas ante el accionista.
El Gobierno, a través de una nota firmada por la entonces ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, solicitó que se fije una nueva fecha, posterior a la resolución judicial que determine la responsabilidad "sobre la posible comisión de los hechos que fueran denunciados ante tribunales federales" y que son tramitados bajo la causa Somadossi Lucas y otro s/ evasión simple tributaria y defraudación ´por administración fraudulenta. Denunciante Televisora de Tucumán SAPEM – Expte. 11916/2023.
Además, se advirtió a las autoridades que toda resolución tomada en reunión asamblearia convocada en ese marco "será pasible de ser impugnada por resultar su contenido nulo de nulidad absoluta", y calificó de "temerario" el tratamiento y la posible aprobación de nueve ejercicios de gestión de un directorio que es cuestionado por la Justicia.
"Nos llama la atención que en esta convocatoria está previsto el tratamiento de nueve balances que hasta el momento no tienen aprobación. Y dadas la inconsistencia que este Gobierno encontró en esos balances, hoy solicitamos que nuestra ausencia se justifique y que hoy no se produzca la asamblea”, sostuvo Vargas Aignasse tras la reunión que mantuvo con Ingrid Lausberg, directora de Canal 10 y José Luis Pio Jiménez, síndico del canal.
“Pedimos que haya un segundo llamado atento a resoluciones judiciales pendientes donde se realizaron presentaciones impugnando serias inconsistencias que tienen los balances y que requieren de una determinación judicial previa a la asamblea que se pretende realizar”, agregó.
El informe que presentó en aquel momento el síndico por el gobierno señaló, entre otras cosas, que:
-No existe un área en la estructura del canal que se encargue del control de los canjes, es decir nadie controla los canjes que realiza canal 10.
-Se detectaron órdenes de publicidad por canje no registradas en la contabilidad de canal 10 y por lo tanto una posible no facturación de las mismas.
-Se detectaron que existen órdenes de publicidad por canje en las cuales su valor es cero y no existen registros de la contraparte de los canjes.
- Se advierten que existen ordenes de publicidad que dicen no se factura y bonificada.
-En las comisiones por ventas se determina que se pagaron de más las mismas en 2022 y años anteriores, como así también 2023.