La Justicia formalizó acusaciones contra exfuncionarios, particulares y familiares por la presunta venta de parcelas estatales en El Mollar. En paralelo, el Gobierno avanza con desalojos, demoliciones y acuerdos para regularizar la ocupación de inmuebles en varias localidades.
Siete personas fueron imputadas en la causa que investiga la presunta usurpación y venta irregular de tierras en el denominado “Loteo Gaucho Castro”, en El Mollar, zona perilago de La Angostura. La decisión se tomó en una audiencia en la que el juez Mario Velázquez hizo lugar a los pedidos del Ministerio Público Fiscal, y donde además cuestionó la demora en la investigación.
Según La Gaceta, los acusados son Juan Pablo Castro, señalado como titular del emprendimiento; Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro, ex empleados de la Subsecretaría de Dominio Territorial y Hábitat; Fernando Rogel Chaler, ex titular de esa repartición; Yanina Mamaní, nuera de Trujillo; Damián Romano, nieto político de Castro; y Jorge Cruz, ex comisionado rural de El Mollar.
De acuerdo con la investigación, los imputados se habrían asociado ilícitamente para comercializar parcelas de un predio que pertenece al Estado provincial. Las maniobras incluyeron la falsificación de documentos, el trazado de calles, el enripiado y la gestión de servicios públicos. Castro enfrenta cargos por usurpación; Trujillo, Barreiro y Cruz por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes; Chaler por incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.
Mamaní y Romano, según la causa, se encargaban de las ventas, presentando a Castro como dueño legítimo y engañando a los compradores, quienes no pudieron inscribir las propiedades ni recuperar su inversión. Entre 2022 y 2024 se registraron al menos cuatro casos de estafa, con montos que van desde $200.000 hasta $5 millones.
En paralelo a esta investigación, la Provincia continúa con un plan de restitución de tierras fiscales que abarca distintas zonas turísticas y rurales.
En Tafí del Valle, se trabaja para recuperar el predio del helipuerto y el ex Campo de Golf, donde se detectaron ampliaciones indebidas de propiedades. También se analiza el futuro del complejo de cabañas “Los Carolinos”, cuyo titular propuso obtener la concesión de los terrenos a cambio de renunciar a acciones judiciales.
En El Cadillal, se concretaron desalojos y demoliciones de construcciones ilegales, recuperando media hectárea y al menos tres viviendas. Además, se avanza en la revisión de 300 expedientes de ocupantes que iniciaron trámites para adquirir legalmente sus parcelas, mientras otros deberán regularizar la apertura de calles antes de poder ofertar.
En Yerba Buena, se logró la restitución de un terreno frente al cementerio de San Agustín que era utilizado como playa de estacionamiento sin autorización.
En El Mollar, se intimó a los ocupantes del Loteo Monroy a abandonar el predio donado originalmente al Automóvil Club Argentino. También se negocia con propietarios del Club Náutico, quienes buscan comprar los terrenos donde construyeron viviendas, pese a que estaban destinados a uso deportivo.
En Ticucho, se retiraron cercos que bloqueaban el acceso al dique y se regularizó la situación de clubes de pesca, que deberán mejorar las áreas concesionadas para potenciar el turismo.
En Leales, la investigación apunta a recuperar una fracción de tierras fiscales destinadas al cultivo de caña de azúcar, actualmente ocupada por un productor cuya identidad está en proceso de confirmación.
La causa por el “Loteo Gaucho Castro” sigue abierta y la Fiscalía continúa reuniendo pruebas e identificando a posibles nuevos implicados, mientras el Estado provincial avanza en la recuperación y regularización de inmuebles que pertenecen al patrimonio público.