El joven de 31 años fue baleado en el rostro por un efectivo policial el 29 de agosto de 2024 en Villa 9 de Julio. Para la organización Andhes, que se constituyó como querrelante institucional en la causa, no se trató de un hecho aislado, sino de una práctica sistemática de violencia policial en Tucumán.
Franco Almirón. Foto: Colectivo La Palta.
Este lunes 18 de agosto comenzó en Tucumán el juicio oral y público por Franco Almirón, un caso denunciado como gatillo fácil. El joven de 31 años fue baleado en el rostro por un efectivo policial el 29 de agosto de 2024 en Villa 9 de Julio.
Según la reconstrucción de testigos, aquella noche Almirón y dos amigos se encontraban en la vereda de calle Martín Berho al 2000 cuando se acercaron tres agentes del Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM) alegando que habían recibido un llamado de una vecina. En ese momento, según consta en la denuncia, uno de los agentes disparó a quemarropa una escopeta calibre 12/70. El cartucho impactó en el rostro de Almirón, lo que le produjo la pérdida toal de la visión de uno de sus ojos.
Para la organización Andhes, que se constituyó como querrelante institucional en esta causa, no se trató de un hecho aislado, sino de una práctica sistemática de violencia policial en Tucumán. Florencia Vallino, abogada y directora Ejecutiva de Andhes, dialogó este martes con La Tucumana FM 95.9 sobre el proceso judicial que comenzó este lunes y las perspectivas sobre las posibles sentencias. “Lo que sucedió con Franco no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de intervención violenta que se viene consolidando como política de seguridad en Tucumán”, sostuvo.
Durante la entrevista, Vallino explicó que en este juicio hay dos policías en el banquillo de los acusados: Javier Nicolás Medina Quintana, acusado de tentativa de homicidio agravado y Héctor Luis Lobo, imputado por encubrimiento agravado. Un tercer agente, según se informó, accedió a un juicio abreviado.
La abogada advirtió que la violencia policial en barrios populares no se limita a este caso. Denunció múltiples situaciones similares en distintos puntos de la provincia, incluyendo detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, maltratos físicos y extorsiones. También explicó que muchos de estos hechos no se denuncian por miedo a represalias, ya que los mismos agentes suelen seguir operando en los mismos barrios. “Nos preocupa profundamente la naturalización de estos operativos violentos y el uso del ‘trencito policial’ como forma sistemática de intervención”, alertó.
En cuanto al juicio por el caso Almirón, Vallino explicó que esperan una sentencia para la semana próxima. El Ministerio Público Fiscal solicitó 14 años de prisión para el agente acusado de tentativa de homicidio y 2 años con inhabilitación para el imputado por encubrimiento. Desde Andhes adhirieron a ambos pedidos. Pero más allá de las penas, el objetivo de la querella institucional es que el Poder Judicial exhorte al Ejecutivo provincial a revisar y ajustar su política de seguridad a los estándares de derechos humanos. “El marco legal ya existe; lo que falta es una práctica que se ajuste a ese marco”, subrayó.
Finalmente, la directora Ejecutiva insistió en que este juicio representa una oportunidad para marcar un antes y un después en Tucumán. “Queremos que este caso sea un punto de inflexión. Que sirva para evitar que otros jóvenes, como Franco, sean víctimas de la brutalidad policial. El Estado no puede seguir operando desde el miedo y la impunidad”, concluyó.