Gustavo Beltrán fue dado de baja de la Policía de Tucumán tras ser acusado de poner a trabajar a detenidos en la construcción de una vivienda que estaría ubicada en un terreno que sería de la Provincia.
La casa en El Cadillal que sería donde trabajaban los presos, que sería usurpada. (Foto: Diego Aráoz - LG)
El ex jefe de la Unidad Regional Norte de la Policía de Tucumán, Gustavo Beltrán, fue expulsado de la fuerza tras ser acusado de utilizar a presos detenidos por causas de abuso sexual y otros agentes policiales para realizar trabajos de albañilería. Pero ahora hay un agravante: el terreno en El Cadillal donde los hacía trabajar sería usurpado y propiedad de la Provincia.
"Beltrán estaba ocupando un terreno que pertenece a la Provincia y que formaba parte de uno de los tantos loteos ilegales que se realizaron en los últimos tiempos en El Cadillal", confirmó el periodista Gustavo Rodríguez en La Gaceta, tras la audiencia que tuvo lugar en la jornada de ayer.
Luego, advirtió que el ahora ex jefe de la URN no aparecería en la lista de personas que intentaron regularizar la situación dominial de la propiedad, según una ley que había lanzado el propio Gobierno.
De acuerdo a aquella normativa, los interesados en regularizar su situación dominial podrían presentarse a una especie de licitación para adquirir a la Provincia la tierra que estaban ocupando.
El citado periodista sostuvo que los investigadores están tratando de establecer si a Beltrán no le iniciaron un juicio por haber usurpado tierras fiscales.
Luego, detalló que de la Policía ya fueron separados momentáneamente de la fuerza Roberto Edim Nasser, Germán Russo y Nelson Aragón, jefes del Grupo de Infantería de la Unidad Regional Norte, y Walter Hugo Frías, oficial de guardia de esa unidad.
Rodríguez precisó que supuestamente allí permanecían alojados gozando de un régimen de semilibertad los cuatro condenados que trabajaban como albañiles en la casa del comisario Beltrán.
También fueron puestas a disponibilidad la comisaria Fabiana Villagrán (se desempeñaba como una especie de jefe de Personal de la URN) y las sargentos Gladys Paz e Ivana Velárdez, que se desempeñaban como secretarias de los dos jefes de la Regional.
Los mencionados están siendo investigados administrativamente y los resultados de ese trabajo serán presentados a la fiscala. La fiscal Mariana Rivadeneira deberá definir su situación procesal.