El magnate del juego y las apuestas y mandamás de la Caja Popular de Ahorros por más de 30 años habría adquirido el paquete mayoritario de acciones del centenario diario que mandó a quemar en el año 2000 con el clan Ale, cuyas maquinitas tragamonedas autorizaba el otrora sindicalista. Publicaciones de García Hamilton así lo confirman, poniendo en alerta a los poderes públicos provinciales respecto de la organización que lidera el empresario y magnate de medios. Un quemo.
El diario La Nación, único medio que conserva la información del ataque a La Gaceta por parte de Cisneros y los Ale.
"Carlos Cisneros, el diputado ahora representado por Fernando Burlando por supuesta censura, fue acusado en el año 2000 por el entonces ministro fiscal de Tucumán Ricardo Falú de haber ordenado la quema de una edición completa de La Gaceta. Lo recuerdo para los más jóvenes y se lo cuento a los extranjeros que ahora salen en defensa del bancario y sus oneroso multimedios de prensa, pagado con la plata de todos los tucumanos. ¿Saben qué es lo peor? Que la actual 'cúpula' de La Gaceta ha decidido someterse a la voluntad de Cisneros y ahora es uno de sus grandes defensores".
Germán García Hamilton, tataranieto del fundador de La Gaceta, denunció públicamente a través de X/Twitter que el centenario diario está bajo el mando de Carlos Cisneros. El 27 de mayo de 2000, grupos armados quemaron una edición completa del medio durante 12 horas. El fiscal Ricardo Falú investigó el ataque y declaró a La Nación que un ex policía "relacionado con el sindicalista Carlos Cisneros" —entonces vicepresidente de la Caja Popular— dirigió el operativo ejecutado por Rubén "La chancha" Ale y Rubén "Sopa e´chancho" Ureña. Ale cargaba con dos años de prisión por explotación de prostíbulos, aprietes mafiosos y era sospechoso de asesinato de policías. Ureña, operaba con influencias judiciales. "La pasividad policial ha sido delictiva", sentenció entonces Falú, quien calificó el hecho como "un ataque a la libertad de prensa que puso en jaque la paz social de la provincia". Veinticinco años después, el magnate del juego y mandamás de la Caja Popular por más de 30 años habría adquirido el paquete mayoritario de acciones del diario que fue atacado. El silencio sobre el violador Rodolfo "Ekeko" Burgos —lobbista de La Gaceta—, la denuncia penal por los $26,7 millones desviados en la CPA, los allanamientos a la organización Cisneros y el pacto con José Hugo Saab confirman la adquisición denunciada por la familia fundadora.
Este medio ya dió cuenta en su edición del pasado 10 de octubre que Cisneros habría comprado la mayoría accionaria del diario La Gaceta y el Grupo Los Balcanes recientemente, según operadores de la City tucumana la operación superó los 70 millones de Dólares, provenientes de holdings estrechamente vinculados al "Tano Angellici" tucumano Roberto Sagra . El Grupo Los Balcanes —propiedad de la familia Rocchia Ferro— opera los ingenios La Florida, Cruz Alta y Aguilares, y controla del 20 al 25% de la caña de azúcar cosechada en Tucumán.
La adquisición de La Gaceta y el Grupo Los Balcanes consolida a Cisneros como el magnate con mayor concentración de poder económico y mediático en la provincia: controla hace décadas el juego y las apuestas de las Caja Popular, el diario más importante del interior argentino, y ahora su red empresaria maneja uno de los principales grupos azucareros.
Entre las 10 empresas de juegos y apuestas y maquinitas autorizadas por Cisneros desde la Caja Popular, figuran:
• ALFA MERCURIO SRL (150 máquinas): Mercedes Nélida Ale + Sergio Diez del Valle
• POINT LIMITS SRL (85 máquinas): Angel Adolfo Ale (Alias "El mono") + Andrea Acosta
• PATAN SRL (30 máquinas): Nelly Aguirre + Roberto José Emilio Sagra
Las 10 empresas que controlaban el juego en 2006. Los apellidos del clan Ale y Roberto Sagra aparecen como socios del negocio que movilizaba 755 millones de pesos anuales en aquel entonces.
Testimonios del caso Marita Verón mencionan directamente a Cisneros y la Caja Popular. Susana Trimarco declaró hace dos décadas: "Los Ale son una mafia organizada. Están involucrados Jorge Miranda, Antonio Guerrero y Carlos Cisneros, que manejaba la Caja Popular de Ahorro. Los Ale no quieren dejar de tener gente dentro del poder".
La organización paraestatal de Cisneros no se limita a la Caja Popular. Es una red que conecta juego, política, justicia, medios y deporte.
El operativo comando de la mafia empezó a las 10 de la noche del sábado 27 de mayo de 2000 y terminó a las 10 de la mañana del domingo. Doce horas ininterrumpidas en las que grupos armados asaltaron simultáneamente los ocho puntos de distribución de La Gaceta en San Miguel de Tucumán, robaron los ejemplares de la edición dominical, los quemaron en plena calle y persiguieron a los lectores que habían conseguido los primeros diarios.
"Fue un hecho planificado en detalle, con logística y un alto costo de movilidad, que mantuvo sitiada la capital tucumana", declaró el fiscal Ricardo Falú a La Nación el 1 de junio de 2000.
La investigación judicial identificó ejecutores y vínculos. El ex policía que dirigió el operativo "está relacionado con el sindicalista Carlos Cisneros, vicepresidente de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán", según Falú.
Los ejecutores materiales que La Nación describió como "personajes sacados de un libro de cuentos", fueron Rubén "La chancha" Ale y Rubén "Sopa e´chancho" Ureña. Pero su prontuario no era ficción. Ale había estado dos años preso por explotación de prostíbulos, aprietes al estilo mafioso y control del juego clandestinoy era sospechoso del asesinato de policías. A Ureña "se le adjudican influencias en el ámbito judicial". El ex policía que dirigió el ataque contrató remises de la empresa Cinco Estrellas, propiedad de la familia Ale, para movilizar a los grupos armados.
La denuncia se hizo en las instalaciones del propio diario. En vivo. Con cámaras de La Gaceta.
El diario no la persiguió judicialmente. No exigió rectificación. No desmintió.
Guardó silencio.
Si el diario más importante de la provincia está controlado por quien fue vinculado judicialmente al ataque que lo quemó, Tucumán enfrenta un problema de concentración de poder sin precedentes.
La Legislatura debe votar el desafuero de Hugo Ledesma si el fiscal lo solicita. Ledesma es cuñado de Cisneros.
El Poder Judicial debe decidir si allana la Caja Popular y secuestra celulares para pericias UFED.