El próximo 26 de noviembre se llevará adelante la audiencia preliminar de la causa La Fronterita, el primer proceso en Tucumán que buscará establecer la complicidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Tucumán. “Preocupa la reivindicación del terrorismo de Estado desde sectores del gobierno, pero hay que seguir empujando", advirtió Rodrigo Scrocchi, abogado querellante y coordinador del Área de Empresas y Derechos Humanos de ANDHES.
El próximo 26 de noviembre, en el Tribunal Oral Federal, se llevará adelante la audiencia preliminar de la causa La Fronterita, el primer proceso en Tucumán que buscará establecer la complicidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra provincia. Rodrigo Scrocchi, abogado querellante y coordinador del Área de Empresas y Derechos Humanos de ANDHES, visitó el estudio de La Tucumana FM 95.9 donde fue entrevistado enel programa La Tucumana de Tarde (lunes a viernes, de 18 a 20). Allí, el abogado destacó que el 26 de noviembre se dará un paso histórico en la provincia, tras casi una década de insistencia para que el expediente llegue finalmente a instancia oral.
Scrocchi explicó que el caso, iniciado en 2016, se diferencia de los 16 juicios previos por delitos de lesa humanidad realizados en Tucumán porque por primera vez coloca en el banquillo a actores económicos. Los acusados -Jorge Alberto Figueroa Minetti y otro empresario del Ingenio La Fronterita- deberán responder como cómplices secundarios por secuestros, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad y violaciones cometidas entre 1975 y 1978, período en el que funcionó dentro del ingenio una base militar del Operativo Independencia.
El abogado remarcó que avanzar sobre la responsabilidad civil y empresarial ha sido siempre “la pata más difícil” del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. En este sentido señaló que, a diferencia de los militares, las estructuras económicas "conservaron su poder después del retorno democrático", lo que favoreció la impunidad y prolongó las dilaciones judiciales. Scrocchi advirtió que este patrón se repite en casos como el del Ingenio Ledesma, en Jujuy, y en las denuncias por delitos ambientales y conflictos laborales que involucraron a los mismos grupos empresarios en años recientes.
En el caso tucumano, el eje del juicio será determinar el nivel de colaboración que el ingenio brindó al aparato represivo. Durante la entrevista, el abogado recordó que el despliegue militar del Operativo Independencia se asentó en numerosas instalaciones azucareras del sur provincial y mencionó antecedentes como el Fondo Patriótico Azucarero, un mecanismo de aportes empresariales que, según investigaciones históricas, habría contribuido al disciplinamiento de la clase trabajadora.
La urgencia por comenzar el debate oral responde también a la avanzada edad de los acusados -ambos superan los 85 años- y a la pérdida constante de víctimas y testigos. Solo en 2024 fallecieron cinco sobrevivientes vinculados a la causa. “La impunidad biológica es un riesgo real”, advirtió Scrocchi, quien anticipó que los organismos de derechos humanos realizarán una radio abierta y actividades culturales frente al Tribunal Oral Federal para acompañar la audiencia y exigir celeridad en el proceso.
Consultado sobre el contexto nacional, marcado por un negacionismo que hoy se expresa desde espacios institucionales, subrayó la fortaleza del proceso argentino de Memoria, Verdad y Justicia. Afirmó que, incluso en escenarios adversos, la sociedad y los organismos han logrado sostener los juicios, y recordó que en 2017 -en pleno retroceso político en materia de derechos humanos- se dictaron condenas en la causa Ford, la primera por complicidad empresarial a nivel nacional. “Preocupa la reivindicación del terrorismo de Estado desde sectores del gobierno, pero hay que seguir empujando. Los juicios siguen siendo una conquista social que no ha perdido legitimidad”, sostuvo.