Con la medida sancionada en la Cámara alta, el Gobierno redefinió los criterios de fiscalización y genera expectativas sobre el uso de los "dólares del colchón".
Foto de www.senado.gob.ar.-
En el marco del debate por el Presupuesto 2026, el Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, como parte del paquete de reformas tributarias que impulsa el Ejecutivo. De forma previa, y con el acompañamiento de aliados de bloques provinciales, la UCR, el Pro y tres peronistas, La Libertad Avanza consiguió sancionar la "ley de leyes" tras un debate de casi ocho horas en el Senado.
La iniciativa fue aprobada por 43 votos a favor y 26 en contra. La votación tuvo tres ausentes del peronismo: el catamarqueño Guillermo Andrada, el riojano Sergio Uñac y la cordobesa Alejandra Vigo. Más allá de ellos, hubo unidad del justicialismo en contra de la iniciativa, pero no le alcanzó a la oposición ante el respaldo unánime del resto de los bloques.
Según explicó el sitio Ámbito, la iniciativa plantea una modificación de fondo en el vínculo entre el fisco y los contribuyentes, con efectos relevantes sobre el uso de los llamados “dólares del colchón”, el Impuesto a las Ganancias, el pago de multas y los esquemas de moratoria por deudas impositivas, entre otros aspectos centrales.
Si bien el texto no incorpora de manera explícita un régimen de blanqueo de capitales, sí introduce cambios en normas tributarias y penales que limitaron el accionar persecutorio del Estado en situaciones de evasión de menor cuantía, con el objetivo de redefinir los criterios de control y sanción.
Una de las modificaciones centrales es la actualización de los umbrales que determinan cuándo una falta tributaria pasa de ser administrativa a penal. Por ejemplo, el piso para considerar evasión simple subiría desde montos muy bajos fijados en 2017 a niveles significativamente mayores, con cifras como $100 millones para evasión simple y $1.000 millones para la calificada.
El texto también actualiza las multas, amplía los plazos de prescripción en ciertos casos y reduce los plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores, lo que, según sus impulsores, ofrecería mayor predictibilidad en la relación con la administración tributaria.
A su vez, crea un régimen voluntario de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas cuyos ingresos y patrimonio no superen ciertos límites. En ese esquema, la autoridad fiscal confecciona la declaración en base a datos disponibles, y si el contribuyente paga en término, queda liberado de otras obligaciones formales salvo errores graves detectados posteriormente.
- Principio de Inocencia Fiscal: El proyecto plantea que los contribuyentes sean considerados cumplidores salvo prueba en contrario, de modo que la AFIP no pueda presumir automáticamente intención de evasión sin evidencia concreta.
- Actualización del régimen penal tributario: Se suben los montos mínimos a partir de los cuales una infracción fiscal pasa de administrativa a penal, ajustándolos por la inflación acumulada desde 2017.
- Posibilidad de evitar denuncia penal: Quien liquida su deuda y los intereses antes de que la AFIP inicie una denuncia puede evitar la vía penal, aunque este beneficio solo se puede usar una vez por contribuyente.
- Extinción de acción penal y prescripción: Si prescriben las facultades del fisco para determinar o exigir un tributo, se extingue también la acción penal relacionada, limitando la persecución del Estado en ciertos casos.
- Figuras penales definidas: Mantiene penas de prisión (por ejemplo, de dos a seis años) para fraudes como simulación de cancelación de obligaciones mediante comprobantes falsos o declaraciones engañosas.
- Ajuste anual de montos y transparencia: Desde 2027, todos los montos del régimen penal y del simplificado se actualizarán cada año según la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y se publicarán para evitar distorsiones.
- Cambios en plazos de prescripción: Se modifican los plazos de prescripción general, reduciendo el plazo para contribuyentes cumplidores y eliminando la suspensión automática de la prescripción al iniciar una fiscalización.
- Reducción de multas para pymes y personas humanas: Introduce reducciones de hasta el 90% en multas administrativas para personas humanas y pequeñas y medianas empresas en determinados casos.
- Declaración jurada simplificada de Ganancias: Se crea un régimen opcional para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos y patrimonio dentro de ciertos límites, donde la AFIP confecciona la declaración y el contribuyente cumple con menos requisitos formales.
- Impacto indirecto sobre los “dólares del colchón”: Aunque no crea un blanqueo de capitales ni cambia la estructura de Ganancias, reduce el riesgo de inspecciones por incrementos patrimoniales no justificados y facilita la formalización de activos no declarados.