La noche del 31 de diciembre, el Presidente firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) para crear el Centro Nacional de Ciberseguridad y establecer que activistas, opositores y periodistas pueden constituir un "riesgo" y perseguirlos. El decreto deberá ser convalidado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
Sede de la Secretaría de Inteligencia del Estado. (Foto: Clarín)
Diputados opositores denunciaron en las redes sociales que el presidente Javier Milei firmó el 31 de diciembre por la noche en Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la Ley Nacional de Inteligencia Nacional (25.520) y otorgará mayores facultades a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): mediante dicho instrumento, se el Centro Nacional de Ciberseguridad y establecer que activistas, opositores y periodistas pueden constituir un "riesgo" y perseguirlos y hasta detenerlos.
El artículo 2° BIS del DNU que firmó Milei en vísperas de Año Nuevo establece que "todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional" y agrega que "se entiende por investigación de inteligencia al conjunto e tareas y procedimientos para identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la Inteligencia Nacional".
Una nueva modificación al artículo 2° determina que "las actividades de ejecución de Contrainteligencia incluyen evitar acciones infiltración, figa de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general".
A partir de los cambios en la Ley de Inteligencia que introdujo el líder libertario se sostiene que "tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales", y que en ese marco "la Contrainteligencia comprende, además, el desarrollo e medidas pasivas, tendientes a evitar el conocimiento e la propia situación por parte de actores estratégicos estatales y no estatales, denominados como Medidas de Seguridad de Contrainteligencia".
El sitio Infobae explicó que a partir de los cambios, la SIDE continúa como organismo principal, pero se modifican y reordenan varias de sus dependencias: la Agencia de Seguridad Nacional cambia su nombre y pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberseguridad es reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), con foco en el ámbito digital, y la antigua División de Asuntos Internos es sustituida por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI).
"La norma también amplía y especifica las atribuciones de la SIDE. La coloca al frente de la planificación del esfuerzo estatal en materia de obtención y análisis de información estratégica, le otorga la conducción del Sistema de Inteligencia Nacional y la vincula con otros organismos nacionales y extranjeros en la materia", analizó el citado medio.
Los cambios también habilitan detenciones en el marco de las tareas de inteligencia: en el artículo 19, se prevé que, “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
El decreto deberá ser convalidado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
El diputado socialista Esteban Paulón alertó: "El DNU 941/25, publicado anoche mientras sonaban las cañitas voladoras, modifica la Ley de Inteligencia Nacional (25520), generaliza un estado de sospecha y transfiere competencias sensibles a las áreas bajo el control de Karina Milei. Todo eso sin pasar por el Congreso, y sin participación de la Comisión Bicameral. La interna entre Karina y Santiago Caputo es un riesgo para la seguridad nacional y pone en riesgo la autonomía e independencia de la Inteligencia nacional".
En ese sentido, consideró que los cambios en la SIDE representan "un duro golpe para nuestra democracia", y expuso cinco puntos claves del nuevo DNU libertario:
VUELVE EL ESPIONAJE POLÍTICO: El DNU define como "riesgos" a activistas, opositores y periodistas. Es una confesión de parte: quieren usar los recursos del Estado para perseguir a quienes pensamos distinto. El "Estado Policial" en su máxima expresión.
CARTA BLANCA A LA SIDE: Habilitan la "preservación de métodos y fuentes" sin ningún límite claro. Esto es, en la práctica, darle impunidad total a los agentes para actuar por fuera de la ley bajo el pretexto de la seguridad nacional.
OPACIDAD Y SECRETISMO: Declaran "encubiertas" la TOTALIDAD de las actividades de inteligencia. Chau transparencia. Chau control de fondos reservados. Están construyendo una caja negra gigante financiada con tus impuestos.
EL CONGRESO AFUERA: Eliminan el control civil sobre la inteligencia militar y le dan autonomía al Estado Mayor Conjunto. Es un retroceso histórico que rompe el consenso democrático de separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior.
VIGILANCIA DIGITAL: El nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad bajo Jefatura de Gabinete es el Gran Hermano que faltaba. Una herramienta de control social que recolecta información de todos nosotros para el Sistema de Inteligencia Nacional.
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