Jaldo desplazó al cisnerismo de la Caja Popular: "Nadie es dueño de las instituciones"

Este viernes, el gobernador Osvaldo Jaldo puso en funciones al nuevo interventor de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, Guillermo Norry, y al subinterventor Antonio Bustamante. Para ello, desplazó al cisnerismo de la conducción de la entidad financiera y cesó a José Díaz y Darío Amatti, que respondían directamente a Carlos Cisneros. "Nadie es dueño de las instituciones", subrayó el tranqueño, que negó una "interna política", y recordó que "los tucumanos son los verdaderos dueños de la Caja Popular".

"Estamos tomando decisiones institucionales todos los días y a cada minuto. Necesitamos equipo, necesitamos hombres y mujeres que nos acompañen a ejecutar las políticas que fijamos desde el Poder Ejecutivo. La Caja Popular de Ahorros es una institución financiera que se salvó muchas veces de la onda privatizadora, y hoy los tucumanos tenemos la suerte de tener una institución autárquica como la Caja Popular que es de todos los tucumanos y depende del Gobierno de la Provincia, cuya responsabilidad absoluta es del gobernador", explicó Jaldo al justificar los cambios en rueda de prensa.

Sobre la decisión de desplazar a los ultracisneristas Díaz y Amatti, consideró que "hay áreas que cumplen etapas, cumplen ciclos", aunque aclaró que "nos han venido acompañando, forman parte de nuestro equipo", pero que "como gobernador uno tiene que tomar decisiones".

Respecto de Norry y Bustamante, valoró: "Hemos elegido dos técnicos para la conducción de La Caja. Es una responsabilidad muy grande administrar una institución de estas características, por lo que significa: apoyo a las instituciones intermedias, apoyo al sistema provincial de salud y un sistema de créditos para empleados públicos y privados que lo necesitan y la responsabilidad de administrar el juego legal y combatir el juego clandestino, tamaña responsabilidad".

"Las instrucciones que llevan nuestros interventores es conducir la CPA, consolidar todo lo bueno y corregir lo que haya que mejorar; vamos a trabajar con el personal de carrera que tiene experiencia dentro de la institución y no nos va a temblar el pulso de tomar decisiones de aquello que no funcione las instrucciones son claras: mejorar, consolidar y que cada día que pasa la CPA esté más al servicio de los tucumanos", manifestó.

En ese sentido, Jaldo rechazó que la decisión pueda vincularse a una "interna política", y la limitó al plano institucional y la gestión: "Esto no hay que mezclarlo con internas, con rencillas políticas porque no tiene nada que ver: las instituciones no son de nadie, son del pueblo tucumano, es como si yo quisiera decir que la gobernación es mía; todos los hombres y mujeres pasamos por los cargos y luego nos reemplazan".

"Nadie es dueño de las instituciones, podemos estar más o menos vinculados por una situación gremial como UPCN tiene el personal de las comunas y escuelas, ATE de la administración pública, seguramente La Bancaria tiene responsabilidad sobre los empleados bancarios. La Bancaria es uno de los gremios que más ha defendido a los trabajadores de los bancos, no sólo de la Caja, y nivel nacional la hemos visto actuar, nada tiene que ver la política institucional con la gremial", insistió.

El mandatario provincial reiteró que las decisiones respecto de La Caja no tienen que ver ni decantan en una interna en el Partido Justicialista: "Esto no tiene que ver nada con la interna del Partido Justicialista si tuviese que ver, lo tenemos que arreglar en el PJ, no en la gobernación ni en la Caja Popular".

"No hay ningún tipo de interna, son decisiones institucionales, nadie es dueño de las instituciones. Los hombres y mujeres elegidos para un cargo estamos de paso, hay que estar más preparado para irse que para llegar. El político que cree que los cargos son para toda la vida se está equivocado", sentenció.

En ese sentido, Jaldo se mostró a favor de que La Caja "camina" hacia una "normalización", sin interventores designados por el Ejecutivo, pero sostuvo que en dicha institución "hay temas pendientes que hay que ir solucionado". También remarcó que "esta semana" no charló con el diputado Cisneros, y recordó que "la función del diputado Cisneros es gremial y La Caja depende del gobierno de la Provincia, no de Osvaldo Jaldo".

El tranqueño repasó que él mismo ejerció como interventor de La Caja Popular y reiteró que "nadie es dueño de las instituciones": "Yo tuve que reemplazar a interventor de La Caja que había sido presidente de la Corte Suprema de Justicia (en alusión a Juan Carlos Veiga). Aquí nadie está atado a ningún cargo y nadie es dueño de las instituciones. Tenemos que respetar los roles, si no respetamos los roles comienzan los problemas, y nosotros no queremos tener problemas absolutamente con nadie pero cuando hay problemas los afrontamos", manifestó.

Finalmente, subrayó que "no hay interna política, y si hay un problema político ya viene el 2027", dejando en claro que "los tucumanos son los verdaderos dueños de La Caja Popular", y que tanto Norry como Bustamante "no van a hacer política partidaria en La Caja, y por supuesto tampoco van a permitir que otros la hagan". "Hemos dado un paso importante, muchos no la creían o cerraban los ojos para no verla", remató.

La Caja Popular de Ahorros fue noticia el pasado 15 de noviembre, cuando una ciudadana presentó ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana una acusación formal contra ocho personas por peculado y asociación ilícita en el desvío de $26.791.604,22 en mercadería social.

 Entre los denunciados aparecen Hugo Guillermo Ledesma, actual legislador provincial, ex subinterventor de la Caja Popular y cuñado de Carlos Cisneros; José César Díaz, el interventor formal de la CPA que opera bajo la sombra de quien todos en Tucumán identifican como el verdadero poder en esa institución; y Lorena Luz María Málaga Barros Sosa, ex ministra de Desarrollo Social del gobierno de Juan Manzur que autorizó doce entregas irregulares sin convenio ni beneficiarios identificados.

La presentación judicial se sustenta íntegramente en los Acuerdos 5.140 y 5.184 del Tribunal de Cuentas. El primero abrió juicio administrativo y estableció el perjuicio patrimonial. El segundo detalló cada operación irregular con precisión contable.

El mecanismo era directo: la ex ministra Málaga emitía Órdenes de Autorización de Entrega de Mercadería consignando como "beneficiario" a la Caja Popular de Ahorros. Problema: la CPA no tiene competencia legal para recibir ni distribuir ayuda social. Su función institucional es administrar el juego, otorgar préstamos y operar como banco provincial. La asistencia social no figura en su carta orgánica.

Pero Málaga igual autorizaba. Díaz, Ledesma, Garay y Corres igual solicitaban. Carranza, Naser y Budeguer igual retiraban. Y la mercadería —arroz, fideos, harina, leche en polvo, chapas sinusoidales, camas cuchetas, mesas, sillas— desaparecía sin dejar rastro de beneficiarios finales.

El Tribunal de Cuentas constató que no existía convenio entre Desarrollo Social y la Caja Popular que habilitara esta operatoria. Las entregas violaban el Decreto 2348/4-MDS-2010 al carecer de notas de pedido, identificación de beneficiarios en situación de vulnerabilidad y verificación de condiciones socioeconómicas.

El Acuerdo 5.184 mapea con nombres y apellidos el circuito completo. Orden 420477 del 6/10/2023: doscientas unidades de alimentos. Solicitante: Ledesma. Quien retiró: Carranza. Orden 411363 del 22/05/2023: trescientas unidades. Solicitante: Díaz. Quien retiró: Carranza. Orden 408381 del 19/04/2023: cincuenta chapas. Solicitante: Díaz. Quien retiró: Corres.

Doce veces el mismo patrón. Funcionarios de la Caja Popular solicitan mercadería social para "la Caja Popular" como beneficiaria. Personas vinculadas a la CPA retiran los bienes del depósito ministerial. Nadie informa destino final.

Total: miles de unidades de mercadería por $26.791.604,22 sin destino acreditado.

Turbio monopolio del juego

El pasado 7 de diciembre, eltucumano.com publicó  una investigación sobre las cuentas del organismo provincial —balances internos, auditorías externas, cartas de recomendaciones, advertencias sobre lavado de activos— que evidenciaron la magnitud de un negocio que el Estado tucumano delegó en 1995 a Cisneros y que hoy, tres décadas después, suma USD 9.500 millones movilizados sin control público efectivo.

Los balances y documentos contables de la Caja Popular —como estados contables comparativos de la Caja Popular entre 1999 y 2002 (cuando un peso equivalía a un dólar)— a los que eltucumano tuvo acceso revelan cifras que dimensionan el negocio del juego y las apuestas que controla Cisneros desde la Caja Popular de Ahorros, ente estatal a cargo del rubro en Tucumán.

En efecto, y para ejemplificar, el balance interno de la CPA del año 2000 arrojó que la Caja Popular registró un total de $264.661.995 en apuestas. Al año siguiente, 2001, la cifra subió a $254.912.923. Y en 2002, ya con la devaluación, el volumen saltó a $381.149.778. Es decir que sólo en esos tres años - cuando Argentina atravesaba su peor crisis económica- los tucumanos apostaron el equivalente a USD 627 millones en quiniela, Telekino, casino, hipódromo y máquinas tragamonedas.

Pero esos balances contienen otro dato crucial. En la fila "Participación SIPROSA" aparece lo que la Caja transfería al sistema de salud pública. La ley provincial establece que el 25% del resultado bruto del juego debe ir a hospitales. Los números cuentan otra historia: en 2002, la CPA transfirió sólo $14.332.367 al SIPROSA, apenas el 3,7% del total apostado. En 2001 fueron $17.785.616 (6,9%). En 2000, $8.748.364 ( tan sólo un 3,3%).

La cuenta es simple. Si la ley se hubiera cumplido estrictamente durante 30 años, el sistema de salud tucumano debería haber recibido aproximadamente USD 2.400 millones (a valores constantes). Sin embargo el SIPROSA sólo percibió, según las proyecciones basadas en los balances disponibles, alrededor de USD 285 millones. La diferencia supera los USD 2.100 millones que nunca llegaron a los hospitales públicos de una provincia donde la desnutrición infantil fue noticia mundial.