Dos escritos firmados por José Ignacio Florentín Bobadilla, con el patrocinio de María Florencia Abdala y Camilo Atim, abrieron una ofensiva sin precedentes contra el diputado nacional y jefe de La Bancaria: uno ante el Juzgado Federal por trata de personas con fines de explotación sexual y otro ante la Unidad Fiscal Regional por asociación ilícita, falso testimonio, estafa procesal y otros delitos. Apoyados en las pericias UFED, las declaraciones de las amigas de Lourdes Parache, la orden de allanamientos sobre siete domicilios y el sobreseimiento de los jugadores de Vélez, ambos escritos piden su detención preventiva y el levantamiento de sus fueros. A Neme, Venditti, Petraglia y Castellote también les piden la cárcel. eltucumano accedió a los dos documentos completos. Descargue los PDF con los pedidos judiciales.
Carlos Cisneros, empleado bancario en uso de licencia sindical, magnate empresario y lider de la mafia paraestatal enquistada en la Caja Popular de Ahorros. (Foto: Facebook La Bancaria Tucumán)
La causa que comenzó como una denuncia por "violación en manada" contra cuatro jugadores de Vélez Sarsfield terminó con un giro brutal: la Justicia concluyó que la denuncia fue falsa, sobreseyó a los futbolistas y ordenó investigar a la organización que montó el caso desde el corazón del Estado tucumano (las 10 notas que documentaron el armado). En el centro de esa red, los expedientes colocan un nombre: Carlos Aníbal Cisneros, diputado nacional, jefe de La Bancaria, mandamás de la Caja Popular de Ahorros y dueño de medio Tucumán sin dar explicación de semejante enriquecimiento. La propia documentación judicial lo describe como el "jefe" de una asociación ilícita que utilizó a Lourdes Parache como instrumento de una trama extorsiva y de explotación sexual.
Sobre ese escenario se apoyan ahora dos presentaciones simultáneas. La primera, titulada "Pido detención – Solicito desafuero", ingresó al Juzgado Federal de Tucumán en la causa "Cisneros y otros s/ trata de personas con fines de explotación sexual" y pide la detención de Cisneros, su llamado a indagatoria y su desafuero conforme al artículo 70 de la Constitución Nacional, la Ley 25.320 y el artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación. La segunda, con idéntico encabezado, fue presentada ante la Unidad Fiscal Regional en el legajo S-077592/2025 —"Cisneros Carlos, Parache María de Lourdes, Venditti Franco, Sheriff Santiago, Neme Patricia Micaela, Castellote María de los Milagros, Parache Jorge Rafael, Molina María del Rosario, Petraglia Federico s/ falso testimonio, estafa procesal y otros delitos"— y reclama la detención inmediata de cinco imputados y que la fiscal requiera el desafuero ante la Cámara de Diputados conforme al artículo 25 del CPPT. En diciembre, ya habían solicitado la detención de Cisneros.
La novedad institucional no tiene precedente en Tucumán: por primera vez, un diputado nacional de la provincia enfrenta pedidos paralelos de detención y desafuero en dos fueros distintos por un mismo núcleo fáctico —el armado de la causa Vélez—, con la trata de personas en el centro del expediente federal y la asociación ilícita, el falso testimonio y la estafa procesal como columnas de la causa provincial. Si cualquiera de los dos magistrados que recibieron los escritos formaliza el pedido ante el Congreso, será la Cámara de Diputados la que tenga que decidir si el empleado bancario con licencia sindical que se convirtió en magnate sigue protegido por sus fueros o se sienta en el banquillo como cualquier otro imputado.
El punto de inflexión fue la resolución del juez Augusto José Paz Almonacid del 30 de diciembre de 2025 (sobreseimiento confirmado). El magistrado sobreseyó a José Florentín Bobadilla, Sebastián Sosa, Braian Cufré y Abiel Osorio —los cuatro jugadores que llevaban casi dos años con sus carreras destruidas, sus nombres arrastrados por los medios de Cisneros y sus familias sometidas al escarnio público— tras considerar "contundente" la evidencia pericial. Los 530 megabytes de pericias UFED reconstruyeron cómo La Bancaria armó una denuncia de "violación en manada" que resultó ser una "cama extorsiva": audios donde Lourdes les contaba a sus amigas que "la había pasado de diez", mensajes que revelaban la manipulación de su relato desde la Caja Popular y testimonios que acreditaban la eliminación deliberada de evidencia y la instrucción de testigos.
Paz Almonacid rechazó el intento de la querella cisnerista de anular las pericias UFED, estableció que "la resignificación no puede operar como sustituto de la prueba" y que "juzgar con perspectiva de género no implica prescindir del principio de inocencia", criticó al Ministerio Público Fiscal por sostener una acusación "que nunca debió formularse" y ordenó remitir el expediente completo al Fiscal General Federal para investigar la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual (arts. 145 bis y 145 ter del Código Penal).
El informe jurídico-judicial elaborado en enero de 2026 sobre esa derivación federal sintetiza la hipótesis: la organización habría captado a Lourdes Parache desde su posición de empleada de la Caja Popular de Ahorros —controlada por Cisneros desde 1995—, habría abusado de su situación de vulnerabilidad laboral, la habría sometido mediante engaño y coerción y la habría instrumentalizado para una extorsión económica contra los futbolistas. La propia Lourdes lo dijo con sus palabras: "Sosa es el que más plata tiene, no lo voy a dejar afuera". Y una testigo declaró que Lourdes le había dicho que "cerca del juicio iban a estar más cagados de miedo los jugadores e iban a ofrecer más plata" (análisis previo). La lógica no era la de una víctima. Era la de una operación extorsiva.
Un dato agrava la situación de Cisneros: como diputado nacional, su condición de funcionario público configura el agravante del artículo 145 ter inciso 2° del Código Penal, que eleva la pena de cinco a diez años de prisión.
La estructura que describen los expedientes no es una banda improvisada. Es una organización criminal estable, con jerarquía interna, división de roles y capacidad operativa que funciona desde hace años bajo el paraguas sindical, financiero y mediático de Cisneros (la orden judicial que detalla cómo opera). El informe jurídico identifica nueve imputados con funciones diferenciadas: Cisneros como jefe; Patricia Neme como coordinadora legal; Franco Venditti como co-coordinador legal; Federico Petraglia como operador de campo; testigos instrumentalizados como Milagros Castellote y Rosario Molina; y Lourdes Parache como víctima/instrumento, utilizada para poner la cara en una causa que no controlaba.
El 30 de septiembre de 2025, el juez Bernardo Lerario Babot firmó la orden judicial que se convirtió en pieza clave: siete domicilios allanados de manera simultánea, incluyendo oficinas del estudio de Neme, la residencia de Castellote y la de Molina, a partir de la evidencia extraída de los teléfonos mediante tecnología UFED. En esa resolución, el magistrado describió por primera vez a la "organización criminal" que operaba detrás de la denuncia y reprodujo mensajes donde se ubicaba a Cisneros como "el de arriba" que daba órdenes para "hacer pingo" a la jueza Karina Eliana Gómez Moreira y coordinaba maniobras para buscar, ocultar y destruir pruebas.
La pericia UFED reconstruyó el mecanismo con precisión forense. El 4 de marzo de 2024 a las 19:30, Federico Petraglia —"mano derecha" de Cisneros— llamó al Hotel Hilton para preguntar por las cámaras de seguridad de la noche del sábado. La denuncia formal se presentó recién el 6 de marzo. Lourdes todavía les contaba a sus amigas que "la había pasado de diez". La organización ya estaba operando. Mensajes posteriores documentan el plan para simular el robo del celular de Lourdes ("un empleado de Cisneros iba a hacerse pasar por choro"), la compra del iPhone nuevo por parte del diputado para destruir el audio comprometedor, y una sesión de más de una hora en la que Neme agarró los teléfonos de Castellote y Parache y se puso a eliminar mensajes para que "coincidan las conversaciones y no salgan los audios" ("Carlos, siempre Carlos…").
Los mensajes recuperados por UFED no dejan margen para la ambigüedad. Lourdes escribió a su amiga Rosario Molina:
La "abogada" es Patricia Neme, la letrada de la Caja Popular puesta por Cisneros.Lourdes no "resignificó" espontáneamente su experiencia. Fue "hecha dar cuenta" de que "había sido abusada". El informe psicológico de la Lic. Natalia Alba Mendieta del SIPROSA —matrícula 912, fechado 27 de diciembre de 2024— lo confirma técnicamente: detecta una "reinterpretación retroactiva" del encuentro sexual. El propio abogado de la querella, Patricio Char, lo admitió involuntariamente en la audiencia del 19 de diciembre al reconocer que el caso era de "resignificación sexual —darse cuenta después—". La diferencia entre "chocha" y "violada" es Carlos Cisneros, Patricia Neme, La Bancaria y la Caja Popular de Ahorros.
"Fui prisionera cumpliendo órdenes": la voz de Lourdes y las amigas que rompieron el silencio
Veinte meses después de la noche del Hilton, el 7 de noviembre de 2025, Lourdes envió un mensaje desesperado a sus amigas del grupo "Reinas de la Noche" —amigas desde los 9 años en el colegio Los Cerros de Yerba Buena, dieciocho años de secretos compartidos—. Ya no estaba en el grupo: la habían sacado. Escribió a cada una por separado. La pericia UFED recuperó el mensaje:
Rocío Sancho Miñano, una de esas amigas, aportó una captura de pantalla del mismo mensaje con una versión complementaria: "prisionera de muchas cosas que no compartía ni comparto, haciendo la vista ciega porque no me queda opción pero sobre todo sin poder de decisión y teniendo que cumplir órdenes sin preguntar ni chistar…" La existencia de dos versiones del mismo mensaje —una recuperada por tecnología forense israelí y otra por captura directa de una amiga— refuerza su autenticidad. Ambas coinciden en lo esencial: Lourdes se describe como "prisionera", "cumpliendo órdenes", "sin preguntar ni chistar". El léxico es el de una víctima de trata, no el de una querellante autónoma.
Tres semanas después de ese mensaje, el 28 de noviembre de 2025, Ana Inés Gray y Rocío Sancho Miñano se sentaron frente al fiscal de la Unidad de Integridad Sexual y de Género y contaron todo (la desesperación cisnerista por anular sus testimonios). El audio donde Lourdes se reía después del encuentro con los jugadores. El plan para simular el robo de su celular. El iPhone nuevo que le compró Cisneros. Las órdenes que recibía. El cautiverio en el que vivía. Sancho Miñano puso nombres propios a las "órdenes": declaró que "los abogados de Luli son de la Caja Popular por orden de Cisneros", que "Cisneros tomaba decisiones", que el propio diputado organizó la entrevista de Lourdes en TN y que ella "tenía que ir por orden de Cisneros o de los abogados, quienes también responden a Cisneros". Confirmó que Cisneros le compró un celular nuevo a Parache. Y confirmó bajo juramento que los abogados Neme y Venditti iban a "hacer pingo a la jueza por órdenes de arriba" y que "ahora nadie puede pensar diferente o hacer algo en contra de Luli porque le van a cagar la carrera".
Otra pieza clave: Milagros Castellote, testigo instrumentalizada, le confesó a su novio el 14 de marzo de 2024 que "Lourdes no fue violada" ("No la violaron": la confesión de Castellote). Castellote fue dada de alta como empleada del Banco Macro el 27 de marzo de 2024, el mismo día que declaró por primera vez como testigo en la causa contra los jugadores - se sospecha de un fuerte vínculo del magnate mafioso disfrazado de sindicalista con Jorge Brito (h), dueño del Banco Macro - . El alta se realizó en la misma sucursal donde trabaja Jorge Rafael Parache, padre de Lourdes —también imputado en el legajo S-077592/2025—. El juez Lerario Babot señaló la "coincidencia temporal" como evidencia de retribución por testimonio.
Los escritos: detención y desafuero en doble vía
Sobre este entramado de pruebas se montan los dos escritos que buscan dejar a Cisneros sin fueros y con prisión preventiva.
Ante el Juzgado Federal, Florentín pide la detención del diputado y su llamado a indagatoria, alegando que "de las constancias de autos surgen elementos de convicción suficientes para sostener la posible participación del diputado nacional Carlos Cisneros en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual". Cita la declaración de Sancho Miñano, el mensaje del 7 de noviembre, la secuencia de Petraglia en el Hilton y los antecedentes de entorpecimiento ya acreditados —la compra del celular, la organización del robo simulado, la amenaza a la jueza— para sostener que la organización ya operaba antes de cualquier denuncia y que Cisneros obligó a Lourdes a continuar con el proceso "sin preguntar y chistar". El escrito formula una pregunta que atraviesa toda la causa:
Ante la Unidad Fiscal Regional, el segundo escrito va más lejos en la cantidad de nombres: reclama la "INMEDIATA DETENCIÓN" de Patricia Micaela Neme, Franco Venditti, Carlos Aníbal Cisneros, Federico Petraglia y Milagros Castellote en los términos del artículo 234 del Código Procesal Penal de Tucumán, por considerarlos parte de "una organización criminal que actuó coordinadamente para influir sobre funcionarios y testigos, para engañar a la justicia en diferentes actos procesales, para ocultar la verdad e introducir información falsa en el marco del proceso penal donde existe una sentencia que declara mi inocencia, lo que lleva a darme la razón en TODO LO DENUNCIADO HASTA AQUÍ".
El argumento central del escrito provincial es demoledor:
El escrito señala que Cisneros, como referente de La Bancaria y diputado nacional, "no queda la menor duda de que cuenta con medios económicos y redes de contactos que le permitirán sustraerse de la justicia" y que "pone a disposición de la empresa criminal todos sus recursos, sus influencias —su mano derecha, sus abogados—", por lo que el peligro de fuga se extiende a todos los denunciados.Al igual que en el fuero federal, la pieza provincial incluye un capítulo de "Solicito desafuero" con una formulación constitucional idéntica: "la inmunidad parlamentaria no puede ser interpretada como un privilegio personal ni como un mecanismo de impunidad, sino como una garantía funcional cuyo alcance se limita a preservar el normal funcionamiento del Poder Legislativo". La diferencia técnica entre los dos escritos está en la norma procesal invocada: el artículo 319 del CPPN en el fuero federal, el artículo 25 del CPPT en el provincial. La adecuación no es casual: refleja solidez técnica en el patrocinio letrado.
De Marita Verón a la Caja Popular: el patrón que se repite
El caso Vélez no aparece en el vacío. El informe jurídico-judicial recuerda el testimonio de Susana Trimarco —madre de Marita Verón— ante el Tribunal Oral en lo Criminal el 19 de septiembre de 2012:
Los hermanos Ale —condenados por asociación ilícita y lavado de activos— fueron los mismos socios de Cisneros en la red de tragamonedas documentada por eltucumano (la mafia de los tragamonedas). Los mismos con los que mandó a quemar La Gaceta en el año 2000 —doce horas ininterrumpidas de operativo mafioso contra la libertad de prensa— y que hoy controla a través de Roberto Sagra (Quemando La Gaceta).El patrón es el mismo: una estructura de poder que opera por encima de la ley, protegida por su penetración en instituciones clave del Estado. Ayer los Ale y la trata de personas. Hoy Cisneros, la Caja Popular, La Bancaria y la instrumentalización de Lourdes Parache. Las mismas estructuras de impunidad que impidieron esclarecer el caso Verón son las que ahora aparecen documentadas en los expedientes del caso Vélez.
Lo que viene
La prognosis procesal favorece el avance de la investigación. Los co-imputados sin fueros —Neme, Venditti, Petraglia, Castellote— carecen de inmunidad parlamentaria y la evidencia en su contra supera largamente el estándar requerido para una detención preventiva. La apertura formal de la investigación federal por trata es altamente probable dado que fue el propio juez del sobreseimiento quien la ordenó. La incógnita es política: el desafuero requiere dos tercios de la Cámara de Diputados y la influencia económica de Cisneros puede operar como obstáculo.
Lo que ya no es incógnita es la constatación judicial de que la denuncia que puso al país a hablar de "violación en manada" fue falsa, que los cuatro jugadores son inocentes, y que hubo una organización que lo sabía, que la armó y que la sostuvo durante casi dos años a fuerza de mentiras, presiones, destrucción de evidencia y cautiverio sobre una joven que pidió perdón a sus amigas por "haber lastimado a personas que nada tienen que ver y que no lo merecen".
Hoy esa organización se llama, en los propios expedientes judiciales, "Organización Criminal Cisneros". Y por primera vez, la Justicia no solo la describe: la quiere ver sentada en el banquillo.
Fuentes documentales: Escrito "Pido Detención – Solicito Desafuero" ante Juzgado Federal, causa "Cisneros y otros s/ Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual" · Escrito "Pido Detención – Solicito Desafuero" ante Unidad Fiscal Regional, Legajo S-077592/2025 · Resolución sobreseimiento juez Augusto José Paz Almonacid 30/12/2025, Legajo S-020390/2024 · Informe Jurídico-Judicial "Análisis de Indicios Federales y Prognosis Procesal", enero 2026 · Orden de allanamiento juez Bernardo Lerario Babot 30/09/2025 · Pericias UFED causa S-020390/2024 (530 MB de evidencia digital) · Declaraciones testimoniales de Ana Inés Gray y Rocío Sancho Miñano (28/11/2025) · Declaración testimonial Manuel Ramírez, Gerente Hotel Hilton (26/11/2025) · Informe pericial Lic. Natalia Alba Mendieta, SIPROSA, matrícula 912 (27/12/2024) · Acta audiencia 23/12/2025 (Id Audiencia 108035) · Causa S-077592/2025.
Serie completa "La Red de Cisneros": https://www.eltucumano.com/tags/233/carlos-cisneros