El juez federal N°2 de Catamarca, Guillermo Andrés Díaz Martínez, homologó el acuerdo conciliatorio entre la UNT y YMAD en los términos del artículo 309 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El acuerdo —firmado el 15 de diciembre de 2025 por el rector Sergio Pagani y el gobernador Raúl Jalil, presentado ante el juzgado el 6 de enero de 2026 y aprobado previamente por el Consejo Superior de la UNT y las cámaras legislativas de Catamarca— adquiere carácter de cosa juzgada. En la práctica, la UNT desiste de la querella que declaraba nulo el convenio fraudulento de 2008 y acepta que la obligación del artículo 18 inciso b) de la Ley 14.771 —terminar la Ciudad Universitaria de San Javier "conforme a los planos ya aprobados"— se dé por "cumplida" con la construcción de 135.000 metros cuadrados de obra en cualquier lugar que determine el Consejo Superior, sin relación con el proyecto original de Sacriste, Caminos y Vivanco ni con los 2.783 planos que eltucumano.com localizó en la planoteca de la UNT en 2023. El campus que proyectó el rector Horacio Descole —18.000 hectáreas expropiadas por el presidente Perón, incluido en el Primer Plan Quinquenal, ratificado por la ley de Frondizi, valuado por el propio secretario de Obras de la UNT en más de USD 5.700 millones— queda definitivamente enterrado. El mecanismo central del fraude que eltucumano.com viene documentando durante años se consagra judicialmente: cambiar el objeto que ordena la ley para poder declarar "cumplido" lo que nunca se ejecutó. Lo que en 2005 fue una extorsión de Rodolfo Campero a Minera Alumbrera por un millón de dólares —triangulado por un fideicomiso del Banco Río que desapareció de los balances de la UNT—, lo que en 2006 fue un "nuevo concepto" fabricado en 48 horas por la Secretaría de Planeamiento bajo presión política de Campero, José Hugo Saab y el entorno radical, lo que en 2007 fue el Acta 498 de YMAD donde Campero y Mario Marigliano votaron declarar "satisfecha" una obra que tres meses antes el propio rector Cerisola admitía como inconclusa, lo que en 2008 fue el convenio fraudulento que redujo la participación de la UNT del 40% al 20%, lo que el Informe Aceñolaza de 2014 denunció como una declaración de cumplimiento que "no se fundó en la ley", lo que el fiscal federal Carlos Brito encubrió durante 17 años al no investigar el expediente 1552/2005 ni imputar a Campero ni a Marigliano, lo que la propia querella de la UNT blanqueó ante el Tribunal Oral Federal al presentar como prueba exculpatoria un informe encargado al efecto, lo que el TOF convalidó al condenar a Cerisola a 3 años y 6 meses en suspenso por el delito menor y absolver la falsificación del artículo 18 —todo eso ahora tiene sello de cosa juzgada. La homologación de Díaz Martínez no cierra un conflicto administrativo: blinda la arquitectura completa de la mayor estafa documentada contra una universidad argentina. Además, un DNU de Javier Milei formaliza la salida del Estado Nacional de YMAD y transfiere el control operativo a Catamarca —la provincia que desde 1958 resistió destinar regalías a la Ciudad Universitaria de Tucumán—, a cambio de tres diputados del bloque de Unión por la Patria que le permitieron a La Libertad Avanza convertirse en primera minoría en la Cámara baja. El Rectorado del saabismo —la estructura que durante 40 años administró el silencio, el encubrimiento y el saqueo— se queda con 135.000 metros cuadrados de libre disponibilidad y el control de la mentira convertida en verdad judicial.
Maqueta de la Ciudad Universitaria del equipo del Arquitecto Eduardo Sacriste (Archivo de la UNT).
Toda la trama gira alrededor de una frase. Una sola. La que el poder universitario y la dirigencia radical de Tucumán evitaron mostrarle a la sociedad durante dos décadas: el artículo 18, inciso b), de la Ley 14.771.
El texto es claro y no admite interpretaciones amañadas: el 40% de las utilidades líquidas y realizadas de YMAD debe destinarse a la "terminación de la Ciudad Universitaria, de acuerdo a los planos ya aprobados". Y recién "una vez cumplidos los propósitos señalados" puede redistribuirse ese 40% entre la UNT y las demás universidades nacionales.
No dice "hacer obras". No dice "refaccionar edificios". No dice "alcanzar determinada superficie". No dice "construir 135.000 metros cuadrados donde el Consejo Superior decida". Dice terminar una Ciudad Universitaria conforme a planos ya aprobados.
La ley fue diseñada con un propósito concreto. El 18 de diciembre de 1948, el Poder Ejecutivo Nacional expropió tierras en la Sierra de San Javier —18.000 hectáreas según documentó eltucumano.com, equivalentes al tamaño que tenía entonces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— a 36 propietarios particulares, para ejecutar el proyecto de Ciudad Universitaria impulsado por el rector Horacio Descole. El proyecto formó parte del Primer Plan Quinquenal del gobierno de Perón. Los arquitectos Eduardo Sacriste, Jorge Vivanco y Horacio Caminos —tres de los más relevantes de la historia de la disciplina en Argentina, integrantes del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la UNT— diseñaron un campus para 20.000 a 30.000 estudiantes con facultades, residencias, hospital universitario, funicular, estadio y teatro a cielo abierto, distribuido en dos núcleos conectados entre San Javier y Horco Molle. Las obras comenzaron en 1948 y se paralizaron tras el golpe de Estado de 1955: la dictadura autodenominada Revolución Libertadora abandonó el proyecto al considerarlo un "símbolo del peronismo". Pero para entonces ya se habían construido las 33 viviendas de San Javier, el acueducto desde Anfama, el lago artificial, la residencia de 36 viviendas en Horco Molle y un tercio de la residencia de varones —la mole de hormigón que todavía yace inerte en el cerro—. La ejecución fue interrumpida, no el proyecto. En 1958, la Ley 14.771 ordenó terminarlo con las regalías de la minería.
La operación política empezó borrando esa historia del debate público. La investigación de eltucumano.com probó que el diario hegemónico de Tucumán jamás expuso la cláusula completa del artículo 18, reduciendo el mandato legal a una obligación vaga de "invertir en infraestructura", tal como se reconstruyó en "Persiste el delito: la UNT recibirá $3.000 millones de YMAD que deberían destinarse a la Ciudad Universitaria". Así se desancló el 40% de un proyecto concreto —San Javier— para naturalizar que el dinero pudiera usarse en cualquier cosa.
Antes de la falsificación hubo una extorsión. En octubre de 2005, Rodolfo Martín Campero —exrector de la UNT, cofundador de Franja Morada, directivo de YMAD por la universidad— detectó un cambio de titularidad accionaria en Wheaton River Minerals Ltd, socia de Minera Alumbrera, por alrededor de 250 millones de dólares. La operación no había sido comunicada a YMAD, como exige la Ley 25.156. Campero le pidió al abogado Benito Carlos Garzón —asesor de YMAD por la UNT y profesor emérito de la Facultad de Derecho— que redactara una impugnación.
Lo que pasó después lo confesó el propio Garzón en el diario La Gaceta del 12 de diciembre de 2023: "Ya redactada la impugnación a la restitución de capital, antes de firmarla Rodolfo Campero dijo que hablaría con las autoridades de la Minera y se llevó la nota de impugnación". A consecuencia de esa "negociación", según Garzón, Alumbrera se comprometió a liquidar regalías a partir de 2006 en lugar de 2012 o 2014.
La impugnación nunca se presentó. El resultado concreto fue un contrato firmado el 30 de noviembre de 2005 entre Julian Rooney —presidente de Minera Alumbrera— y el rector Mario Marigliano: un millón de dólares como "adelanto de utilidades" encuadrado en el artículo 18. A cambio del silencio sobre una maniobra bursátil de un cuarto de billón de dólares, Campero obtuvo un millón fresco para el rectorado de su correligionario radical.
Ese millón no ingresó a la contabilidad oficial de la UNT. Según surge del expediente 1552/2005 del Consejo Superior, fue a un fideicomiso del Banco Río del que retiraba el dinero el arquitecto Raúl Torres Zuccardi —consejero superior del mariglianismo, designado "veedor" del contrato— junto a Luis "Cacho" Castillo, director general de Administración y expresidente de la Unión Argentina de Rugby. El expediente lleva la firma de José Hugo Saab como secretario general del Rectorado y de Augusto "Hochi" González Navarro como director de Asuntos Jurídicos.
Ese millón debía iniciar la construcción del campus de San Javier. No ocurrió. Se destinó a refacciones dispersas —MUNT, Escuela de Cine y obras menores ya presupuestadas—, como surge de la pericia contable y de los documentos internos analizados en "Testimonio clave ante el Tribunal Oral Federal: Así robaron la Ciudad Universitaria de San Javier a la UNT". Y la secretaria Económico Financiera Lidia Ascárate —hoy diputada nacional de la UCR— informó a la Comisión Especial del Consejo Superior que el primer ingreso de YMAD fue el 8 de agosto de 2006. Omitió un año entero de operaciones. Omitió el millón de dólares.
El fiscal federal Carlos Brito tuvo el expediente 1552/2005 en sus manos desde 2007. Durante 17 años de instrucción, nunca lo incorporó a la causa penal. Nunca citó a Torres Zuccardi. Nunca citó a Castillo. Nunca investigó el fideicomiso del Banco Río. Nunca imputó a Campero. Nunca imputó a Marigliano. En los hechos, esta extorsión es el delito fuente de toda la cadena: sin ella no hay millón de dólares, sin ese millón no hay expediente 1552/2005, sin ese expediente no hay triangulación bancaria, sin esa triangulación no hay financiamiento para fabricar la falsificación que vendría después.
De San Javier al "nuevo concepto": la falsificación en 48 horas
A partir del expediente 1552/2005 y la prueba producida en el juicio oral, eltucumano.com reconstruyó cómo se armó el ardid.
El 27 de junio de 2006, bajo el rectorado de Juan Alberto Cerisola, se le pidió a Mónica Huerta de Labastida, secretaria de Planeamiento, un "plan de obras adecuado a los requerimientos actuales". Dos días después —48 horas para "repensar" una Ciudad Universitaria— Labastida entregó 15 páginas tituladas "Ciudad Universitaria para la UNT en el Siglo XXI": un listado de 93 refacciones, ampliaciones y arreglos sin proyectos ejecutivos, sin memorias técnicas, sin pliegos, sin presupuestos ciertos. Y una frase que funciona como confesión: "Repensar nuestra Ciudad Universitaria no significa contemplar el proyecto de San Javier".
Sabían que el proyecto existía. Sabían que los planos estaban en la planoteca de su propia Secretaría de Planeamiento. Decidieron descartarlo.
Ante el Tribunal Oral Federal, en abril de 2025, Labastida relató las presiones de Campero, Saab y el entorno radical para amputar el proyecto de San Javier y reemplazarlo por esa ficción administrativa. Lo dijo con todas las letras, grabado en video: "El doctor Campero habló con nosotros. Desde YMAD nos presionaban y querían el valor, un monto. YMAD no puede seguir entregando plata si no hay un tope". Y agregó lo que equivale a una confesión judicial: "Nunca se dijo que se terminó la Ciudad Universitaria; se 'terminó de recibir' el monto considerado". No construyeron la Ciudad Universitaria. Fabricaron un listado para cerrar la obligación legal y quedarse con la plata.
La Ciudad Universitaria dejó de ser un campus. Pasó a ser un rótulo.
Sobre ese desvío se montó la ingeniería jurídica interna. González Navarro, en su dictamen del 6 de junio de 2007, omitió deliberadamente la frase "conforme a los planos ya aprobados" al transcribir el artículo 18 —la primera tergiversación formal del texto legal—. Y redefinió el mandato para habilitar que los fondos de YMAD se destinaran a compra o alquiler de inmuebles, mobiliario de oficinas, equipos de aire acondicionado, calefacción, computación, instalaciones eléctricas, plomería, pintura y gas. Con ese dictamen, la obligación de construir un campus de 100 hectáreas en el cerro se convirtió en licencia para comprar aires acondicionados con plata de la minería.
En marzo de 2008, González Navarro completó el andamiaje: dictaminó que los fondos de YMAD tenían naturaleza "privada" y no debían regirse por la Ley de Obras Públicas ni por la Ley de Administración Financiera, desvinculando los recursos de todo control administrativo nacional. Las resoluciones rectorales 365 y 366 de 2008, dictadas por Cerisola, crearon un "Régimen Especial de Contrataciones con fondos YMAD" con umbrales diez veces superiores a los de la ley y sin exigencia de registro nacional de constructores. Así se instituyó el sistema paralelo que permitió contratar a empresarios afines, inflar costos y administrar los recursos con absoluta discrecionalidad, tal como se expuso en la "Doctrina Hochi". Más de 20 empresarios tucumanos terminaron procesados por sobreprecios en obras financiadas con esos fondos.
El coacheo mediático del caso fue diseccionado en "El coacheo mediático no alcanzó: la pregunta que derrumba la defensa de Cerisola".
El 10 de septiembre de 2007, Campero y Marigliano —ya como directivos de YMAD por la UNT— enviaron una nota formal a Cerisola. Sabían exactamente qué ley estaban violando. La nota lo prueba con sus propias palabras: "El Directorio de la empresa nos ha encomendado solicitarle quiera tener a bien brinde a YMAD la documentación necesaria que permita ponderar la marcha de los trabajos y/o actos conducentes a obras para la construcción de la Ciudad Universitaria, en el marco de los alcances del Artículo 18 inciso b) de la ley 14771". Le pedían documentación sobre el avance de las obras. Cerisola respondió por escrito: "A la fecha no se encuentra concluida la Ciudad Universitaria".
El 24 de octubre de 2007, el Consejo Superior aprobó la Resolución HCS 2136/07, que "tomó conocimiento" del informe de Cerisola sobre el concepto de "Ciudad Universitaria y Avances de Obras". No aprobó ningún proyecto. No certificó ninguna finalización. Solo "tomó conocimiento".
El 27 de diciembre de 2007 —entre Navidad y Año Nuevo— el directorio de YMAD votó el Acta 498. Campero y Marigliano votaron a favor. Los vocales directores de YMAD por Catamarca, Carlos Ernesto Bustamante y Carlos Alberto Colombo, también. El secretario Alberto Salmuni redactó de puño y letra el texto exacto del convenio que Cerisola firmaría seis días después.
Tres meses. En tres meses pasaron de "no está concluida" a "satisfecha". No se construyó nada en ese lapso. Simplemente decidieron mentir.
El 2 de enero de 2008 —en pleno feriado de Año Nuevo—, Cerisola firmó el convenio con YMAD. La UNT declaró que "con los fondos recibidos en esta ocasión se da por satisfecha la obligación de distribuir a favor de dicha universidad el porcentaje del 40% contemplado en el artículo 18, inc. b), de la Ley 14.771", y que en consecuencia "toda suma que en el futuro pudiere percibir la Universidad será calculada aplicando el porcentaje del veinte por ciento (20%) que surge del artículo 18, inciso c)". Desde ese día, la UNT dejó de recibir el 40% para pasar a recibir el 20%. Los fondos pasaron a ser "de libre disponibilidad" del rectorado. La Ciudad Universitaria de San Javier —valuada en más de USD 5.700 millones por el secretario de Obras de la UNT, el arquitecto Sergio Mohamed, y con un daño estimado que supera los USD 8.000 millones— fue declarada "terminada" sin haber colocado un solo ladrillo nuevo en el cerro.
Ese mismo 2 de enero, según surge del expediente, Alicia Bardón presentó una consulta formal al Área de Asuntos Jurídicos sobre la legalidad del cambio de afectación. Días después, el directora de Asuntos Jurídicos "Hochi" González Navarro emitió el Dictamen N° 001/2008, que declaró "culminada" la obra de Ciudad Universitaria y "válido" el convenio que acababa de mutilar la ley. Así nació la "Doctrina Hochi": el andamiaje jurídico-falso que convirtió dinero público con destino específico en caja de libre disponibilidad del rectorado.
El 5 de septiembre de 2014, el doctor Florencio Gilberto Aceñolaza —geólogo de renombre, ex decano de Ciencias Naturales, entonces director de YMAD por la UNT— presentó un informe demoledor de 15 páginas ante el rectorado de Alicia Bardón.
El Informe Aceñolaza fue categórico: la resolución que declaró cumplidos los incisos b) y c) del artículo 18 "no se fundó en la ley", porque los fondos fueron aplicados a fines ajenos al proyecto de San Javier. Documentó que el convenio de 2008 era nulo de nulidad absoluta, que la pérdida patrimonial para la UNT superaba los 100 millones de dólares —a valores de 2014— y que otros 500 millones nunca habían sido aclarados.
Bardón archivó el informe. No lo derivó a la Justicia. No instruyó sumario. No comunicó nada al Consejo Superior. El documento quedó sepultado hasta que eltucumano.com lo puso en escena.
Ante el Tribunal Oral Federal, otros testimonios convergieron en la misma dirección. El ex decano de Arquitectura, Pablo Holgado, declaró: "La ley 14.771 decía taxativamente en qué gastarse: la Ciudad Universitaria en San Javier. Cambiaron el destino: esto tiñó todo de ilegalidad". El ex decano de Ciencias Económicas, José Luis Jiménez, afirmó que "la resolución rectoral causó un daño patrimonial colectivo de gran significación" —en 2016 había pedido juicio académico a Cerisola por el fraude YMAD; Cerisola renunció al día siguiente—. Cerisola, por su parte, responsabilizó a Campero y a Marigliano ante el TOF: "La resolución la tomó YMAD, la propusieron los ex Rectores. Es decir, la propusieron Campero y Marigliano y la tomó YMAD. No la tomé yo". Pero ni Campero ni Marigliano fueron juzgados. El Tribunal no los convocó. La fiscalía no los imputó.
El fiscal federal Carlos Brito tuvo la causa en sus manos desde 2007. En sus propios escritos reconoció que "no se había satisfecho la finalidad que oportunamente motivó la remisión de fondos por parte del YMAD a la UNT, que consistía en la finalización de las obras de la Ciudad Universitaria". El fiscal admitió que la Ciudad Universitaria no fue construida. Admitió que los fondos fueron desviados. Y eligió no investigar a los responsables del fraude madre.
Durante 17 años, Brito focalizó su investigación en sobreprecios de obras menores —aproximadamente 8 millones de dólares— y colocaciones financieras irregulares. Lo que nunca investigó: la falsificación del Acta 498, el contrato Marigliano-Rooney, el expediente 1552/2005 con firma de Saab, la extorsión de Campero a Alumbrera, los dictámenes fraudulentos de González Navarro, la triangulación fiduciaria del Banco Río, el destino de los cientos de millones de dólares desviados entre 2006 y 2014. Se jubiló sin haber tocado el corazón de la maniobra.
El Tribunal Oral Federal —integrado por los jueces Abelardo Jorge Basbús, Ana Carina Farías (del TOF de Santiago del Estero) y Enrique Lilljedahl (TOF de Catamarca)— condenó a Cerisola en agosto de 2025 a 3 años y 6 meses de prisión en suspenso, inhabilitación para ejercer cargos públicos y reparación económica a la Universidad, por incumplimiento de funcionario público y coautoría de defraudación. Pero lo condenó por el delito menor —la malversación—, no por la falsificación del artículo 18. Dejó fuera del juzgamiento el fraude madre: la mutación del objeto legal, la falsedad ideológica del Acta 498, la redefinición retroactiva de la Ciudad Universitaria. No investigó a Campero. No investigó a Marigliano. No cuantificó el daño patrimonial total. Cerisola no pisará la cárcel.
La pieza más sofisticada del encubrimiento fue la maniobra de la representación procesal de la UNT. La universidad se presentó como acusadora en la causa penal. Pero su actuación operó en la práctica como defensa encubierta de los imputados. Primero la representó Diego Lamoglia, recomendado por González Navarro. Luego Rodolfo Tercero Burgos —contratado por Saab en 2019, del que no se conoce actuación alguna y que en diciembre de 2024 fue condenado a cinco años de prisión por violar a su hija de tres años; la UNT lo revocó recién cuando la condena se hizo pública—. Finalmente Esperguin —reemplazante de Burgos en la querella— , fue quien en 2025 presentó ante el TOF la pieza decisiva.
En paralelo, el Consejo Superior encubrió la maniobra en una sesión secreta en 2017 mediante el pacto Saab-Seguí, según documentó eltucumano.com. El mismo órgano de gobierno que debía fiscalizar el cumplimiento de la ley votó la continuidad del silencio institucional.
En mayo de 2023, eltucumano.com localizó en la planoteca de la UNT los 2.783 planos del proyecto original de Ciudad Universitaria y los puso en escena.
No eran bosquejos ni ideas sueltas. Eran desarrollos técnicos extensos de un campus de 100 hectáreas en San Javier, con facultades, residencias, hospital universitario, funicular e infraestructura integral diseñada por Sacriste, Caminos y Vivanco. El proyecto tuvo construcciones efectivamente realizadas en el cerro —las 33 viviendas de San Javier, el acueducto, la residencia de Horco Molle, el funicular—, lo que prueba que no era fantasía sino ejecución interrumpida por un golpe de Estado. Los planos estaban custodiados en el propio Rectorado, bajo las narices de los funcionarios que durante dos décadas declararon su inexistencia. En junio de 2024, ante el TOF, Cerisola declaró que Saab le dijo "esos no son los planos".
Frente a ese volumen documental, la respuesta institucional fue fabricar una negación con sello académico. En 2025, el rectorado abrió el expediente EXP-DGME-276/2025 —veinte años después de los hechos, con el TOF a punto de dictar sentencia— y encargó un informe a la arquitecta Olga Paterlini de Koch. Su informe, elaborado junto a Daniela Moreno y Walter Soria, revisó más de 2.600 láminas de documentación técnica y concluyó que los planos eran apenas "directrices, sin llegar a la conclusión de un diseño acabado y concreto". La Resolución HCS 4336/25 tomó conocimiento del informe por unanimidad.
Ese informe fue presentado ante el Tribunal Oral Federal no por la fiscalía, sino por la propia representación procesal de la UNT —a través de Esperguin—, operando como elemento de descargo que facilitó la absolución de los imputados principales. En los hechos, la institución que se presentó como acusadora fabricó la prueba que exoneró a sus victimarios. La prueba fue introducida como acto de parte acusadora. El Tribunal la valoró para cerrar el caso. Todo con apariencia de legalidad.
Este es el mecanismo que eltucumano.com denomina "la demencia fingida". El efecto jurídico es devastador: San Javier desaparece como objeto legal, los planos se degradan a curiosidad histórica, la obligación se convierte en una equivalencia maleable que el Consejo Superior puede rellenar con lo que quiera. Donde la ley dice "conforme a los planos ya aprobados", el acuerdo homologado dice "135.000 metros cuadrados donde el Consejo Superior decida".
El artículo 18 dice "planos ya aprobados". El acuerdo dice "135.000 m²". Esa conversión del mandato legal en equivalencia de metros cuadrados es el robo.
El 15 de diciembre de 2025, el rector Sergio Pagani y el gobernador de Catamarca Raúl Jalil firmaron dos instrumentos. El primero: un acuerdo conciliatorio entre la UNT y YMAD para poner fin al juicio tramitado ante la Justicia Federal de Catamarca por la nulidad del acto administrativo vinculado al convenio de 2008, restablecer formalmente el 40% de las utilidades para la UNT, validar el "Acta Interpretativa del artículo 18" —firmada por Pagani y Jalil en junio de 2024 y aprobada por unanimidad del Consejo Superior— y fijar que el crédito destinado a la Ciudad Universitaria será el equivalente a 135.000 metros cuadrados de construcción. Una vez alcanzada esa superficie —en cualquier lugar, sin relación alguna con San Javier—, se retomará la distribución de 60% para Catamarca, 20% para la UNT y 20% para las demás universidades nacionales. Además, la UNT constituirá un fondo de garantía del 8% de sus utilidades a satisfacción de YMAD y se dejan de lado todos los reclamos pendientes por distribución de utilidades devengadas o a devengarse. El segundo instrumento: un convenio entre el Gobierno Nacional, Catamarca y la UNT que sustituye integralmente el histórica Acta de Farallón Negro de 1958. Por este convenio, la Nación se retira de YMAD y la composición queda 60% Catamarca, 40% UNT, con Catamarca eligiendo al presidente del directorio.
El 6 de enero de 2026, el gobierno de Javier Milei formalizó la salida del Estado Nacional de la conducción y administración de YMAD mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Catamarca —la provincia que desde 1958 resistió destinar regalías al campus de San Javier— asumió el control operativo de la empresa minera. Según documentó eltucumano.com, el gobernador Jalil facilitó la salida de tres diputados del bloque de Unión por la Patria —Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega— que le permitieron a La Libertad Avanza convertirse en primera minoría en la Cámara baja. Fernando Jalil —hijo del gobernador— fue designado presidente de YMAD en un segundo mandato.
Ese mismo 6 de enero, las partes presentaron el acuerdo conciliatorio ante el Juzgado Federal N°2 de Catamarca y solicitaron su homologación en los términos del artículo 309 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Acompañaron la resolución del Consejo Superior de la UNT, la Ley 5.932 de Catamarca, el Decreto 1.720, el Acta Interpretativa del artículo 18 y el Acuerdo modificatorio del Acta de Farallón Negro. El juez Guillermo Andrés Díaz Martínez verificó que la demanda de la UNT sostenía que el convenio de 2008 era un acto suscripto por autoridad incompetente y sobre la base de antecedentes falsos. Agregó en su resolución que "las partes dejan expresamente asentada la asunción de responsabilidad —y una cláusula de indemnidad— ante reclamos de ese origen". Concluyó que "la conciliación celebrada por las partes, al no vulnerar el orden público, es susceptible de homologación judicial". Homologó el acuerdo. Declaró concluido el proceso. El acuerdo adquirió carácter de cosa juzgada.
La homologación no repara el recorrido que documentó eltucumano.com. Lo consolida. La secuencia completa es esta:
Se desvió el dinero destinado a San Javier —empezando por el millón de dólares de 2005 que desapareció de los balances a través de un fideicomiso del Banco Río—. Se inventó un "nuevo concepto" fabricado en 48 horas bajo presión de Campero, Saab y el entorno radical. Se armó un andamiaje jurídico-falso —la Doctrina Hochi— para convertir fondos públicos con destino específico en caja de libre disponibilidad. Se declaró terminado un proyecto que el propio rector admitía tres meses antes como inconcluso. Se renunció a la mitad del 40%, resignando cientos de millones de dólares que la ley destinaba a San Javier. El fiscal Brito encubrió durante 17 años el fraude madre. La representación procesal de la UNT —Lamoglia, Burgos, Esperguin— fabricó y presentó ante el TOF la prueba que exoneró a los responsables. El Consejo Superior encubrió la maniobra en 2017 mediante el pacto Saab-Seguí. El TOF condenó al ejecutor menor y dejó fuera del juzgamiento a los autores intelectuales. Y ahora un juez de Catamarca sella un acuerdo que toma esa simulación de siete décadas como punto de partida legítimo.
El cambio de objeto es la clave de bóveda. La ley exige terminar la Ciudad Universitaria conforme a planos aprobados en San Javier. La maniobra reemplazó ese proyecto por un listado de refacciones, aires acondicionados y plomería. El acuerdo homologado transforma esa sustitución en base válida de conciliación y la rebautiza "135.000 metros cuadrados". Cuando el Poder Judicial convierte esa mutación en cosa juzgada, no está cerrando un conflicto administrativo: está blindando la arquitectura completa de una estafa que permitió el desvío de miles de millones de dólares destinados al campus que Descole soñó, que Perón expropió, que la Ley 14.771 ordenó terminar, que Sacriste diseñó y que el saabismo enterró.
Fingir demencia frente al texto del artículo 18 fue el método. Reducir la Ciudad Universitaria a un concepto flexible —un rótulo que podía significar cualquier cosa, desde un campus de 100 hectáreas hasta 135.000 metros cuadrados de refacciones dispersas— fue la herramienta. Convertir la sustitución en cosa juzgada fue la coronación.
La homologación de Díaz Martínez no inaugura el problema. Lo consagra. Y encastra, como última pieza, en la misma trama que ya quedó expuesta en el Informe Aceñolaza, en el testimonio de Labastida, en la confesión de Cerisola ante el Tribunal, en el pacto Saab-Seguí, en la Doctrina Hochi, en la condena simbólica de Cerisola y en cada crónica del juicio por el robo de la Ciudad Universitaria publicada por este medio.
La montaña de San Javier guarda los cimientos que nunca se excavaron. Los 2.783 planos guardan el proyecto que nunca se construyó. El artículo 18 guarda la orden que nadie cumplió. Abel Peirano —el tucumano que cedió los derechos de explotación del yacimiento de Farallón Negro pensando en una universidad a la altura de las europeas— guarda un legado traicionado. Y un juez de Catamarca acaba de guardar, bajo llave de cosa juzgada, la impunidad de quienes lo saquearon.