En una entrevista con Tendencia de Noticias –uno de los medios que controla junto con La Gaceta, Contexto y Enterate Noticias–, el diputado nacional admitió su malestar con el Gobernador por desplazar a La Bancaria del manejo de la Caja Popular. También fustigó a Miguel Terraf y Mario Leito por una investigación del Tribunal de Cuentas contra la CPA durante su mando. Sus enardecidas declaraciones se dan bajo la sombra de una ofensiva judicial que busca su detención y desafuero por asociación ilícita y trata de personas en el marco de la causa Vélez.
Carlos Cisneros apuntó contra todos en un streaming.-
El diputado nacional, referente de la Asociación Bancaria y magnate de medios de Tucumán, Carlos Cisneros, brindó una entrevista exclusiva a Fernando Stanich y José Romero Silva de Tendencia de Noticias –uno de los medios que controla junto con La Gaceta, Contexto y Enterate Noticias–, donde expresó por primera vez su fastidio por la salida de José Díaz y Darío Amatti de la Caja Popular de Ahorros, una decisión tomada en enero por el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo. Este descargo político ocurre en un contexto crítico para Cisneros, quien enfrenta un "doble cerco judicial" con pedidos de detención y desafuero en los fueros federal y provincial en el marco de la causa Vélez.
En su charla con los periodistas, Cisneros fue tajante al referirse a la remoción de la cúpula de la CPA que se encontraba copada por La Bancaria, a la cual conduce: “Si vos me preguntás si estoy molesto con Jaldo… sí, me duele y me molesta”. Si bien reconoció que el mandatario tiene la facultad de poner y sacar funcionarios, vinculó su actual bronca a la "indiferencia" del GobiernoProvincial ante lo que Cisneros calificó como una "represión brutal" que sufrieron trabajadores bancarios en Concepción a manos del Grupo Cero durante una protesta en diciembre. Según el diputado, incluso la secretaria general, Cecilia Sánchez Blas, fue "patoteada" en dicho operativo.
Captura de la entrevista con Tendencia de Noticias.-
El magnate de medios no solo tuvo reproches contra el gobernador de la Provicnia,sino que también apuntó sus críticas hacia el Tribunal de Cuentas (TC), calificándolo de “mamarracho”. Cisneros aseguró que existe una persecución personal de su presidente, Miguel Terraf, contra el exinterventor Díaz debido a sanciones aplicadas a un familiar del jefe del TC. El sindicalista tildó de “burros” e “inútiles” a los integrantes del organismo, afirmando que sus miembros "presionan, persiguen y extorsionan".
En la misma línea, apuntó contra el legislador y presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, a quien llamó "alcahuete" por supuestamente "alertar al Ejecutivo" sobre el manejo del Fondo Provincial del Deporte para que los clubes pudieran “pellizcar unos mangos más”. Cisneros defendió la legalidad de lo actuado por la Caja, señalando que la ley de juegos es del 2003 y que todos los interventores desde entonces, incluido el propio Jaldo, la aplicaron bajo el mismo criterio que ahora el TC cuestiona.
Captura de la entrevista con Tendencia de Noticias.-
En otro tramo de la entrevista, Cisneros dejó expuesto el manejo que tenía sobre la Caja Popular de Ahorros al responder sobre las sanciones que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hizo contra la CPA por operaciones irregulares. El diputado kirchnerista las minimizó como una “pelea que viene desde hace 50 años”. Explicó que se pagó una multa para regularizar la situación y que se trabaja con el estudio Saravia Frías en un plan de adecuación. Sostuvo que la institución está a “días o semanas” de recibir la autorización para operar como un banco comercial pleno, con billetera virtual y servicios modernos.
“La Caja está en su mejor momento”, afirmó y rechazó las versiones que señalaban un manejo político partidario del organismo. “La Caja no es una unidad básica”, afirmó tras su explicación.
A pesar de su efusiva y virulenta defensa de la gestión en la Caja, la situación legal de Cisneros es sumamente delicada. Actualmente, enfrenta pedidos de detención y desafuero bajo cargos de trata de personas con fines de explotación sexual en la justicia federal, y por asociación ilícita, falso testimonio y estafa procesal en la provincial.
Estas denuncias surgen del giro en la causa Vélez, donde la justicia determinó que la denuncia de abuso sexual contra cuatro futbolistas fue una "cama extorsiva" armada desde una o"rganización criminal" que sería liderada por el sindicalista bancario.
Pruebas forenses UFED sugieren que Cisneros habría financiado la operación, comprado celulares para destruir evidencia y que la supuesta víctima, Lourdes Parache, se declaró “prisionera” de órdenes que debía cumplir “sin preguntar ni chistar”.